El expresidente Martín Vizcarra volvió al centro del escenario judicial tras participar en la audiencia de apelación que busca revertir la prisión preventiva de cinco meses dictada en su contra el pasado 13 de agosto por el Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional. La Sala Penal de Apelaciones evaluará si existen fundamentos sólidos para mantenerlo privado de libertad o si corresponde modificar la medida por una menos gravosa.
Vizcarra, investigado por presuntos actos de corrupción durante su gestión como gobernador regional de Moquegua y presidente de la República, tomó la palabra durante la audiencia para defender su libertad y cuestionar los argumentos fiscales que motivaron su detención.
“Soy yo quien sufre las consecuencias”
Durante la sesión, Vizcarra solicitó más tiempo para exponer su defensa, alegando que los cinco minutos otorgados inicialmente eran insuficientes para explicar su posición. “Soy yo quien está sufriendo los efectos de esta decisión”, declaró, pidiendo al tribunal al menos diez minutos adicionales para sustentar por qué rechaza la prisión preventiva.
Su intervención se centró en dos ejes: la falta de nuevas pruebas que justifiquen su reclusión y la presunta vulneración de sus derechos fundamentales. Vizcarra recordó que la investigación en su contra se hizo pública en octubre de 2020, cuando aún era presidente, y que la filtración de dicha información habría sido determinante para su vacancia por parte del Congreso.
Pregunta clave: ¿Podrá el expresidente convencer al tribunal de que la prisión preventiva es desproporcionada frente a los cargos que enfrenta?
Cuestionamientos a la colaboración eficaz
Uno de los puntos más polémicos de la audiencia fue el cuestionamiento de Vizcarra sobre los acuerdos de colaboración eficaz que sustentan la acusación fiscal. Según el exmandatario, su defensa recién tuvo acceso a estos documentos semanas atrás, pese a que la investigación lleva más de cuatro años.
Vizcarra puso en duda la credibilidad de uno de los principales colaboradores eficaces, quien afronta más de 70 años de condena en otros casos de corrupción. Para la defensa, esto compromete la solidez de los testimonios en su contra.
El expresidente también sostuvo que la Fiscalía no ha presentado elementos nuevos que justifiquen el cambio de una medida de comparecencia con restricciones —que cumplía desde 2021— a una prisión preventiva.
“Tengo arraigo, no soy un riesgo de fuga”
En un tono firme, Vizcarra refutó el argumento fiscal que lo presenta como un posible riesgo de fuga. Señaló que mantiene arraigo familiar y laboral, pues vive con su esposa y sus dos hijos universitarios que dependen económicamente de él. “El acta de allanamiento de 2024 confirma que vivimos juntos”, enfatizó, subrayando que su residencia y vínculos familiares están plenamente acreditados.
Además, el exmandatario negó haber incumplido las reglas de conducta impuestas durante el proceso judicial. Recordó que ha asistido puntualmente a todas las citaciones y nunca ha intentado entorpecer la investigación. “Cuando pidieron mi prisión preventiva por primera vez, mi hijo menor estaba en el colegio; hoy está en la universidad. Eso demuestra que siempre he estado aquí”, recalcó.
Los próximos pasos del proceso
La Sala Penal de Apelaciones deberá resolver si confirma la prisión preventiva de cinco meses, revoca la medida o dispone una alternativa, como comparecencia con restricciones. Para ello, evaluará los alegatos de la defensa, los elementos aportados por la Fiscalía y el respeto a las garantías procesales durante el proceso.
La decisión será clave no solo para la situación jurídica de Vizcarra, sino también para el clima político del país. El caso se produce en medio de una crisis institucional marcada por procesos judiciales contra tres expresidentes en simultáneo, lo que refleja el alcance de las investigaciones anticorrupción en el Perú.
