Las economías ilegales en Perú están experimentado un auge preocupante, agravando sus impactos negativos en las personas, la seguridad interna y la institucionalidad del país. Según un reciente informe del Instituto Peruano de Economía (IPE), estas actividades ilícitas podrían estar generando alrededor de US $9.800 millones al año, lo que equivale al 3,7% del PBI de 2023. Esta cifra, que supera la contribución del turismo (2,9%) y se acerca a la del sector financiero (4,2%), revela la magnitud del problema que enfrenta el país.
Minería ilegal y narcotráfico
La minería ilegal y el narcotráfico son las principales actividades que impulsan este crecimiento. Cerca del 40% del valor de las economías ilegales proviene de la minería ilegal de oro. Las exportaciones de oro ilegal alcanzaron un valor de US $4.800 millones el último año, equivalente a más de 77 toneladas, casi siete veces más que lo registrado hace 20 años. Para 2024, el IPE calcula preliminarmente que este volumen podría llegar a 90 toneladas.
Stephani Maita, economista del IPE alertó a Inforegión sobre las graves implicancias de este fenómeno: «La expansión de economías ilegales agrava problemas como la criminalidad, la corrupción y el lavado de activos, lo que dificulta aún más su erradicación». Maita subrayó que estas actividades han ganado terreno particularmente en zonas fronterizas, como la triple frontera entre Brasil, Colombia y Perú, así como en la frontera compartida por Perú, Brasil y Bolivia, facilitando el contrabando y otras actividades ilícitas.
Nueva era de los cultivos de coca: Un desafío para la erradicación
En cuanto al narcotráfico, la superficie dedicada al cultivo de coca se ha más que duplicado en la última década, aumentando de 40 mil a 93 mil hectáreas entre 2015 y 2023, lo que ha revertido 28 años de esfuerzos en la erradicación de estos cultivos. Además, la productividad de la coca ha experimentado un crecimiento significativo en los últimos 30 años, casi duplicándose al pasar de 1,34 a 2,36 toneladas por hectárea entre 1993 y 2023.
Esto se debe al uso de agroquímicos y riego tecnificado, especialmente en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), que concentra más del 40% de los cultivos ilícitos de hoja de coca. La eficiencia también ha aumentado en la conversión de coca a pasta básica de cocaína (PBC), requiriéndose ahora solo 240 kg de coca para producir 1 kg de PBC, un 30% menos que antes.
Disminución de recursos en la lucha contra actividades ilícitas
A pesar de la expansión de las actividades ilícitas, el presupuesto para combatirlas se ha reducido significativamente. El informe del IPE señala una disminución del 21% desde 2019 para combatir la minería ilegal y narcotráfico. Específicamente, los recursos para minería ilegal han caído un 34%, de S/ 122 millones a S/ 81 millones para 2024.En el caso del narcotráfico, el presupuesto destinado a los programas de reducción del tráfico ilícito de drogas cayó 10% en términos reales en los últimos 10 años.
Rodrigo Gil, politólogo del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), señaló a Inforegión el impacto político de esta situación: «El Estado peruano va a contracorriente de la dinámica de las economías ilegales. Es paradójico que conforme la actividad ilegal aumenta, el Estado va retrocediendo de manera muy pronunciada».
Gil señala tres factores que contribuyen a esta reducción presupuestaria: el enfrentamiento entre los poderes del Estado, el movimiento del presupuesto hacia otros objetivos, y la precariedad de los partidos políticos. Según él, «en los últimos años, los actores políticos han estado más enfocados en su propia supervivencia y en cumplir con sus mandatos, lo que limita la capacidad del Estado para establecer metas claras y prioridades, como la lucha contra las economías ilegales”.
“Captura del Estado”
El politólogo también advierte sobre los riesgos que esta tendencia representa para la gobernabilidad y la democracia. Explica que hay señales de una creciente captura del Estado por parte de grupos poderosos vinculados a economías ilícitas. Estos grupos financian a candidatos, quienes luego se ven obligados a devolver favores mediante decisiones y leyes que beneficien a estas actividades ilegales, logrando así avances que favorecen sus intereses.
Esta situación se refleja en el retroceso de Perú en el ranking global de percepción de corrupción, pasando del puesto 96 al 121 entre 2017 y 2023, un dato citado en el informe del IPE. Según el Banco Mundial, en los espacios dominados por economías ilegales, estas actividades pueden incluso capturar al Estado, moldeando políticas y regulaciones a su favor.
Presuntos vínculos de economías ilícitas con el poder
El informe del IPE llega en un momento polémico, tras la reciente elección de Eduardo Salhuana como presidente del Congreso el 26 de julio. Salhuana, único congresista representante de Madre de Dios, una región fuertemente afectada por la minería ilegal, ha sido cuestionado por presuntamente favorecer a mineros informales y presentar proyectos de ley que, según el Observatorio de Minería Ilegal (OMI), flexibilizarían las normas contra la minería ilegal.
Entre las iniciativas legislativas polémicas de Salhuana se encuentran el Proyecto de Ley 07287-2023-CR, que comprendía medidas para frenar el crimen organizado asociado a la minería ilegal, aprobada sin mayor debate; el Proyecto de Ley 0894-2022, conocida como «Ley Antiforestal», que quita la potestad del Ministerio del Ambiente de gestionar la zonificación forestal; y el Proyecto de Ley 6259/2023, que inicialmente incluía la construcción de una carretera que pasaría cerca de áreas naturales protegidas y territorios de pueblos indígenas en aislamiento.
“Se debe fortalecer el presupuesto”
Ante esta situación, los expertos de IPE y IEP sugieren una serie de medidas urgentes. En primer lugar, fortalecer el presupuesto destinado a combatir las economías ilegales. También se recomienda priorizar objetivos claros y establecer metas ambiciosas de erradicación y control. Gil sugiere además la necesidad de buscar un actor que pueda liderar y coordinar la lucha contra estas actividades desde el Ejecutivo, en cooperación con otras instituciones clave como el Congreso, la Policía Nacional y el Ministerio Público.
Asimismo, señala que mientras persista la inestabilidad política y la debilidad institucional, el desafío de combatir estas actividades ilícitas seguirá siendo una tarea pendiente y urgente para el Perú. La impunidad sobre estas actividades erosiona la confianza en las instituciones y compromete el desarrollo sostenible del país.