En un balance de gestión orientado a la competitividad y la sostenibilidad, el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (OSINFOR) informó que durante el año 2025 logró acreditar la legalidad de 504 292 m³ de madera. Este volumen proviene de un aprovechamiento responsable en títulos habilitantes, asegurando que el recurso forestal peruano cumpla con los estándares exigidos por los mercados internacionales.
El jefe del OSINFOR, Williams Arellano Olano, destacó que se superaron las metas de supervisión tras intervenir en 1 024 095 hectáreas de bosques amazónicos, secos y altoandinos. Durante las 840 acciones de supervisión, se verificó el estado de 110 659 árboles autorizados y se garantizó la permanencia de 32 027 árboles semilleros, piezas clave para la regeneración natural de los ecosistemas.
Fiscalización y tecnología satelital
No obstante, las labores de fiscalización también permitieron identificar actividades ilícitas. El organismo detectó la extracción sin autorización (ENA) de 63 050 m³ de madera. Para lograrlo, el OSINFOR empleó un sistema mixto que combina la supervisión presencial con el monitoreo remoto.
A través del uso de imágenes satelitales e inteligencia artificial, se vigilaron más de 2.1 millones de hectáreas desde el espacio. Estos algoritmos especializados en detectar tala selectiva permitieron identificar 28 casos específicos de extracción ilegal, vinculados a más de 10 mil metros cúbicos de madera de procedencia ilícita.
Reconocimiento a las buenas prácticas
En su rol promotor, el OSINFOR otorgó 173 constancias de cumplimiento de obligaciones a usuarios que demostraron un manejo impecable de los recursos. Asimismo, 171 títulos habilitantes alcanzaron la calificación de “muy bueno” en el Sistema de Información Gerencial (SIGO), plataforma que brinda transparencia a compradores y autoridades.
Finalmente, el reporte resalta que el 54% de las 81 auditorías quinquenales realizadas resultaron favorables. Este resultado permite a los concesionarios responsables solicitar la ampliación de sus contratos con el Estado por periodos adicionales de cinco años, fortaleciendo la seguridad jurídica y la inversión sostenible en el sector forestal.