Susel Paredes plantea mandato fijo de dos años para el jefe de la PNP

Proyecto de ley busca reducir la alta rotación en la comandancia general de la Policía y establecer evaluaciones periódicas con rendición de cuentas.

por Edgar Mandujano

La congresista Susel Paredes presentó un proyecto de ley que propone establecer un plazo fijo de dos años para la permanencia del comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), con el objetivo de fortalecer la institucionalidad, reducir la alta rotación en el cargo y garantizar una gestión basada en resultados verificables en la lucha contra el crimen.

La iniciativa legislativa, identificada como Proyecto de Ley N.º 13864/2025-CR, plantea modificar los criterios actuales de designación y permanencia de la máxima autoridad policial, incorporando principios de meritocracia, antigüedad, evaluación técnica y rendición de cuentas, en un contexto marcado por la inseguridad ciudadana y los frecuentes cambios en la cúpula policial.

Plazo fijo para reducir la inestabilidad en la PNP

Uno de los ejes centrales del proyecto es establecer que el comandante general de la PNP permanezca en el cargo por un periodo fijo de dos años, salvo causales excepcionales. Según el documento, en los últimos años más de diez comandantes generales han pasado por el puesto, lo que habría afectado la continuidad de las políticas de seguridad y la planificación estratégica de la institución.

La propuesta señala que el comandante general sería designado por el Presidente de la República, a propuesta del Ministro del Interior, entre los tres oficiales generales de armas más antiguos, en situación de actividad y con el grado de teniente general, respetando estrictamente el orden de antigüedad.

Evaluaciones semestrales y rendición de cuentas

El proyecto de ley también incorpora un sistema de evaluación semestral del desempeño, sustentado en indicadores objetivos, criterios técnicos y metas verificables, con el fin de asegurar que la gestión policial esté orientada a resultados concretos en beneficio de la ciudadanía.

Según la iniciativa, estas evaluaciones permitirían medir avances en seguridad ciudadana, gestión institucional y eficiencia operativa, promoviendo una competitividad basada en resultados dentro de la PNP y fortaleciendo la confianza pública en la institución.

Además, se plantea que la rendición de cuentas sea un componente central del cargo, alejándose de esquemas discrecionales y reforzando la transparencia en la conducción policial.

Meritocracia y bienestar institucional

Otro aspecto destacado del proyecto es el énfasis en la meritocracia y el bienestar interno de la Policía Nacional. El texto subraya que la carrera policial debe promover la realización personal y profesional de sus integrantes, basada en el cumplimiento consciente de funciones y no en mecanismos de castigo o presión interna.

La propuesta sostiene que una conducción estable y predecible de la institución permitiría mejorar el clima laboral, fortalecer la disciplina profesional y optimizar el desempeño de los mandos policiales en todos los niveles.

Causales de cese anticipado

Si bien el proyecto establece un mandato fijo de dos años, también define las causales de cese anticipado del comandante general antes de cumplir el periodo. Estas incluyen: fallecimiento, renuncia voluntaria y solicitud de pase a retiro, incapacidad física permanente, o incurrir en una falta muy grave conforme al régimen disciplinario de la PNP.

De acuerdo con la congresista Susel Paredes, estas disposiciones buscan equilibrar la estabilidad en el cargo con mecanismos de control que aseguren una gestión íntegra y responsable.

Debate en el contexto de la inseguridad ciudadana

La iniciativa se presenta en un momento en el que la seguridad ciudadana es una de las principales preocupaciones de la población y del debate político. En ese marco, la propuesta abre la discusión sobre la necesidad de reformas estructurales en la conducción de la Policía Nacional, orientadas a mejorar su eficacia y recuperar la confianza ciudadana.

El proyecto deberá ser evaluado en las comisiones correspondientes del Congreso, donde se analizará su impacto institucional y su viabilidad en el actual marco normativo.

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