Inforegión.- Después de llegar a Lima y sostener reuniones con autoridades del Estado, líderes y lideresas indígenas de siete federaciones que integran la Organización Regional de Pueblos Indígenas del Oriente (ORPIO) lograron que el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) se comprometa a implementar una serie de acciones para atender sus demandas en la protección de los territorios indígenas en la cuenca del río Putumayo, en Loreto.
El principal acuerdo asumido por el Serfor fue la formulación de una nueva propuesta normativa, en coordinación con el Sernanp, que permitirá establecer la creación del Área de Conservación Regional (ACR) Medio Putumayo Algodón. Esta zona, de alto valor ecológico, fue impulsada por las propias comunidades indígenas y llegó a su etapa final en octubre de 2024, cuando fue publicada como proyecto de decreto supremo. Sin embargo, desde entonces, el proceso se encontraba paralizado sin respuesta oficial.
Es importante también recordar que el pasado 14 de mayo, los líderes denunciaron mediante un pronunciamiento que el Serfor estaba frenando el reconocimiento legal del ACR, argumentando una superposición con ecosistemas frágiles. Ante ello, los dirigentes anunciaron su viaje a Lima para exigir soluciones y avanzar en la creación de esta área clave para la conservación del bosque y el respeto a sus derechos territoriales.
Además, se espera que esta norma permita también continuar con el proceso de creación de la Reserva Comunal Bajo Putumayo Yaguas y el ACR Ere Campuya, otras propuestas de conservación respaldadas por las federaciones indígenas y que aún se encuentran en etapa técnica.
Otros compromisos asumidos por el Serfor
Durante el encuentro, el Serfor anunció otras medidas como la creación de una Dirección de Manejo Forestal Comunitario, que tendrá a su cargo la atención especializada a comunidades nativas y campesinas en el manejo sostenible de sus bosques. Esta nueva dirección busca fortalecer la gestión desde los territorios, con participación directa de las organizaciones indígenas.
Otro compromiso fue el inicio del proceso para emitir un Decreto Supremo sectorial que habilite al Serfor a atender otras iniciativas de conservación impulsadas por pueblos indígenas, en zonas vulnerables y con alta presión sobre los recursos naturales.

Un conflicto que empezó con una derogatoria
El encuentro entre Serfor y Orpio fue el resultado de una semana de presión ejercida por los líderes y lideresas del Putumayo, quienes llegaron a Lima el 2 de junio para exigir la reversión de una decisión que, según señalaron, ponía en riesgo la protección efectiva de sus territorios, actualmente amenazados por actividades como la tala ilegal, la minería ilegal y el tráfico de tierras, entre otras.
Todo comenzó el pasado 28 de abril, cuando este medio alertó que el Serfor derogó la tercera disposición complementaria de los Lineamientos para la Identificación de Ecosistemas Frágiles. Esta norma permitía crear áreas naturales protegidas, como las ACR o Reservas Comunales, incluso si se superponían con ecosistemas frágiles reconocidos.
La eliminación de esa herramienta normativa, sin consulta previa, dejó en el limbo a doce propuestas de ACR en siete regiones: Loreto, Pasco, Tacna, Huánuco, Junín, Ucayali y Amazonas. También generó un rechazo inmediato por parte de 24 gobiernos regionales y una fuerte reacción del movimiento indígena amazónico.

Reuniones con otros sectores del Estado para exigir justicia territorial
Durante su estadía en Lima, los representantes de las federaciones OISPE, FIKIMMEP, FECONAFROPU, OIMPRA, FIKAPIR, FECOIBAP y OCIBPRY, bases de ORPIO, también sostuvieron reuniones con otros sectores del Estado, como el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp).
Con el Midagri exigieron una reforma profunda al Proyecto Especial Binacional de Desarrollo Integral de la Cuenca del Río Putumayo (PEBDICP), pues las comunidades no reciben los beneficios ni la asistencia prometidos. Pidieron un enfoque que priorice resultados concretos y trabajo conjunto con las federaciones indígenas.
Con el Ministerio de Relaciones Exteriores, demandaron revisar y fortalecer el rol del Consejo Nacional de Desarrollo de Fronteras e Integración Fronteriza (Conadif) y la Comisión Binacional Fronteriza (Combifron), exigiendo participación directa para asegurar una presencia estatal real en las comunidades fronterizas.