SATIPO. Durante el Festival Nacional del Cacao Nativo Pangoa – Vraem, realizado en Satipo, varios congresistas se pronunciaron sobre la reciente denuncia penal presentada contra el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén; el ministro del Ambiente, Juan Carlos Castro; y el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Ángel Manero. La denuncia los señala como presuntos responsables de los incendios forestales que han afectado a diversas regiones del país.
La congresista Maria Taipe Coronado, quien se encontraba en la zona recogiendo información para un proyecto de Ley Agraria, lamentó la situación que se viene repitiendo año tras año. Señaló que desde el Ministerio de Ambiente y las regiones no se observan resultados en cuanto a las capacitaciones que deberían realizarse para prevenir estos incidentes.
Por su parte, el congresista Ilich López, quien preside la Comisión de Economía, afirmó que la denuncia debe seguir su curso. «Tiene que seguir la denuncia, tiene que seguir esa denuncia», reiteró López.
Pronunciamiento de Salhuana
El presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, también se refirió al tema durante su participación en el evento. Salhuana declaró: «Bueno, toda denuncia va al Ministerio Público. El Ministerio Público, entidad constitucionalmente autónoma, investigará y si hay responsabilidad el Poder Judicial sancionará o absolverá».
Salhuana agregó que, más allá de las denuncias, es crucial enfocarse en la prevención. Destacó la necesidad de proporcionar más recursos a las Fuerzas Armadas y a los bomberos para mejorar su capacidad de respuesta. También mencionó la importancia de fortalecer la logística y realizar un trabajo de prevención a través de los Ministerios de Agricultura y Ambiente.
Denuncia
La denuncia, presentada por la investigadora Lucila Pautrat, acusa al presidente de la PCM, a los ministros de Ambiente y de Desarrollo Agrario y Riego, así como a la directora ejecutiva del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), de cuatro delitos relacionados con la deforestación y los incendios forestales.
Entre los delitos imputados se incluyen la omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales, el otorgamiento ilegal de derechos, el otorgamiento ilegítimo de derechos sobre inmuebles, y el avocamiento ilegal de proceso en trámite. La denuncia alega que estos funcionarios permitieron la implementación de normativas que favorecieron la invasión y explotación ilegal de tierras forestales.