La creciente ola de criminalidad que golpea al país volvió a instalarse en el centro del debate político. El presidente encargado del Congreso de la República, Fernando Rospigliosi Capurro, sostuvo que el Perú enfrenta un nivel de violencia “extremo” y que ya no es posible combatir la delincuencia con herramientas convencionales. Sus declaraciones se produjeron luego del asesinato de Elena Rojas Alcalde, regidora del distrito de Chicama, en la región La Libertad, durante un ataque armado ocurrido en el centro poblado de Sausal.
Desde el Hall de los Pasos Perdidos del Parlamento, Rospigliosi fue enfático al señalar que el crimen organizado ha alcanzado niveles de brutalidad que obligan al Estado a adoptar medidas excepcionales y radicales. “No podemos enfrentar esta delincuencia con medios normales. Se requieren soluciones radicales”, remarcó ante la prensa, en un pronunciamiento que refuerza la línea dura que viene planteando desde hace meses en materia de seguridad ciudadana.
Un crimen que refleja la crisis de seguridad
El asesinato de la regidora Elena Rojas Alcalde, ocurrido este jueves en La Libertad, fue calificado por Rospigliosi como un hecho “terrible” que evidencia el deterioro acelerado de la seguridad en distintas zonas del país. El ataque armado, perpetrado en pleno espacio público, se suma a una serie de hechos violentos registrados en el norte peruano, una de las regiones más golpeadas por la expansión de organizaciones criminales vinculadas a la extorsión, el sicariato y el control territorial.
Para el titular del Congreso, este tipo de crímenes ya no puede ser interpretado como hechos aislados, sino como parte de un fenómeno estructural que ha superado la capacidad de respuesta tradicional del Estado. En ese sentido, advirtió que la violencia se ha vuelto “salvaje” y que el país enfrenta una amenaza que requiere una estrategia distinta a la aplicada hasta ahora.
Críticas a la capacidad del Ejecutivo de transición
Rospigliosi también se refirió a las limitaciones del actual Gobierno para enfrentar la crisis de inseguridad. Si bien reconoció que el Ejecutivo debe actuar dentro de sus posibilidades, sostuvo que su condición de gobierno de transición restringe la aplicación de decisiones más drásticas.
“El Gobierno no está aplicando soluciones radicales porque, como sabemos, es de transición”, afirmó, al tiempo que expresó su expectativa de que la próxima administración asuma con mayor firmeza el combate contra la criminalidad. Según indicó, el país necesita un gobierno con “energía, decisión y valentía” para enfrentar a las organizaciones criminales que operan con creciente impunidad.
Estas declaraciones se producen en un contexto de fuerte cuestionamiento ciudadano a la eficacia de las políticas de seguridad, en medio de estados de emergencia prolongados, incremento de homicidios y una percepción generalizada de ausencia del Estado en zonas críticas.
Redadas masivas y prisiones provisionales
Entre las medidas concretas planteadas por el presidente encargado del Congreso, destacó la necesidad de redadas masivas y la habilitación de prisiones provisionales para albergar a las personas detenidas en este tipo de operativos. A su juicio, el sistema actual no está diseñado para enfrentar una criminalidad organizada que actúa con rapidez, violencia y capacidad de intimidación.
“Hay que tener prisiones provisionales para meter a la gente que cae en esas redadas masivas”, señaló, sugiriendo que el enfoque debe priorizar el control inmediato del territorio y la neutralización de bandas criminales, incluso si ello implica adoptar medidas extraordinarias.
Rospigliosi también puso como ejemplo recientes operativos policiales de alto impacto, como los realizados en la Vía Expresa, donde unidades especializadas lograron desarticular bandas mediante acciones coordinadas entre inteligencia policial y fuerzas tácticas.
Acciones contundentes contra el crimen organizado
En su mensaje, el titular del Parlamento subrayó la importancia de combinar labores de investigación con intervenciones directas y contundentes. Mencionó el rol de los detectives en la identificación de estructuras criminales, así como la participación de unidades especiales como la SUAT en operativos armados.
“Necesitamos ese tipo de soluciones radicales”, enfatizó, insistiendo en que el nivel de criminalidad alcanzado en el país no puede ser enfrentado con estrategias convencionales ni respuestas graduales. Sus palabras reflejan una visión de seguridad que prioriza el uso de la fuerza del Estado como elemento disuasivo frente al crimen organizado.
Facultades legislativas ya otorgadas
Rospigliosi recordó que el Congreso ya ha otorgado al Ejecutivo facultades legislativas en materia de seguridad ciudadana, lo que permite al Gobierno emitir decretos legislativos dentro de un plazo determinado. Según indicó, estas herramientas normativas están disponibles y pueden ser utilizadas cuando el Ejecutivo lo considere pertinente.
“Las facultades delegadas en asuntos de seguridad ciudadana ya se le dieron al Gobierno”, precisó, deslizando que la falta de acciones más drásticas no responde a ausencia de marco legal, sino a decisiones políticas.
Nueva sesión de la Comisión Permanente antes de fin de año
Finalmente, el presidente encargado del Congreso anunció la convocatoria de una nueva sesión de la Comisión Permanente para antes del 31 de diciembre. El objetivo será aprobar, en segunda votación, proyectos urgentes enviados por el Ejecutivo, principalmente en materia económica.
Rospigliosi detalló que esta sesión se realizaría el 29 de diciembre y estará enfocada exclusivamente en iniciativas que ya fueron aprobadas en primera votación. Con ello, el Parlamento busca cerrar el año legislativo atendiendo asuntos considerados prioritarios por el Gobierno.
En un escenario marcado por la inseguridad ciudadana y la presión social por resultados concretos, las declaraciones de Rospigliosi reabren el debate sobre hasta dónde debe llegar el Estado en el uso de medidas excepcionales para recuperar el control frente a una criminalidad cada vez más violenta.