Más de 175 millones de hectáreas de tierras comunitarias no son reconocidas en América Latina y el Caribe

por Edgar Mandujano
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En la tercera sesión del Foro de la Tierra LAC 2024, “Desafíos y buenas prácticas para el reconocimiento de los derechos territoriales de los pueblos indígenas y afrodescendientes”, Johana Herrera, directora del Observatorio de Territorios Étnicos y Campesinos de la Universidad Javeriana en Bogotá (Colombia) señaló que de acuerdo a datos recientes de RRI, existen 175,1 millones de hectáreas de tierras comunitarias cuyos derechos no están legalmente reconocidos en América Latina y el Caribe.

Ello, pese a que existen más de 397 millones de hectáreas tituladas a pueblos indígenas, afrodescendientes y comunidades locales. Además, solo el 8,1% de los 165 millones de hectáreas con presencia de pueblos afrodescendientes son reconocidas legalmente. El problema se agudiza porque las estrategias políticas son insuficientes para avanzar en su reconocimiento.

“Hay comunidades con derechos de acceso y usufructo otorgados por los Estados en tierras baldías, se les garantiza las actividades pero sin transferencia de derechos de propiedad, por lo que no hay una cesión real de derechos”, destacó Herrera.

En tanto, se calcula que los pueblos indígenas ocupan 404 millones de hectáreas en la región, es decir, alrededor de la quinta parte de la superficie total.

“Quisiera referirme a la Ley Forestal en Perú y lo que viene representando para  los derechos indígenas ya afectados por el impedimento que hay para el derecho territorial cuando son áreas nacionales o naturales protegidas”, dijo la especialista.

Karin Ericsson, Coordinadora Regional y Oficial de Programas para la Oficina de América Latina del Tenure Facility, explicó que, si bien existe un “marco legal progresivo” para la titulación de tierras en la región y existen buenas prácticas, aún hay una importante brecha en la implementación.

Ericsson explicó que la titulación de tierras es solo el primer paso para reconocer los aportes de las comunidades en sus territorios. En este sentido, subrayó que este proceso debe descansar sobre tres ejes: unidad de lucha entre los pueblos y apoyo a estos para que fortalezcan su autonomía y gobernanza propia, avanzar a nivel técnico y/o político de acuerdo a las posibilidades que ofrece el contexto y colaborar estrechamente con actores estatales, y reconoer el papel de los territorios indígenas y de pueblos afros en la conservación de la biodiversisdad.

“Tenemos una gran oportunidad este año con la COP 16 sobre biodiversidad. Se busca que el 30% del territorio se dedique a la conservación para el año 2030, y las organizaciones y pueblos de Colombia y el continente se están movilizando fuertemente para que los territorios indígenas sean reconocidos como espacios que contribuyen a la conservación, ahí podemos sumar fuerzas”, relató.

Orika: caso de estudio sobre derechos territoriales para América Latina y el Caribe

Un caso emblemático para la región es el de Colombia, uno de los países más biodiversos y pluriculturales del mundo, donde los avances del actual gobierno se han visto retrasados por la carencia de políticas públicas previas de reconocimiento de los derechos territoriales. Cristiam Guerrero, asesor en la Dirección de Asuntos Étnicos de la ANT (Agencia Nacional de Tierras), explicó que solo en el primer año del presidente Gustavo Petro se han formalizado 55 constituciones de Resguardo Indígena, frente a los 56 de todo el gobierno de Duque. También se han logrado 37 ampliaciones de Resguardo Indígena, frente a los 31 de todo el mandato predecesor. Sin embargo, ahora se encuentran con una escasa disponibilidad de territorios para titular.

“La disponibilidad de tierra en Latinoamérica es cada vez menor. Los procesos de concentración de la propiedad rural en la región impactan en el reconocimiento de derechos de tenencia de comunidades étnicas. Es por esta concentración que se han dado procesos de privatización de tierras tradicionales de comunidades étnicas, como las de los Orika”, añadió Guerrero.

Al respecto, Ever de la Rosa, integrante de la Junta Directiva del Consejo comunitario de la comunidad negra de la unidad comunera del gobierno rural de Isla del Rosario caserío Orika, manifestó que su comunidad se vio afectada porque, tras concedérsele sus títulos, hubo “poco acompañamiento por parte del Estado para que se pueda consolidar la administración y gobernanza de su territorio”.“No solo se debe titular el espacio donde se vive, sino también donde se desarrollan prácticas tradicionales de producción”, rescató.

FAO: flexibilizar el financiamiento para regularizar los territorios de pueblos indígenas y afrodescendientes

Amparo Cerrato, oficial de Tenencia de la Tierra de la Oficina Regional de FAO para América Latina y el Caribe (FAO RLC), presentó el policy brief “Recomendaciones para el reconocimiento y regularización de los derechos de tenencia de los territorios de pueblos indígenas y afrodescendientes en América Latina”.

Destacó que los gobiernos en la región deben trabajar para mejorar las condiciones para la regularización y tener un enfoque “más propositivo que reactivo” frente a los fallos internacionales donde se ha condenado a los estados por no respetar los derechos territoriales de pueblos indígenas y afrodescendientes, además de requerir el establecimiento de mecanismos de seguimiento para asegurar a nivel nacional e internacional el cumplimiento de dichas sentencias para garantizar los derechos de estos pueblos.

“Los gobiernos tienen esquemas muy formales que no permiten flexibilizar el financiamiento. Muchas veces no son realistas, por ejemplo pueden requerir una factura timbrada en territorios alejados, o que las comunidades estén legalizadas bajo figuras de institución jurídica para poder acceder a recursos”, detalló Cerrato.

Sobre el Foro de la Tierra LAC 2024

Organizan: International Land Coalition América Latina y el Caribe (ILC LAC), Iniciativa Regional Tierra y ODS, Plataforma para la Defensa de la Tierra y el Territorio, Iniciativa Mujer Rural y Derecho a la Tierra, Plataforma Defensoras y Defensores de la Tierra y el Territorio, Land Matrix Latinoamérica y el Caribe, Iniciativa Regional de Agricultura Familiar, Plataforma Semiáridos América Latina, Estrategia Colaborativa en Colombia por la Garantía de los Derechos a la Tierra y al Territorio, Coalición Nacional por la Tierra de Argentina – ENI Argentina y Plataforma por la Defensa de la Tierra y el Territorio de Guatemala.

Organizaciones aliadas: Fundación Plurales, Observatorio Ciudadano, Instituto de Estudios Ecuatorianos (IEE), Red Nacional de Agricultura Familiar – RENAF Colombia, Confederación de Organizaciones de Productores Familiares del Mercosur Ampliado (COPROFAM), Oxfam, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Tenure Facility, DATALUTA, Church World Service (CSW), Comité de Impulso del Movimiento Agroecológico Colombiano (CIMAC) y y DAKI Semiárido Vivo.

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