El debate sobre la delegación de facultades legislativas al Poder Ejecutivo ha tomado un rumbo alarmante ante la posibilidad de que se autoricen cambios que debiliten la protección de Áreas Naturales Protegidas (ANP) y territorios de Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial (PIACI). La propuesta abre la puerta a que la exploración y explotación de hidrocarburos avance sobre la Amazonía, reduciendo los cuidados ambientales, limitando los mecanismos de evaluación de impacto y restringiendo la consulta previa, bajo la presión de acelerar inversiones energéticas y extractivas, según advirtió la organización Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR).
Cambios normativos podrían flexibilizar la evaluación ambiental
La iniciativa del Ejecutivo busca obtener facultades para legislar durante 120 días en materias como el desarrollo productivo, la simplificación administrativa, la desregulación y la modernización del Estado. Entre los puntos críticos señalados por organizaciones ambientales y representantes indígenas se encuentra la habilitación de procesos expeditos para la aprobación de proyectos extractivos e infraestructura, incluso en áreas de alta sensibilidad ambiental.
El texto del proyecto no delimita con claridad los alcances de las reformas propuestas, lo que abre la puerta a modificaciones que podrían debilitar las normas de protección ambiental y social.
De acuerdo con el análisis de Cristina López, líder de proyecto de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), el marco propuesto permitiría que decretos legislativos excluyan la aplicación de instrumentos de análisis de impacto regulatorio ex ante y consulta pública, elementos clave para evaluar riesgos y garantizar transparencia.
Además, la aprobación automática de los proyectos extractivos en ANP y territorios indígenas por vencimiento de plazos dejaría sin revisión técnica las intervenciones e incrementaría el riesgo de impactos ambientales y sociales.
Hidrocarburos en la Amazonía: presión sobre parques nacionales y reservas indígenas
La delegación de facultades incrementa la presión del sector energético para explorar y extraer hidrocarburos en áreas naturales protegidas intangibles como parques nacionales y reservas territoriales e indígenas.
Es la misma dirección que pretende la propuesta de Reglamento de Actividades de Hidrocarburos, que, de aprobarse en los términos planteados, permitiría la perforación extendida en el subsuelo del ANP o de los territorios PIACI sin las medidas de protección equivalentes a las actuales.
Esto, en la práctica, equivaldría a una ampliación del área de extracción sin la correspondiente modificación del contrato y la actualización de los instrumentos de gestión ambiental.
En la misma línea, el silencio administrativo positivo permitiría que los proyectos de actividades extractivas sean aprobados sin que exista una evaluación técnica, bastando para ello el solo vencimiento de los plazos previstos para la revisión de los instrumentos de evaluación ambiental.
Esta figura contraviene los principios de prevención y precaución reconocidos en la Ley General del Ambiente y en la Constitución Política del Perú, lo que generaría una actividad ambiental y socialmente insostenible a mediano y largo plazo.
Además, podría trasladar los conflictos de la fase de evaluación a la de ejecución, generando paralizaciones y mayores costos sociales, así como costos económicos para la propia operación.
Áreas naturales protegidas generan empleo y desarrollo económico
La importancia de la conservación de los espacios protegidos se relaciona también con su impacto económico y social, que contribuye a la economía nacional y local.
Por ejemplo, el Parque Nacional del Manu genera casi 9.000 empleos directos e indirectos y, durante 2024, las Áreas Naturales Protegidas (ANP) del país recibieron más de 2,4 millones de turistas.
Además, la exportación de productos amazónicos, como la castaña, alcanzó los 18,3 millones de dólares. El debilitamiento de los estándares ambientales podría poner en riesgo la trazabilidad de los productos y el acceso al financiamiento internacional para la conservación.
Delegación de facultades: especialistas alertan sobre riesgos ambientales y sociales
El desarrollo de inversiones no puede sustentarse en la eliminación de los cuidados necesarios para evitar desastres ambientales y el colapso de los recursos naturales.
Especialistas sostienen que el enfoque que prioriza la agilización de permisos para hidrocarburos no resuelve problemas estructurales como la contaminación y la falta de remediación de pasivos ambientales en la Amazonía.
En esta zona continúan existiendo comunidades expuestas a la contaminación de sus ríos y recursos alimentarios provenientes de la pesca, sin que estas medidas sumen a una estrategia efectiva de cierre de brechas sociales.
Tampoco aborda el problema del uso ineficiente de los recursos del canon, como en el distrito de Megantoni, que pese a ser uno de los mayores productores de gas, mantiene a gran parte de su población sin acceso seguro a agua y electricidad.
DAR advierte posibles cuestionamientos constitucionales
Finalmente, el análisis alerta sobre posibles vicios de inconstitucionalidad de la propuesta de delegación de facultades, aún no aprobada por el Ejecutivo, por no cumplir con los requisitos de especificidad y por omitir un balance de la ejecución de delegaciones previas.
El texto no incorpora medidas integrales para combatir las economías ilícitas, como la minería ilegal y el tráfico de insumos, que constituyen una base de la criminalidad organizada en la Amazonía y afectan tanto la seguridad ciudadana como el medio ambiente.
Según precisa la especialista de DAR, cualquier reforma debe construirse a partir de un debate técnico ampliamente participativo, que oriente las inversiones con estándares de protección ambiental y respeto a los derechos de los pueblos indígenas.
Además, formuló las siguientes recomendaciones:
● Incorporar de manera expresa el enfoque socioambiental de la criminalidad organizada, priorizando el fortalecimiento de la trazabilidad del oro, el control del mercurio, los combustibles y la maquinaria, y la interoperabilidad entre la Policía Nacional, el Ministerio Público, la Unidad de Inteligencia Financiera, la SUNAT y las entidades ambientales competentes, así como restituir la facultad policial de decomisar explosivos en poder de mineros con inscripción suspendida en el REINFO, derogada por la Ley N.° 31989/2024.
● Seguir fortaleciendo el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) para una protección real del medio ambiente y la salud de las personas, manteniendo el carácter vinculante de las opiniones técnicas de SERNANP, ANA y SERFOR en los procedimientos de certificación ambiental.
Asimismo, se debe mantener el silencio administrativo negativo para los procedimientos ambientales, especialmente para los EIA-d o aquellos que se superpongan con áreas naturales protegidas, territorios indígenas o zonas arqueológicas.
● No exceptuar de la consulta pública, consulta previa y el análisis de impacto regulatorio a los decretos legislativos, especialmente si afectan la integridad de las áreas naturales protegidas y los territorios indígenas.
Por el contrario, estos mecanismos deben priorizarse mediante procesos de participación culturalmente pertinentes que evalúen los impactos indirectos, acumulativos y futuros de cada inversión.
● Excluir expresamente a las áreas naturales protegidas, sus zonas de amortiguamiento y las reservas territoriales o indígenas del alcance de cualquier mecanismo de aprobación expedita en materia de hidrocarburos e infraestructura, fortaleciendo la articulación interinstitucional y las ventanillas únicas para reducir los plazos de evaluación y eliminar duplicidades administrativas.