Frente a la intención de fomentar la inversión en hidrocarburos y flexibilizar la legislación vigente para promoverla, el Estado debe recordar que está sujeto constitucionalmente a cumplir con la protección de áreas naturales protegidas y a proteger y respetar los territorios de los pueblos indígenas. A esta conclusión arribó el Foro Público “Áreas naturales protegidas, territorios indígenas e hidrocarburos en el Perú”, que se realizó en Cusco.
Desde inicios de año, Perupetro viene promoviendo a nivel internacional un total de 31 áreas para el desarrollo de actividades de hidrocarburos. Estas áreas se encuentran principalmente en la Amazonía peruana, en las regiones de Loreto (14 áreas en promoción), Ucayali (8 áreas en promoción) y Madre de Dios (3 áreas en promoción). Áreas que, en muchos casos, se superponen a áreas naturales protegidas, territorios de pueblos indígenas y reservas indígenas para pueblos en aislamiento y contacto inicial.
Asimismo, Perupetro, a través del Ministerio de Energía y Minas, ha presentado una iniciativa legal que fue señalada como inviable por el Ministerio de Ambiente y que, a pesar de ello, continúa siendo promovida por Perupetro, MINEM y congresistas. Esta iniciativa priorizaba la extracción de hidrocarburos en zonas de alta biodiversidad, el debilitamiento de instituciones como el SERNANP y promovía la entrada a áreas naturales protegidas de uso indirecto como Parques Nacionales, por ejemplo, Bahuaja Sonene, Sierra del Divisor, Manu y Yanachaga Chemillén y al Santuario Nacional Manglares de Tumbes y Megantoni.
César Ipenza, abogado especializado en materia ambiental, recordó que existe un mandato constitucional para la protección de áreas naturales protegidas. “Creo que ese debe ser nuestro elemento para que la autoridad cumpla con respetar los espacios. Como peruanos hemos definido que debemos proteger las áreas naturales protegidas. De alguna manera, se quiere someter a la autoridad ambiental al sector Energía y Minas. Esto nos muestra que necesitamos que los logros alcanzados de la autoridad ambiental no sigan debilitándose”, explicó.
A su turno, Gabriel Quijandría, de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza UICN – Sur, destacó que el Perú ha firmado Tratados de Libre Comercio con diferentes países y quiere ser parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), lo que implica que el país debe tener una institucionalidad y una legislación ambiental comparable con los países miembros de la OCDE y nuestros socios de los TLC. “Estas ideas no van en línea con estos retrocesos que se están planteando, con la idea de que las áreas protegidas estén sometidas a la decisión del Ministerio de Energía y Minas. Eso ya no ocurre en ningún país serio” sentenció Quijandría.
Vanessa Cueto, Coordinadora del Programa Sostenibilidad de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) opinó que como país se sigue cometiendo el mismo error de realizar actividades económicas sin tener una visión real sobre el territorio en cuestión. “Estos hechos se dan sin que el Perú tenga una visión clara sobre transición energética. No se miran esas oportunidades, sino que se mira la promoción de áreas. Las 14 áreas priorizadas en Loreto se superponen con zonas donde ocurrieron derrames de petróleo. Hay una carga de conflicto social e incumplimiento de compromisos bastante alta”, remarcó.
Para Edy Dariquebe, dirigente de la Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes (Fenamad), la promoción de hidrocarburos es preocupante y se suma a otras amenazas que atentan contra las comunidades indígenas tales como el narcotráfico y la deforestación. “Queremos llamar a organizaciones internacionales a que actúen frente a esta realidad nacional y la actitud de quienes hoy nos gobiernan. A nosotros, como federación, nos preocupa esta situación que en los últimos meses se ha visto con mayor recurrencia y promovido por congresistas. No se está respetando la jerarquía de las comunidades indígenas”, dijo.
Opinión similar tuvo Elvis Chorobeki, vocal del Consejo Machiguenga del Río Urubamba (COMARU), se mostró en línea con lo comentado por Dariquebe y dijo que siempre se han enfrentado estos casos. “El Estado ha venido buscando sacar de cualquier manera los lotes gasíferos sin tomar en cuenta la consulta previa. Entonces, las comunidades nativas no estamos bien garantizadas pese a tener títulos. Y el Estado no se preocupa en hacer una georreferenciación para cada comunidad indígena. De alguna otra manera, el Estado siempre buscará extraer recursos. Se les pide respeto al pueblo indígena y a la consulta previa”, remarcó.
El foro fue organizado por Derecho Ambiente y Recursos Naturales (DAR), la Sociedad Zoológica de Frankfurt, el Centro Bartolomé de las Casas y La Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible, con el apoyo de la Fundación Gordon y Betty Moore.