La figura de Betssy Chávez Chino, ex primera ministra de Pedro Castillo e investigada por su presunta participación en el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022, vuelve al centro del debate político. Tras la solicitud del congresista Roberto Sánchez, de la bancada Juntos por el Perú-Voces del Pueblo, para que Chávez sea contratada como asesora de su despacho, el parlamentario Fernando Rospigliosi encendió la polémica en redes sociales.
En un mensaje publicado en su cuenta de X (antes Twitter), Rospigliosi, primer vicepresidente del Congreso, cuestionó duramente el pedido y aseguró que es incompatible con la condición actual de la exfuncionaria. “La golpista Betssy Chávez no puede ser contratada por el Congreso. El golpista Roberto Sánchez quiso contratarla. Sin embargo, no es posible hacerlo debido a que Chávez, al ser congresista suspendida, tiene incompatibilidad”, escribió.
El argumento constitucional: el artículo 92
El debate no se limita a un enfrentamiento político. La posición de Rospigliosi se sostiene en el artículo 92 de la Constitución Política del Perú, que establece que el mandato de los congresistas es “incompatible con el ejercicio de cualquiera otra función pública, excepto la de ministro de Estado”.
Dado que Chávez sigue siendo congresista suspendida, no puede desempeñar ninguna otra función en el sector público, incluida la de asesora parlamentaria. En este contexto, el pedido de Sánchez sería inválido jurídicamente, aun si Chávez cumpliera con todos los requisitos académicos y profesionales.
¿Puede el Congreso contratar a Betssy Chávez pese a su suspensión? Según la interpretación de Rospigliosi y expertos constitucionalistas, no. Su condición legal le impide asumir cargos dentro del aparato estatal mientras esté vigente la medida en su contra.
El pedido de Sánchez y la defensa de Chávez
El 6 de septiembre, mediante el requerimiento de personal N.° 10533, el congresista Roberto Sánchez solicitó oficialmente que Betssy Chávez sea contratada como asesora de confianza de nivel 8 en su despacho parlamentario.
El pedido se presentó dos días después de que la Fiscalía anunciara en audiencia el desistimiento formal de la prisión preventiva contra Chávez, en el marco de la investigación por su presunta implicación en el intento de golpe de Estado.
Sánchez defendió públicamente su solicitud desde los exteriores de la clínica Cayetano Heredia, donde la exfuncionaria se recupera tras una intervención médica. “Si no tiene ningún impedimento para laborar, para trabajar, procede. Y si cumple los requisitos. La Dra. Betssy es titulada, tiene maestría, tiene formación profesional. Yo estaría contentísimo de que sea soporte profesional en mi despacho parlamentario”, declaró.
Un debate con impacto político y jurídico
Este enfrentamiento reaviva las tensiones políticas entre los sectores cercanos al expresidente Pedro Castillo y las bancadas que defienden la actual conducción del Congreso.
Para Rospigliosi, la contratación de Betssy Chávez no es solo un asunto administrativo, sino una violación constitucional que podría generar un nuevo enfrentamiento institucional. Por su parte, Sánchez insiste en que no existe ningún impedimento legal mientras la investigación no derive en una condena firme.
En paralelo, la situación de Chávez sigue siendo incierta. Aunque la Fiscalía desistió de la prisión preventiva, la ex primera ministra continúa procesada por el intento de quebrar el orden constitucional en diciembre de 2022, junto con otros exfuncionarios del régimen de Castillo.
Claves del caso
- Betssy Chávez es investigada por su presunta participación en el golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.
- El congresista Roberto Sánchez pidió contratarla como asesora parlamentaria.
- Fernando Rospigliosi afirma que la solicitud es inválida, amparándose en el artículo 92 de la Constitución.
- La Fiscalía retiró el pedido de prisión preventiva, pero el proceso contra Chávez sigue en curso.
- El caso abre un nuevo frente de confrontación entre las bancadas del Congreso.
