La minería ilegal, que durante años se concentró en Madre de Dios, hoy ya se extiende a nueve regiones del país, dejando a su paso bosques arrasados, ríos contaminados y comunidades vulnerables y afectadas. El informe situacional 2025 de Conservación Amazónica – ACCA confirma la magnitud de esta amenaza. Son 73 comunidades nativas y más de 250 ríos y quebradas que sufren directamente sus impactos.
El diagnóstico fue presentado en Lima durante el evento “Minería de oro en la Amazonía Peruana, ¿cómo vamos? 2025”, que reunió a especialistas y autoridades. Allí quedó claro que el problema ya no es local, sino de dimensión nacional y transfronteriza, y que el tiempo para frenarlo se acorta cada vez más.
Madre de Dios: epicentro del desastre
En la Amazonía, Madre de Dios sigue siendo el epicentro de la devastación. Solo en el último año, la minería ilegal arrasó más de 11 500 hectáreas de bosque, gran parte dentro de la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata. El caso más alarmante vuelve a ser La Pampa, un territorio que en su momento fue símbolo de la lucha contra esta actividad ilícita, pero hoy aparece otra vez tomado por los mineros.
Sidney Novoa, director de SIG y Tecnologías para ACCA, precisó durante su exposición que para este año se ha contabilizado 1613 dragas operando, un 21 % más que en 2024. En 2021, los registros hablaban de apenas 148 dragas y unas 660 personas trabajando en la zona. Cuatro años después, el escenario cambió radicalmente. Más de 1600 dragas y alrededor de 6400 personas dedicadas a la extracción ilegal de oro, multiplicando también así los impactos ambientales y sociales.
Casos Huánuco, Ucayali y Loreto
El informe también revela escenarios críticos en Huánuco, Ucayali y Loreto, donde la minería ilegal avanza con la misma fuerza destructiva. En Huánuco, más de 1763 hectáreas fueron devastadas en solo un año, alcanzando incluso áreas de la Reserva Comunal El Sira y golpeando directamente a comunidades indígenas como Tsirotzire y Nuevos Unidos de Tahuantinsuyo.
Mientras, en Ucayali, ríos que hasta hace poco estaban libres de esta amenaza ya muestran huellas de la actividad ilegal. “En 2024, se detectó por primera vez, mediante imágenes satelitales, la presencia de 18 dragas en la cuenca del río Aguaytía. Para 2025 se identificaron siete operando. La mayoría de las balsas mineras se da en cuerpos de agua que no son concesiones mineras”, advirtió el especialista de ACCA.
Más al norte, en Loreto, la situación alcanzó un récord preocupante. El río Nanay registró 42 dragas activas, comprometiendo la principal fuente de agua de la ciudad de Iquitos, donde miles de familias dependen de ese caudal para sobrevivir.
Concesiones mineras y conflictos sociales
El informe de ACCA no solo pone la lupa sobre la expansión de la minería ilegal, sino también sobre los riesgos que implican las nuevas concesiones otorgadas por el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet). De las solicitudes presentadas en 2025, 187 se superponen con comunidades nativas, áreas naturales protegidas y reservas indígenas.
“Encontramos que 136 se superponen con comunidades nativas, 48 con áreas protegidas, como áreas naturales protegidas, áreas de conservación regional y área de conservación privada, y tres con reservas indígenas territoriales”, explicó Novoa. Según advirtió, abre la puerta a potenciales conflictos sociales en distintas regiones del país, donde la defensa de la tierra y el agua suele chocar con intereses extractivos.
Fronteras y crimen organizado
El informe también revela que la minería ilegal se ha consolidado también en zonas de frontera, con enclaves en el Chinchipe y Condorcanqui (Ecuador), la triple frontera del Putumayo (Colombia) y el río Madre de Dios (Bolivia). Para Novoa, la expansión se explica por un vacío en la presencia del Estado: “Este panorama es un claro reflejo de cómo la situación política actual, incluyendo el abandono de los espacios rurales y de frontera, ha permitido la expansión de esta actividad ilícita”.
El director de ACCA alertó que la minería ilegal ya no es solo un problema socioeconómico, sino que se articula a estructuras criminales: “En muchos casos, la minería ilegal viene mutando hacia una estructura de crimen organizado que erosiona los ríos, los bosques y las estructuras sociales de gobernanza”.
En esa misma línea, citó el más reciente informe de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), “Amazonía en disputa: seguridad climática y conflictos socioambientales”. El documento advierte que en la región ya operan 17 grupos armados y redes criminales.
Llaman a una acción coordinada
Los especialistas coincidieron en que la magnitud del problema ya desborda las capacidades de control nacional y que la única salida viable pasa por acciones conjuntas con los países vecinos. Durante la presentación también se dieron a conocer dos estudios: uno que analiza los impactos de la minería ilegal en zonas prioritarias de conservación, y otro que pone cifras al costo ambiental y social a través de una valoración económica de los daños en la cuenca del Nanay.
