La exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, ha solicitado oficialmente a la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) que asuma el costo de su defensa legal en la investigación que enfrenta por presuntas irregularidades en la obra de Recuperación de la Plaza de Bandera. El pedido, ingresado recientemente a la comuna limeña, incluye el pago de honorarios a un abogado particular y plantea que los fondos públicos deberían cubrir su representación debido a que los hechos ocurrieron durante su mandato.
La solicitud llega en un contexto judicial todavía en curso, en el cual la exautoridad municipal figura como una de las investigadas por el Ministerio Público por presuntos actos de corrupción en la mencionada obra pública. Villarán alega que la intervención del Estado en su defensa está justificada, ya que los hechos que se le imputan están directamente relacionados con sus funciones como alcaldesa de la capital entre 2011 y 2014.
¿Qué pide Susana Villarán?
Según el expediente ingresado a la MML, Villarán ha adjuntado una propuesta de defensa legal que contempla la contratación de un abogado privado para representarla durante el proceso. Además, incluyó documentos en los que se compromete a reembolsar el dinero invertido por la municipalidad en caso de que se demuestre su culpabilidad o si el proceso judicial concluye en su contra.
El argumento principal de la exalcaldesa es que el Estado, en este caso la entidad edil que presidió, debe garantizar una defensa jurídica adecuada cuando los hechos judicializados se vinculan a su gestión pública. Bajo esta lógica, no se trataría de un beneficio individual sino de una acción de responsabilidad institucional.
¿Qué investiga la Fiscalía?
El caso en el que está implicada Villarán está relacionado con presuntas irregularidades en la adjudicación y ejecución del proyecto de recuperación de la Plaza de Bandera, ubicado en el distrito de Pueblo Libre. Según fuentes fiscales, existen indicios de favorecimiento a empresas contratistas y posibles sobrecostos en la obra.
Aunque la investigación sigue su curso y no se ha emitido hasta el momento una resolución definitiva, el Ministerio Público ha señalado que analiza la responsabilidad de varios exfuncionarios de la gestión de Villarán, incluida ella misma. La exburgomaestre ya afronta otros procesos penales por colusión agravada y lavado de activos, en casos emblemáticos como el de Odebrecht y OAS, empresas que habrían financiado su campaña de reelección a cambio de beneficios contractuales.
Evaluación legal y política de la solicitud
La Municipalidad de Lima deberá ahora decidir si acepta o rechaza el pedido. Para ello, se requerirá un análisis técnico de la Procuraduría Municipal, además de informes legales de las áreas correspondientes. Este tipo de solicitudes, aunque poco frecuentes, no son inéditas. En anteriores ocasiones, otros exfuncionarios han solicitado coberturas similares bajo la misma justificación: defensa por actos realizados en ejercicio del cargo.
Sin embargo, la decisión puede tener implicancias políticas significativas. Aceptar el financiamiento podría ser interpretado como un gesto de respaldo institucional a Villarán, en medio de un proceso altamente sensible. Por el contrario, negarlo también podría derivar en cuestionamientos por parte de sectores que exigen garantías del debido proceso, sobre todo cuando aún no se ha dictado sentencia alguna.
De ser aceptada, la defensa legal con fondos públicos deberá estar sujeta a mecanismos de control y fiscalización estrictos. El reglamento administrativo contempla, en estos casos, el uso limitado de recursos municipales, el registro de los desembolsos y la devolución obligatoria en caso de condena o uso indebido.
Un proceso con eco político y social
La figura de Susana Villarán sigue generando controversia en la opinión pública. Tras convertirse en la primera alcaldesa de Lima en 2011, su gestión fue objeto de constantes cuestionamientos, culminando con su fallida reelección y el inicio de múltiples procesos judiciales por presuntos delitos contra la administración pública.
La solicitud de pago de defensa legal no solo revive el debate sobre la responsabilidad política de los exfuncionarios, sino también sobre el uso de fondos públicos en litigios penales. Organizaciones de la sociedad civil ya se han pronunciado cuestionando la posibilidad de que la MML financie con dinero del erario una defensa en casos de corrupción.
Por ahora, la comuna limeña no ha emitido un pronunciamiento oficial, aunque se espera que lo haga en los próximos días, tras la revisión de los informes internos. Mientras tanto, la exalcaldesa se mantiene en libertad, con restricciones, a la espera de avances en el proceso judicial que podría marcar un nuevo capítulo en uno de los casos de presunta corrupción más emblemáticos de los últimos años en el país.
