Tres ministros del actual Gabinete Ministerial fueron citados al Congreso de la República para este lunes 20 de octubre, en el marco de una sesión conjunta convocada por las comisiones de Defensa y Transportes, donde deberán sustentar un proyecto de ley destinado a frenar la extorsión y el sicariato en el sector transporte.
La cita, programada para las 2:00 p. m., contará además con la participación del fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, quien ofrecerá la perspectiva del Ministerio Público sobre las implicancias penales de las medidas propuestas. Este encuentro busca articular una respuesta estatal frente a una problemática que se ha expandido desde las calles limeñas hasta las principales rutas regionales del país.
Un frente multisectorial ante la inseguridad
Los tres ministros convocados —Vicente Tiburcio (Interior), Aldo Prieto (Transportes) y Denisse Miralles (Economía y Finanzas)— deberán explicar cómo sus respectivas carteras coordinarán esfuerzos para enfrentar la violencia criminal en el transporte público y de carga.
Según fuentes legislativas, el proyecto que será sustentado incluye medidas extraordinarias de fiscalización, control financiero y sanción penal contra las redes delictivas que se han infiltrado en el sistema de transporte urbano. Las extorsiones a empresarios y conductores, así como los asesinatos por encargo o “ajustes de cuentas”, se han convertido en una de las principales preocupaciones del Ejecutivo y del Parlamento.
El Ministerio del Interior expondrá las acciones operativas que liderará la Policía Nacional del Perú (PNP) en materia de inteligencia, seguimiento y captura de bandas organizadas. En tanto, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) detallará los mecanismos de control de rutas, licencias y empresas que operan bajo presunta coacción criminal. Finalmente, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) presentará la evaluación presupuestal y la viabilidad de aplicar un fondo especial de emergencia para reforzar la seguridad del transporte.
Extorsión y sicariato: una amenaza en aumento
Durante los últimos años, el sector transporte se ha convertido en un foco de operaciones para el crimen organizado. Las organizaciones delictivas exigen pagos mensuales a conductores, empresas y consorcios, bajo amenaza de violencia. En varias regiones del norte y sur del país se han reportado asesinatos selectivos contra quienes se niegan a pagar las llamadas “cuotas de seguridad”.
Según cifras del Ministerio del Interior, más del 60 % de las denuncias por extorsión registradas entre 2023 y 2025 están vinculadas al transporte terrestre. En Lima, Trujillo, Chiclayo y Arequipa se concentran los casos más graves.
El proyecto que los ministros sustentarán ante el Congreso busca endurecer las sanciones penales por extorsión, tipificar el sicariato por encargo en transporte como delito agravado y crear una unidad especial de inteligencia financiera para rastrear los movimientos de dinero producto de estas actividades ilícitas.
El rol del Ministerio Público en la estrategia
La inclusión del fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, en la sesión parlamentaria, añade una dimensión clave al debate. Su participación busca fortalecer el respaldo técnico y legal de la propuesta legislativa.
El Ministerio Público considera que la lucha contra el sicariato y la extorsión requiere no solo de más presencia policial, sino de una persecución penal eficaz y coordinada. En ese sentido, la intervención del fiscal permitirá delinear los mecanismos de colaboración entre fiscales y policías en la recolección de pruebas, protección de testigos y procesos de investigación financiera.
Desde la Comisión de Defensa, los legisladores han subrayado que sin una estructura de justicia sólida, cualquier esfuerzo legislativo sería insuficiente. La articulación entre las instituciones del sistema de justicia será decisiva para enfrentar el avance del crimen organizado.
Congreso busca acelerar leyes de seguridad
El Congreso de la República atraviesa una fase de aceleración legislativa en materia de seguridad ciudadana. En lo que va del año, las comisiones parlamentarias han debatido más de una decena de proyectos vinculados al fortalecimiento de la PNP, la regulación del transporte público y la tipificación de delitos asociados a la extorsión.
La sesión de este lunes 20 será un punto de inflexión: los congresistas esperan definir un dictamen conjunto que permita elevar el proyecto al Pleno en los próximos días. El interés político en este tema ha crecido a raíz de los recientes ataques registrados contra empresarios y choferes en distritos como San Martín de Porres, Villa El Salvador y El Agustino.
“El transporte público no puede seguir siendo rehén del crimen”, señaló un legislador de la Comisión de Transportes. “Necesitamos normas que permitan al Estado intervenir con fuerza, pero también con responsabilidad”.
Impacto económico y social del crimen en el transporte
El problema de la inseguridad en el transporte no solo afecta a los empresarios, sino a miles de ciudadanos que utilizan diariamente los servicios urbanos y provinciales. La paralización de rutas por amenazas o asesinatos genera pérdidas millonarias y un clima de miedo entre los trabajadores del sector.
De acuerdo con un informe del MTC, solo en Lima Metropolitana las pérdidas por extorsión superaron los 200 millones de soles en 2024, producto de cobros ilegales, daños a vehículos y suspensión de operaciones. En regiones como La Libertad y Piura, las mafias han impuesto tarifas clandestinas a mototaxistas y conductores interprovinciales.
El Ministerio de Economía busca enfrentar este impacto a través de incentivos tributarios y líneas de crédito para pequeñas empresas de transporte afectadas por la criminalidad. Sin embargo, la medida dependerá del respaldo político y presupuestal del Congreso.
Un reto de Estado frente al crimen organizado
El proyecto legislativo que será sustentado este lunes no se limita a una respuesta coyuntural. Su enfoque multisectorial apunta a establecer una política nacional de seguridad en el transporte, donde converjan los ministerios del Interior, Transportes, Economía, Justicia y el propio Ministerio Público.
Analistas consultados por Caretas consideran que esta iniciativa es una oportunidad para construir una estrategia de Estado sostenida, capaz de desarticular las redes de extorsión, fortalecer el control de rutas y proteger la vida de los transportistas.
La sesión conjunta en el Congreso marcará el inicio de un debate clave sobre cómo enfrentar al crimen organizado con herramientas legales efectivas y con un compromiso institucional que trascienda los gobiernos de turno.