MADRID, 16 Mar. (EUROPA PRESS) –
La ONG Amnistía Internacional ha apuntado este lunes que el Ejército de Estados Unidos «no tomó las medidas oportunas» para evitar el ataque a la escuela que mató a 168 personas, entre ellas más de cien niños, en Minab, en el sur de Irán, en el marco de la guerra que comenzó hace dos semanas de la mano de Israel.
«Este espantoso ataque contra una escuela, con aulas llenas de niños, es un ejemplo repugnante del precio catastrófico y totalmente predecible que están pagando los civiles durante este conflicto armado», ha denunciado la directora de Investigación de Amnistía, Erika Guevara-Rosas.
Amnistía ha explicado que hasta 2016 el edificio de la escuela Shajare Tayebé formó parte de las instalaciones de la Guardia Revolucionaria de Irán que se encuentran en los alrededores y recuerda cómo el ataque, ocurrido el 28 de febrero, además de al centro, alcanzó a otras doce estructuras de este complejo.
De acuerdo con su propia investigación, Amnistía ha concluido que las fuerzas estadounidenses podrían haber actuado en base a informes de Inteligencia «anticuados» y actuado sin cumplir con sus obligaciones de hacer todo lo posible para verificar que su objetivo era de carácter militar.
«Las escuelas deben ser lugares seguros y de aprendizaje para los niños. En cambio, esta escuela de Minab se convirtió en un lugar de matanza a gran escala», lamenta Guevara-Rosas, quien ha remarcado que Washington «podía y debía haber sabido que se trataba de un edificio escolar».
En ese sentido, la responsable de Amnistía ha advertido de que si Estados Unidos no identificó el edificio como una escuela y procedió con el ataque, «esto indicaría una grosera negligencia» y «un vergonzoso fallo de Inteligencia», así como «una grave violación del Derecho Internacional Humanitario».
Asimismo, si Washington era consciente de que la escuela se encontraba junto al complejo de la Guardia Revolucionaria y atacó sin tomar todas las precauciones posibles, «esto equivaldría a lanzar de forma imprudente un ataque indiscriminado» que ha de investigarse como un «crimen de guerra», señala la directora de Amnistía.
Por todo ello, la ONG ha reclamado a las autoridades estadounidenses una investigación transparente e independiente, en la que se tenga en cuenta cómo se desarrolló esa operación, incidiendo en que los resultados de la misma han hacerse públicos y en caso de que haya pruebas concluyentes, enjuiciar a los responsables. «Las víctimas y sus familias tienen derecho a la verdad», ha subrayado.
No obstante, Amnistía también ha reprochado a las autoridades iraníes la cercanía con la que aparentemente conviven instalaciones militares con centros civiles y les ha instado a retirar a la población de las inmediaciones de aquellos lugares susceptibles de ser bombardeados.
Asimismo, ha afeado también a Irán la supuesta «explotación» del sufrimiento de las víctimas, sus familiares y de los supervivientes con fines propagandísticos.
MÁS DETALLES DEL ATAQUE
Amnistía ha tenido acceso a material audiovisual y a fuentes sobre el terreno, así como a informes de los medios de comunicación, que atestiguan que se utilizó un misil Tomahawk, de fabricación estadounidense, que, como remarca, se trata de un proyectil «utilizado de manera exclusiva» por el Ejército de Estados Unidos.
«La escuela fue atacada de forma selectiva como parte de un ataque contra otras doce estructuras del complejo adyacente de la Guardia Revolucionaria de Irán, lo que suscita serias preocupaciones de que pudiera haber sido blanco del ataque basándose en información de inteligencia desactualizada», incide la organización.
Amnistía ha puesto de relieve los riesgos que trae consigo el uso de la Inteligencia Artificial en estos ataques, una práctica confirmada por las propias autoridades militares estadounidenses como una manera de procesar grandes cantidades de datos relacionados con las operaciones.
Para concluir, la organización censura esta «aparente dependencia de información desactualizada» de Estados Unidos, a quien, debido a los medios y la tecnología que maneja, se le presupone la capacidad necesaria para recabar y verificar que el edificio de la escuela dejó hace mucho tiempo de ser parte de instalaciones militares, tal y como pudieron confirmar los medios de comunicación tras el ataque.