En una muestra de indignación y clamor por justicia ambiental, un nutrido grupo de ciudadanos afectados por metales tóxicos se congregaron frente a la sede del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) para exigir acciones concretas que protejan su salud y la de sus comunidades. Con atuendos simbólicos y pancartas, expresaron su malestar y exigieron medidas urgentes por parte de las autoridades competentes.
Esta movilización, que fue promovida por la Plataforma Nacional de Afectados y Afectadas por Metales, Metaloides y otras sustancias químicas tóxicas, tuvo como propósito principal visibilizar las consecuencias de vivir en territorios afectados debido a que hay más de 10 millones de peruanos expuestos a contaminación con metales pesados y 43 provincias en situación de emergencia ambiental. También pidieron a los directivos del OEFA que asistan al Congreso Nacional que realizarán en Lima los días 12 y 13 de abril para que brinden un reporte de las acciones que están ejecutando.
Elsa Benavente, subsecretaria de la Plataforma Nacional, que representa a 15 regiones del Perú, mencionó que esta movilización se debe a que existe un informe del ministerio de Salud del año 2020, el cual contiene información relevante pero que la OEFA no ha tomado en cuenta.
“En ese estudio se indica que hay más de 10 millones de personas expuestas a metales, metaloides y otras sustancias químicas a nivel nacional, ya sea por el producto que están consumiendo, por el agua contaminada con arsénico, plomo y otras sustancias a nivel del aire o a nivel del suelo. Es un documento público y no se ha hecho nada hasta ahora. Nuestra vida vale tanto como la vida del presidente de la OEFA”, recalcó.
Por su parte, Paulina Valdiviezo, representante de la Plataforma Nacional exigió que el OEFA evalúe las zonas que están concesionadas. “Siempre hemos pedido no más expansión minera, porque eso nos mata a todos, niños, jóvenes, adultos, nos contamina. Todas las regiones que estamos acá tenemos metales pesados en la sangre, tenemos arsénico, tenemos de todo. Nosotros estamos en pie de lucha, no nos vamos a callar. Las minas, las empresas transnacionales siguen invadiendo y dañando nuestros pueblos”.
En tanto, Félix Suasaca Suasaca, secretario general de la Plataforma Nacional, dijo que “Hemos venido a la puerta de la OEFA, porque a nivel nacional no ha fiscalizado a la gran minera transnacional. Han contaminado ríos, han contaminado lagos, han matado fauna y esa contaminación ha llegado a las personas. Hasta el momento no hay ni una zona sancionada.
La demanda principal que tiene la plataforma es justamente la remediación ambiental y la atención a su salud y el OEFA es uno de los principales entes o instancias encargadas de hacer que las empresas contaminadoras cumplan con sus funciones, para que dejen de contaminar y si contaminan, que reparen los daños.
“Las personas llevan décadas exigiendo reparación, teniendo en cuenta que muchas personas han muerto tal como pasó en Choropamba hace 20 años, y otras han quedado con lesiones graves que han truncado su vida. ¿Dónde está la reparación a todo ese daño a la salud, al proyecto de vida? Hasta ahorita no lo hay, porque las empresas no asumen esos daños. Lo que tienen que ejecutar es la implementación a nivel nacional y local del Plan Especial Multisectorial de atención a personas expuestas a metales tóxicos o metales pesados. En cada región tiene que haber planes de atención, pero los propios funcionarios ni conocen que hay uno”, puntualizó BeatrizCortés, Coordinadora de la mesa técnica de Salud Ambiental y Humana.
Otras zonas impactadas por la contaminación de metales tóxicos son la ciudad de Cerro de Pasco, cuya población respira hasta 15 metales pesados debido a los pasivos ambientales; así como la provincia cusqueña de Espinar, donde el 80% de su territorio se encuentra expuesto a arsénico en el aire debido a la actividad minera en la zona, precisó Beatriz Cortez, Coordinadora de la Mesa Técnica de Salud Ambiental y Humana.
Presupuesto insuficiente
La Plataforma Nacional está liderando diversas acciones. Han logrado importantes avances legislativos, como la aprobación del Plan Especial Multisectorial (PEM) y la Ley N° 31189 en el año 2021. Sin embargo, la implementación efectiva de estas medidas se ha visto obstaculizada por la falta de recursos y acción gubernamental.
La Ley N° 31189, destinada a fortalecer la prevención, mitigación y atención de la salud afectada por la contaminación con metales pesados y otras sustancias químicas, ha enfrentado retrasos en su aplicación práctica. Aunque su reglamento se publicó en mayo de 2023, aún no se ha implementado de manera efectiva en todas las regiones del país.
Asimismo, el Plan Especial Multisectorial, que establece objetivos y acciones para abordar la problemática de la contaminación, también se enfrenta a dificultades en su ejecución debido a la falta de recursos.
