MADRID, 11 Ago. (EUROPA PRESS) –
La organización Amnistía Internacional (AI) ha instado este viernes al Gobierno ecuatoriano a «salvaguardar los Derechos Humanos» ante la violencia que sufre el país de cara a las elecciones previstas para el 20 de agosto y que ha llevado al asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio a manos de hombres armados.
La directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas, ha indicado en un comunicado que la ONG está «sumamente preocupada por la actual situación de violencia en Ecuador, que se enfrenta a un fuerte aumento en su tasa de homicidios, así como a una serie de asesinatos de personas candidatas a cargos públicos en las últimas semanas».
Esto, ha manifestado, ha culminado en el «asesinato de Fernando Villavicencio anoche, aparentemente por motivos políticos». «Las víctimas de la actual oleada de violencia política merecen verdad, justicia y reparación, y las autoridades deben tomar medidas céleres para investigar estos crímenes», ha puntualizado.
Al mismo tiempo, Guevara ha hecho hincapié en que «el estado de excepción declarado en respuesta a estos sucesos no debe abrir la puerta a graves violaciones de los Derechos Humanos, que podrían socavar la seguridad de toda la población de Ecuador».
En los últimos meses, Ecuador se ha enfrentado a una crisis de inseguridad, concentrada principalmente en las zonas costeras cercanas a las ciudades de Guayaquil y Esmeraldas y vinculada a actividades de la delincuencia organizada. El 3 de mayo, el presidente, Guillermo Lasso, emitió un decreto que permitía el despliegue de fuerzas armadas en todo el territorio nacional «para reprimir la amenaza terrorista» en el país, sin poner ningún límite temporal a esta orden.
Según la ONG, esto «contraviene las normas internacionales sobre el despliegue de fuerzas armadas para tareas de seguridad pública, que exigen que tales decisiones estén limitadas temporal y geográficamente».
El estado de excepción declarado hoy en respuesta al asesinato de Villavicencio, con una duración de 60 días, es el último en una serie de decretos de excepción del presidente y e implica la suspensión de una serie de derechos, entre ellos el de libre asamblea.
AI ha recordado así a las autoridades ecuatorianas que ciertos derechos «no deben ser nunca objeto de suspensión, conforme al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos».
«El derecho a la vida, la prohibición de la tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes (…) y el reconocimiento de la personalidad jurídica de todas las personas son derechos relevantes en relación con el reciente despliegue de fuerzas armadas en todo el país», recoge el texto.
