¿Puede un gobernador regional desligarse de la responsabilidad política en una obra pública de S/ 194 millones adjudicada a una empresa sin experiencia?
Esa es la pregunta que ronda hoy al despacho del gobernador regional de La Libertad, César Acuña, luego de la difusión de un reportaje de Cuarto Poder que reveló presuntas irregularidades en la licitación del nuevo hospital de Virú. En respuesta, el congresista Eduardo Salhuana —integrante de su partido, Alianza para el Progreso (APP)— negó tajantemente cualquier vínculo de Acuña con actos de corrupción.
“Nunca en su vida se le podrá atribuir actos de corrupción”, declaró Salhuana en defensa del líder de APP.
El reportaje cuestiona que la millonaria obra haya sido entregada a un consorcio sin experiencia comprobada en infraestructura hospitalaria, cuyo principal socio está inhabilitado profesionalmente y cuya cofundadora es una joven de 23 años sin historial técnico en el rubro. Pese a ello, la primera piedra ya fue colocada por el propio gobernador el 8 de julio, en un evento público junto al Ministerio de Salud.
Defensa cerrada desde el Congreso
Desde el Parlamento, el congresista Eduardo Salhuana sostuvo que toda denuncia debe ser investigada, pero pidió no apresurarse en juzgar a Acuña. “Toda denuncia periodística merece respeto y debe investigarse, pero no se puede condenar sin pruebas”, indicó. Añadió que las contrataciones del Estado están sujetas a la Ley de Contrataciones y no dependen de decisiones personales del gobernador regional.
Según su defensa, los procesos de licitación son públicos, fiscalizados y cuentan con filtros técnicos. “Los proveedores deben cumplir requisitos legales, estar registrados ante el OSCE y someterse a procedimientos objetivos”, explicó. Por tanto, descartó que el gobernador Acuña haya intervenido directamente en la adjudicación de la obra.
Sin embargo, lo que no explicó el parlamentario fue por qué un consorcio inexperto, con propietarios sin trayectoria en infraestructura hospitalaria, logró adjudicarse una de las obras más costosas del sector salud en la región.
Las revelaciones del reportaje
Cuarto Poder expuso que el consorcio Hospital Virú, beneficiado con la obra valorizada en más de S/ 194 millones, está liderado por Joel Yangari Cartolín, de 38 años, quien posee el 49% de la empresa y actualmente está inhabilitado por el Colegio de Ingenieros del Perú. Antes de esta licitación, su compañía, JM Constructores Peruanos, apenas había ejecutado servicios menores por montos inferiores a S/ 33 mil.
La otra socia principal, Lucero Cocca Condori, de 23 años, no registra antecedentes en ejecución de obras públicas. Posee el 50% del consorcio. El 1% restante pertenece a una firma extranjera con trayectoria, pero sin poder de decisión dentro del consorcio.
Estas revelaciones generan serias dudas sobre la capacidad técnica del consorcio para ejecutar una obra hospitalaria de gran envergadura, y plantean cuestionamientos sobre la transparencia del proceso licitatorio en el Gobierno Regional de La Libertad.
La obra y la escena política
El pasado 8 de julio, César Acuña participó del acto protocolar en Virú para dar inicio a la obra. “Estamos cumpliendo con el sueño de mis hermanos de Virú”, dijo el gobernador durante el evento, acompañado del ministro de Salud. Las imágenes del evento fueron difundidas por la propia oficina de prensa del Gobierno Regional.
El gesto político de colocar la primera piedra suele estar reservado para obras emblemáticas. En este caso, no solo se trataba de una inversión significativa, sino de un proyecto que Acuña había prometido durante su campaña. La adjudicación del hospital fue anunciada como un logro, pero las condiciones en que se otorgó el contrato desataron una tormenta mediática y política.
La defensa partidaria y los límites del blindaje
En su declaración, Salhuana también hizo un llamado a respetar el debido proceso. “No se puede dañar la honorabilidad de un político sin pruebas”, afirmó. Sin embargo, esta defensa política llega en medio de una creciente desconfianza ciudadana hacia las contrataciones públicas y la ineficiencia de los organismos de control.
Aunque no se ha demostrado una intervención directa de César Acuña en la adjudicación, la responsabilidad política no puede ignorarse. Como titular del gobierno regional, recae sobre él la supervisión general de los procesos administrativos, así como la elección y monitoreo de los funcionarios que conducen las licitaciones.
Las preguntas que quedan son inevitables: ¿cómo una empresa sin historial técnico logró superar los filtros del sistema de contrataciones? ¿Se cumplieron todos los requisitos exigidos por ley? ¿Hay funcionarios comprometidos en favorecer a postores sin capacidad comprobada?
El caso Virú como síntoma
El caso del Hospital de Virú no es solo una controversia regional. Representa un síntoma recurrente de cómo, en muchas partes del Perú, la falta de controles efectivos permite que contratos millonarios terminen en manos inexpertas, poniendo en riesgo obras esenciales y recursos públicos.
El sistema debería garantizar que cada sol invertido tenga respaldo técnico y legal. Sin embargo, como lo muestra este caso, la fiscalización llega tarde, cuando el daño ya está en curso.
Mientras tanto, la respuesta política ha sido el blindaje inmediato, antes que una investigación a fondo. La defensa de Salhuana refuerza la percepción de que, en lugar de deslindes firmes, lo que predomina es la lealtad partidaria frente a la rendición de cuentas.
