Por Manuel Boluarte – Inforegión
Un informe técnico elaborado por la congresista Ruth Luque ha lanzado una severa advertencia sobre el riesgo inminente que enfrentan las Áreas Naturales Protegidas (ANP)y las Áreas de Conservación Regional (ACR) debido a una serie de proyectos de ley que buscan debilitar su régimen de intangibilidad. El documento acusa a estas iniciativas de ser un «retroceso significativo» que vulnera la Constitución y los compromisos internacionales del Perú.
El informe, basado en una mesa de trabajo con especialistas, sociedad civil y gestores ambientales, concluye que existe un patrón de presión de sectores extractivos (minería e hidrocarburos) para «capturar la legislación» y legitimar prácticas incompatibles con la conservación.
La triple amenaza legislativa que debilita la intangibilidad
El análisis identifica tres proyectos de ley que representan el mayor riesgo para la conservación de los más de 29 millones de hectáreas protegidas en el Perú:
1. PL 11822 (apertura a hidrocarburos): Propone habilitar actividades extractivas en Parques Nacionales y Santuarios (áreas de uso indirecto e intangibles) mediante un simple Decreto Supremo, eliminando la exigencia de una ley del Congreso. Esto suprime el control político y abre la puerta a la explotación de hidrocarburos, otorgando además al Ministerio de Energía y Minas (MINEM) poder de veto sobre los Planes Maestros del Sernanp.
2. PL 11418 (legalización de invasiones en ACR): Busca formalizar derechos de posesión preexistentes en Áreas de Conservación Regional. Especialistas de la Red de Lomas del Perú advirtieron que esta norma legitima las invasiones y el tráfico de tierras, desnaturalizando la función de las ACR de proteger ecosistemas frágiles como las Lomas Costeras de Lima.
3. Ley MAPE (Blindaje a la Ilegalidad): El predictamen sobre Minería Artesanal y Pequeña Escala (MAPE) plantea la posibilidad de que los mineros operen sin sanción penal durante el proceso de formalización. El informe califica esto como un “blindaje encubierto a la minería ilegal” que desincentiva el cumplimiento ambiental y permite la legalización de la minería aluvial con dragas en ríos amazónicos, contraviniendo sentencias del Tribunal Constitucional.
La necesidad de justicia ambiental: Pasivos petroleros y pesca
El informe contrapone estos retrocesos con dos oportunidades legislativas históricas que fortalecerían la institucionalidad ambiental:
Moratoria petrolera (PL 11220): Se impulsa la prohibición definitiva de nuevas actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en la Amazonía. La justificación radica en la crisis ecológica y sanitaria: entre 2020 y 2023, los derrames aumentaron un 353%, afectando más del 57% de los territorios indígenas y dejando al Perú con 3,256 pasivos ambientales. El informe subraya que el modelo petrolero amazónico es económicamente inviable y socialmente injusto.
Blindaje marino (PL 5666, 6668 y 7157): Se exige que la prohibición de la pesca industrial en ANP marinas y marino-costeras se eleve a rango de ley. Esto busca cerrar los vacíos legales y reglamentarios que hoy permiten la impunidad, afectando la biodiversidad en reservas como Paracas y comprometiendo el sustento de los pescadores artesanales.
Conclusiones y llamado a archivar las normas
El informe concluye que las propuestas regresivas incrementan los conflictos socioambientales, vulneran el artículo 68 de la Constitución y afectan compromisos internacionales como la Meta 30×30 de conservación de la biodiversidad.
Las recomendaciones políticas son claras:
Archivo inmediato: Exigir el archivo de los proyectos de ley 11822 y 11418, por desnaturalizar la conservación.
Transparencia en Ley MAPE: Demandar que el debate sobre la Ley MAPE sea amplio, garantizando la participación de especialistas ambientales, organizaciones indígenas, el Poder Judicial y el MINAM, antes de emitir cualquier dictamen.
Protección a defensores: Implementar medidas de seguridad urgente para los líderes y organizaciones que enfrentan hostigamientos por su labor de defensa ambiental, particularmente en ecosistemas frágiles como las Lomas de Lima.
La advertencia final es que el Perú no puede hipotecar su futuro ni su legitimidad internacional al aprobar normas que consolidan la impunidad y la expansión de actividades que degradan el patrimonio natural.