El fiscal supremo Tomás Gálvez Villegas denunció ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ) a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, por presuntamente incumplir la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que ordenaba su reincorporación como fiscal supremo. Según Gálvez, Espinoza habría implementado maniobras dilatorias para impedir su regreso, lo que constituiría, a su juicio, una falta muy grave.
En el documento presentado ante la JNJ, Gálvez sostiene que Espinoza recurrió a acciones fuera de sus competencias, incluyendo solicitudes a la propia Junta y un pedido a la Corte Suprema para que se le impusiera una suspensión de tres años. “La fiscal de la Nación, al abocarse a conocimiento y solicitar al juzgado, ha incurrido en falta muy grave”, señala el escrito, remarcando que dichas acciones contravienen una sentencia firme del TC.
Antecedentes de la restitución
En abril de este año, el Tribunal Constitucional anuló el procedimiento disciplinario de la JNJ que había destituido a Gálvez, ordenando su reincorporación inmediata al cargo. Sin embargo, el fiscal denunciante afirma que Espinoza habría intentado obstaculizar esta restitución mediante diversas solicitudes y requerimientos que excedían sus facultades. Gálvez compara estas maniobras con las que habrían retrasado la reincorporación de su antecesora, Patricia Benavides.
El fiscal también subrayó que el deber de cumplimiento de la sentencia es aún más relevante para la fiscal de la Nación, cuya función principal es garantizar la legalidad y la recta administración de justicia. Según Gálvez, Espinoza actuó a pesar de existir una denuncia constitucional en su contra en el Congreso, lo que, a su criterio, limitaba su capacidad para intervenir en su reincorporación.
Rechazo judicial y contexto institucional
El juez supremo provisional Juan Carlos Checkley ya había rechazado un pedido de suspensión contra Gálvez formulado por Espinoza, lo que, según el denunciante, evidencia que la fiscal de la Nación actuó sin competencia y en contravención de la Constitución.
La denuncia se enmarca en un contexto de fuertes tensiones dentro del Ministerio Público, donde la gestión de Espinoza ha sido cuestionada por diversos sectores, mientras su defensa insiste en que todas sus actuaciones se realizan dentro del marco legal. El caso reabre el debate sobre cómo se ejecutan las resoluciones del TC frente a los procesos disciplinarios de la JNJ, generando un nuevo capítulo en la disputa institucional.
Posibles consecuencias
Si la JNJ admite la denuncia y determina responsabilidad, Espinoza podría enfrentar sanciones que van desde medidas disciplinarias hasta la suspensión temporal de sus funciones. Por ahora, la Junta deberá evaluar los argumentos de Gálvez y decidir si procede a abrir un procedimiento disciplinario formal.
El caso refleja un conflicto abierto que podría afectar la estabilidad de la gestión actual del Ministerio Público, mientras se mantiene la atención sobre el cumplimiento de las sentencias del Tribunal Constitucional y la independencia de los órganos de control.