En una manifestación conjunta, el Consejo Directivo de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) expresó su preocupación y protesta ante la promulgación por insistencia de la Ley 31973, la cual modifica la Ley Forestal. Esta iniciativa, previamente observada por el Poder Ejecutivo, la Sociedad Civil y las regiones amazónicas, se encuentra ahora en el centro de un cuestionamiento que insta al Congreso de la República a derogarla de inmediato.
La preocupación central recae en la presunta vulneración de la Constitución Política del Perú, en el artículo 2, en sus numerales 1 y 22, así como de los artículos 67, 68° y 69°. Los Gobernadores sostienen que esta ley constituye un peligro para el desarrollo sostenible de la Amazonia, poniendo en riesgo el derecho de los ciudadanos a disfrutar de un ambiente equilibrado.
Además, argumentan que la normativa podría propiciar actividades informales que amenacen los bosques y agraven la deforestación ya existente, impulsando la tala ilegal, la minería ilegal, el tráfico de tierras y el narcotráfico en los territorios regionales.