El regreso del caso Vizcarra al Parlamento
El expresidente Martín Vizcarra Cornejo volvió a ocupar el centro de atención política y judicial tras la reciente decisión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), presidida por Lady Camones Soriano (APP). Con 10 votos a favor, 0 en contra y 2 abstenciones, la SAC aprobó el informe final de la Denuncia Constitucional 499, que recomienda acusarlo por la presunta comisión de los delitos de falsedad genérica y omisión de consignar declaraciones en documentos.
La denuncia fue interpuesta por el exfiscal de la Nación (i), Juan Carlos Villena Campana, y se sustenta en los artículos 438 y 429 del Código Penal. El informe, elaborado por el congresista Jorge Montoya Manrique (Honor y Democracia), deberá ser elevado a la Comisión Permanente, paso previo para su debate en el Pleno del Congreso, que decidirá si se autoriza el procesamiento judicial del exmandatario.
¿Qué se le imputa a Martín Vizcarra?
De acuerdo con el documento aprobado, Vizcarra habría faltado a la verdad en al menos dos oportunidades durante su mandato.
El 9 de enero de 2019, en una conferencia de prensa, negó que su empresa C&M Vizcarra Ingenieros Contratistas tuviera vínculos con Odebrecht, pese a evidencias que demostrarían lo contrario.
Posteriormente, el 20 de enero de ese mismo año, en una entrevista televisiva, afirmó haber renunciado a su cargo en la empresa en marzo de 2018, cuando asumió la Presidencia, algo que tampoco se habría cumplido según los registros.
El informe parlamentario sostiene que estas declaraciones constituyen una alteración consciente de la verdad con fines políticos y de protección personal. La Subcomisión considera que tales actos afectan la transparencia que debe caracterizar a un funcionario de tan alta investidura.
Delitos y procedimiento constitucional
La acusación contra Vizcarra se enmarca dentro de un proceso constitucional y penal. Según el artículo 99 de la Constitución, el Congreso tiene la facultad de acusar a altos funcionarios por infracciones constitucionales o delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones.
De aprobarse la acusación en el Pleno, Vizcarra podría ser sometido a un proceso judicial ordinario, abriendo una nueva etapa en su ya extensa lista de investigaciones. Entre ellas figuran casos relacionados con contratos de obra pública, vacunación irregular (el denominado Vacunagate) y presuntos sobornos cuando fue gobernador de Moquegua.
Otras denuncias constitucionales en debate
Durante la misma sesión, la Subcomisión abordó tres informes de calificación con resultados diversos.
El primero, la Denuncia 532, presentada por la congresista Elizabeth Medina (Somos Perú), fue declarada improcedente. Esta denuncia buscaba responsabilizar a la presidenta del Tribunal Constitucional, Luz Pacheco Zerga, y a los magistrados Helder Domínguez, Manuel Monteagudo y César Ochoa por supuestas infracciones durante un proceso competencial entre el Congreso y el Poder Judicial.
El segundo caso, la Denuncia 583, formulada por la fiscal de la Nación Delia Espinoza Valenzuela contra la congresista Cheryl Trigozo (Renovación Popular), también fue archivado. Se le acusaba de haber contratado en su despacho parlamentario a un asistente que simultáneamente era manager del grupo musical Sonido 2000, donde ella misma canta. La denuncia fue rechazada por unanimidad con 13 votos.
Por otro lado, la Denuncia 625, interpuesta por Patricia Benavides contra Delia Espinoza, fue admitida parcialmente. En este caso, Espinoza habría desobedecido una resolución de la Junta Nacional de Justicia que ordenaba su reposición como fiscal suprema. La admisión del caso obtuvo 10 votos a favor y 3 en contra.
Vizcarra, Castillo y nuevas audiencias pendientes
La sesión de la Subcomisión también incluyó audiencias clave. Se reanudó el proceso por las Denuncias 362 y 464, acumuladas contra la congresista Katy Ugarte (JP-VP-BM), acusada de recortar sueldos a trabajadores de su despacho.
En esta audiencia participaron el fiscal adjunto supremo Ronald Flores Yáñez, la propia congresista y su defensa. La presidenta Camones otorgó cinco días hábiles a la delegada Ana Zegarra Saboya (Somos Perú) para presentar el informe final.
Acto seguido, se dio inicio a la Denuncia 403, presentada por la exfiscal de la Nación Patricia Benavides Vargas contra el expresidente Pedro Castillo Terrones y el exministro Walter Ayala Gonzales.
A ambos se les atribuye participación en una organización criminal que habría manipulado los ascensos militares y policiales en 2022. La audiencia fue reprogramada para el 4 de noviembre, y continuará de manera reservada para proteger los derechos de los denunciados.
Delegaciones y próximos pasos
Finalmente, Camones delegó a la congresista Karol Paredes Fonseca (Avanza País) la Denuncia 586, presentada también por Delia Espinoza, esta vez contra Pedro Castillo por negociación incompatible.
Con esta decisión, la Subcomisión mantiene su ritmo de trabajo en un contexto donde se acumulan más de 200 denuncias constitucionales en distintas fases de análisis, reflejando la judicialización de la política peruana.
El caso de Vizcarra, sin embargo, sobresale por su simbolismo: un expresidente que llegó al poder tras la promesa de lucha anticorrupción ahora enfrenta una acusación por mentir al país sobre sus propios vínculos empresariales.