El congresista Wilson Soto Palacios, integrante del Grupo Parlamentario Acción Popular, presentó el Proyecto de Ley N.º 12072/2025-CR, denominado Ley General de Peajes, que propone una regulación técnica y legal más estricta para la ubicación, funcionamiento y cobro de los peajes en Perú. Esta iniciativa se da en un contexto de reiteradas quejas de la ciudadanía respecto al cobro indebido de tarifas, obras inconclusas y congestión urbana.
Reglas claras para nuevos peajes
Una de las disposiciones centrales de la propuesta es que ningún peaje podrá instalarse a menos de 50 kilómetros del límite del radio urbano de una ciudad, ni a menos de 100 kilómetros de otro peaje en la misma vía. Esta medida busca evitar la saturación de cobros en tramos cortos y proteger al usuario del servicio de transporte terrestre.
Soto también plantea la prohibición del cobro doble por transitar en una misma ruta, y establece que no podrá cobrarse tarifa alguna hasta que la obra vial esté completamente terminada y operativa. Esta cláusula responde a múltiples denuncias ciudadanas sobre cobros anticipados por proyectos inconclusos.
“En muchos casos, los peajes se han instalado sin una evaluación técnica ni social adecuada, generando malestar en transportistas, pasajeros y vecinos”, sostuvo el legislador.
¿Quién podrá autorizar los peajes?
El proyecto establece que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) será el órgano competente para autorizar peajes en carreteras nacionales, regionales y provinciales, mientras que los gobiernos regionales y municipales podrán autorizar dentro de su jurisdicción, de acuerdo con sus competencias normativas.
Esta regulación busca frenar decisiones unilaterales que no responden a una planificación integral de transporte ni a la evaluación del impacto social o ambiental.
Sin cobros injustificados ni sobrecostos
La iniciativa también contempla que los recursos obtenidos por los peajes deben ser utilizados de manera transparente y destinados exclusivamente al mejoramiento, mantenimiento y conservación de la infraestructura vial.
El congresista asegura que esta propuesta no generará costos adicionales al Estado, y por el contrario, busca fomentar una cultura de uso racional de la infraestructura y del interés público como eje rector de la política vial.
Beneficios de la propuesta
La Ley General de Peajes, de ser aprobada, permitiría:
- Reducir conflictos sociales relacionados al cobro indebido en rutas concesionadas.
- Optimizar el flujo vehicular en zonas urbanas y de alta congestión.
- Prevenir cobros anticipados que afectan la economía de transportistas y ciudadanos.
- Mejorar la transparencia en el manejo de recursos públicos provenientes de los peajes.
- Disminuir la contaminación ambiental derivada del tráfico prolongado por mala ubicación de casetas.
¿Qué sigue ahora?
El Proyecto de Ley 12072/2025-CR fue recientemente presentado y será derivado a la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso para su evaluación. De ser aprobado, pasará al pleno del Congreso para su eventual debate y votación.
Desde el despacho del congresista Soto han indicado que ya se inició el trabajo de difusión con gremios de transportistas, autoridades regionales y sociedad civil, a fin de lograr consenso alrededor de la iniciativa.
El proyecto legislativo de Wilson Soto busca poner fin a uno de los temas más sensibles para miles de ciudadanos que se movilizan diariamente por las carreteras del país: los cobros de peaje sin respaldo técnico ni obra terminada. Con esta ley, se apunta a una política vial más justa, transparente y orientada al bienestar público, reduciendo el impacto económico y social que han generado decisiones arbitrarias en el pasado.
