Pueblos indígenas de Perú presentan propuestas sobre protección a defensores y defensoras ambientales a nivel internacional para ser incorporadas en el Acuerdo de Escazú

por Edgar Mandujano
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Tomando en cuenta que Perú se encuentra entre los diez países más peligrosos para los defensores ambientales y buscando incidir en la participación activa de los pueblos indígenas en los procesos vinculados al Acuerdo de Escazú, representantes de organizaciones indígenas de Perú, con el apoyo técnico de DAR, participaron en el Segundo Foro Anual sobre Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos en Asuntos Ambientales de América Latina y el Caribe, realizado en la ciudad de Panamá.

En ese marco, la organización indígena nacional, la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) junto a sus bases regionales, la Coordinadora Regional de los Pueblos Indígenas de San Lorenzo (Corpi-SL), la Organización Regional Aidesep Ucayali (Orau), el Consejo Machiguenga del Río Urubamba (Comaru), la Organización Regional de los Pueblos Indígenas del Oriente (Orpio) y la Central Asháninka del Río Ene (CARE), hicieron escuchar sus propuestas durante el desarrollo del foro y sostuvieron reuniones con diversos tomadores de decisión vinculados al Acuerdo de Escazú. Asimismo, dieron a conocer la situación y contexto preocupante de criminalización en el que viven las defensoras y los defensores ambientales en Perú.

Miguel Guimaraes, vicepresidente de Aidesep, sostuvo: “Para nosotros es preocupante que sean más de 30 defensores ambientales que perdieron la vida. En mi país se reconoce a los que deforestan y a nosotros, los pueblos indígenas quienes defendemos nuestros bosques, nos amenazan, nos hostigan y finalmente nos asesinan […] No tenemos representatividad, si estoy aquí presente es porque una organización aliada nos apoya, no porque hayamos sido invitados […] Se le reconoce al científico, pero no se le reconoce al hermano que todos los días está luchando por defender el territorio”.

Del mismo modo, Elaine Shajian, presidenta de Corpi-SL, indicó: “Vengo a traer la voz de las comunidades del Perú profundo, nosotros vivimos en un estado de desprotección, la ley, la normativa, todo existe claro en el papel; pero, ¿quién y cómo se implementa? Por ello, yo creo que debemos buscar un mecanismo efectivo que permita cumplir con la protección de los defensores. En ese contexto, quiero también agradecer a cada líder y lideresa que en este momento continúan con defender sus territorios pese a que están siendo amenazados, criminalizados, denunciados y perseguidos. Debemos luchar a nivel Latinoamérica para proteger a los defensores”.

El Segundo Foro Anual contó con sesiones preparatorias desde el público el primer día y dos fechas de sesiones en las que se discutieron temas en torno a la ratificación e implementación del Acuerdo de Escazú, y se realizaron trabajos grupales para incluir propuestas dentro del Plan de Acción sobre defensoras y defensores de derechos humanos en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe. Es así que los representantes de los pueblos indígenas de Perú incluyeron sus propuestas dentro de los cuatro ejes que conforman el plan: Conocimiento, Reconocimiento, Fortalecimiento de capacidades y cooperación, y Apoyo a la implementación.

Sus propuestas se basaron principalmente en que se incluya los saberes, información y conocimientos territoriales en el diagnóstico regional sobre la situación de las y los defensores que se va realizar como parte del Eje de Conocimiento. En el Eje de Reconocimiento, que se identifiquen las iniciativas de autoprotección  de los pueblos indígenas. En el Eje de Fortalecimiento de Capacidades y Cooperación, que se creen mecanismos regionales como un fondo para las y los defensores y un sistema de alerta temprano regional para prevenir ataques. En el Eje de Implementación, que haya un mecanismo de participación, comunicación y diálogo con los y las defensoras indígenas dentro del Acuerdo, y que ese mecanismo se articule con el grupo de trabajo ad hoc de personas defensores ambientales y con el Comité de Apoyo a la Implementación y Cumplimiento para mejorar sus funciones.

A su turno, Jamer López, presidente de ORAU, mencionó: “Los defensores territoriales, ambientales, de derechos humanos, cual sea el concepto que sea, no buscamos reconocimiento del Estado; lo que nosotros queremos es que respeten nuestros territorios, respeten los derechos humanos establecidos no solamente por las Naciones Unidas sino también por nuestros países y en ese marco, ¿qué hacemos respecto a ese punto? Es importante que en este foro resaltemos que los países deben apoyar iniciativas propias de comunidades porque sabemos que el Estado no va a poder hacer presencia, rápido, en los territorios indígenas, en el bosque, en la Amazonía. Es importante por eso que todas estas iniciativas sean apoyadas”.

De igual manera, Agilio Semperi, presidente de Comaru, resaltó la importancia de la participación indígena en todos los procesos vinculados al Acuerdo de Escazú: “Nosotros como pueblos indígenas hemos venido a presentar nuestras propuestas y a solicitar que tengamos una representación en el Acuerdo de Escazú, nosotros somos los que siempre vamos a respetar y proteger nuestro territorio, por eso debemos ser incluídos”.

En la misma línea, Saúl Vega, vicepresidente de CARE, enfatizó: “Es importante que los líderes y lideresas sean reconocidos ya que son quienes se encargan de proteger el territorio”. Asimismo, Beltrán Sandy, presidente de Orpio, pidió que “los pueblos indígenas tienen que ser escuchados y considerados, los conocimientos indígenas deben ser respetados y también se debe fortalecer la protección de defensores ambientales que viven amenazados y expuestos a tantos peligros”.

De acuerdo a la información de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe  (CEPAL), el Segundo Foro Anual buscó reflexionar y sensibilizar sobre la situación y riesgos que enfrentan las personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales de América Latina y el Caribe, así como discutir las propuestas desde sociedad civil al plan de acción regional sobre la temática que viene siendo liderado por el grupo de trabajo ad hoc liderado por los países Chile, Ecuador y San Cristóbal y Nieves.

Este espacio responde a un acuerdo tomado de la primera Conferencia de las Partes de Escazú, que se llevó a cabo en el 2022 en la ciudad de Quito, Ecuador. La participación de los representantes de las organizaciones indígenas fue posible gracias al apoyo técnico y acompañamiento de aliados como Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) -a través del proyecto Amazonía Indígena: Derechos y Recursos apoyado por la Agencia de los Estados Unidos por el Desarrollo Internacional (USAID)-, Defensores LAC, Freedom House y Publish What You Pay (PWYP).

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