INFOREGIÓN.- La Amazonía peruana ha sido el epicentro de una creciente transformación agroindustrial en las últimas décadas. Entre 1994 y 2012, el número de agricultores en la región aumentó un 47 %, superando el crecimiento en la costa (28 %) y en la sierra (23 %). Esta expansión se traduce en la conversión de grandes extensiones de bosque en tierras para el cultivo, con un crecimiento del 142 % en las áreas de cultivos permanentes, como café, cacao y palma aceitera.
El informe ‘El laberinto verde’ de Oxfam alerta sobre el impacto de este modelo agroindustrial en la pérdida de bosques. “La agricultura es el principal motor de la deforestación en los bosques tropicales, tendencia que también se presenta en la Amazonía peruana con un alto costo social y ambiental. (…) El 55 % y 74 % de la deforestación entre los años 2011 y 2020 proviene de las actividades agrícolas y pecuarias”. Esta dinámica, lejos de desacelerarse, ha sido impulsada por políticas gubernamentales que favorecen a los grandes agronegocios.
El papel de los agronegocios y la concentración de tierras
El auge de los cultivos de exportación ha impulsado la concentración de tierras en la Amazonía. Para 2018, esta región albergaba el 43 % de la superficie agrícola del país, equivalente a 4,9 millones de hectáreas. En este contexto, las plantaciones de gran escala, especialmente de palma aceitera y cacao, han avanzado a un ritmo acelerado.
“Este crecimiento ha ocurrido sobre la base de dinámicas que favorecen el acaparamiento de tierras y la deforestación, y a menudo, bajo la apariencia de legalidad; las políticas que promueven la expansión de la frontera agrícola y brindan incentivos a grupos de poder; la tercerización de la responsabilidad ambiental; y la evasión de la normativa gracias a la falta de una regulación adecuada”, subraya el informe.
Como resultado, las grandes empresas han sido las principales beneficiadas, mientras que las comunidades indígenas y los pequeños productores aún enfrentan crecientes dificultades para proteger sus territorios y garantizar sus derechos. Según el documento, las políticas del Estado han priorizado el desarrollo de los agronegocios en detrimento de la agricultura familiar.
“El giro neoliberal generó una reingeniería del Estado para favorecer a los grandes agronegocios: se abandonó la financiación de la agricultura familiar por medio del Banco Agrario y se redujo considerablemente la inversión pública del sector agrario”, se lee. Además, la flexibilización en la tenencia de la tierra ha permitido que grandes empresas se apoderen de terrenos que antes pertenecían a comunidades indígenas o pequeños agricultores.
El costo ambiental y social de la expansión agrícola
El avance de los agronegocios también ha tenido un fuerte impacto en las comunidades indígenas. La falta de regulación ha propiciado el tráfico de tierras y conflictos territoriales. Un caso emblemático es el de Ucayali, donde el gobierno regional otorgó ilegalmente el cambio de uso de suelo de más de 11 000 hectáreas a favor de empresas de palma aceitera.
El informe también destaca la vulnerabilidad de las comunidades indígenas frente al despojo de tierras. “Mientras estas comunidades esperan por décadas que se formalicen sus derechos territoriales, las autoridades han otorgado permisos de posesión a terceros, quienes luego transfieren estos derechos a empresas agroindustriales”
La transformación de bosques en tierras de cultivo también es la mayor fuente de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en el país. “En el 2019, el 48 % de los GEI provinieron del cambio de uso de la tierra”, señala el informe. Pero el daño no es solo ambiental. Detrás de cada hectárea deforestada hay comunidades que ven amenazadas sus tierras y su forma de vida.
En el Perú, el 40 % de las personas defensoras en riesgo son indígenas amazónicos, quienes enfrentan constantes amenazas por oponerse a la tala ilegal y el tráfico de tierras. Para ellos, proteger el bosque no es solo una causa, sino una cuestión de supervivencia.
Ante esta problemática, el informe recomienda una mayor regulación de los agronegocios y el fortalecimiento de la seguridad territorial de las comunidades indígenas. Además, sugiere la adopción de modelos de producción más sostenibles que no dependan de la expansión de la frontera agrícola. Si bien el gobierno ha planteado estrategias para reducir la deforestación, estas siguen siendo insuficientes.
