MADRID, 5 Dic. (EUROPA PRESS) –
Amnistía Internacional ha denunciado que las políticas y leyes aplicadas en El Salvador para combatir la inseguridad, enmarcadas bajo el paraguas de un estado de excepción, han llevado al país a “una de sus peores crisis” en materia de Derechos Humanos desde el fin de la guerra civil, con “un patrón de abuso sistemático y extendido que afecta principalmente a comunidades marginadas y empobrecidas”.
Así lo asegura la directora para las Américas de Amnistía, Ana Piquer, que resume las conclusiones del informe ‘Detrás del velo de la popularidad: represión y regresión en materia de derechos humanos en El Salvador’, para calificar de “sumamente preocupante” el retroceso vivido en los últimos años en El Salvador, donde coinciden un enfoque de seguridad “altamente represivo” y un “debilitamiento del Estado de Derecho”.
“Lo que estamos presenciando en El Salvador es una repetición trágica de la historia, donde la violencia del Estado está reemplazando gradualmente la violencia de las pandillas, dejando a las mismas comunidades vulnerables atrapadas en un ciclo interminable de abusos y desesperanza”, ha señalado Piquer en un comunicado.
La organización ha realizado tres misiones de investigación y 83 entrevistas para documentar la otra cara del estado de excepción aplicado en El Salvador y constatar que al enfoque represivo en materia de seguridad, que ha derivado en detenciones arbitrarias, se suma un marco legal que pone el riesgo el debido proceso, el uso sistemático de torturas y malos tratos contra detenidos y una progresiva restricción del espacio cívico.
Hasta este pasado mes de octubre, las organizaciones locales tenían registradas más de 73,800 detenciones, 327 casos de desapariciones forzadas y unos 102.000 personas encarceladas, con una situación de hacinamiento del sistema penitenciario que supera el 230 por ciento. Más de 190 reclusos han muerto bajo custodia, añaden.
Todo ello bajo la coordinación de un Gobierno que, según Amnistía, “tiende a ocultar y minimizar estos hechos, negándose a reconocer e investigar diligentemente los abusos”. La organización ha instado a las autoridades salvadoreñas a poner fin a estas prácticas y emprender investigaciones para depurar responsabilidades, así como a acometer reformas que garanticen la plena separación de poderes y los derechos y libertades básicos.
A la comunidad internacional, le ha pedido que se mantenga “firme” para hacer frente a los posibles retrocesos de Derechos Humanos en El Salvador, de tal manera que el país centroamericano acate las recomendaciones emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otros mecanismos especiales de Naciones Unidas.