Rospigliosi presenta denuncia ante la JNJ
El presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi Capurro, presentó una denuncia formal ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ) contra la jueza constitucional Rocío del Pilar Rabines Briceño, a quien acusa de prevaricato. Según Rospigliosi, la magistrada habría incumplido la Ley 32301, que regula la actuación de la APCI y de las organizaciones no gubernamentales (ONG) en el país.
Rospigliosi explicó que esta norma prohíbe expresamente el uso de fondos de origen extranjero para promover demandas judiciales que busquen debilitar al Estado peruano. Consideró grave que ciertas ONG utilicen recursos provenientes del exterior para emprender acciones contra instituciones fundamentales como las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, encargadas de la defensa nacional y el orden interno.
La denuncia fue ingresada formalmente a través de la mesa de partes virtual de la JNJ, iniciando el proceso disciplinario contra la jueza.
Preocupación por procedimientos judiciales irregulares
Rospigliosi también participó de manera virtual en una sesión de un tribunal que procesa a miembros de las Fuerzas Armadas por el caso Cayara. El presidente del Congreso calificó el procedimiento como irregular e ilegal, al considerar que desconoce la Ley 32107, que regula los delitos de lesa humanidad.
“La audiencia ha sido nuevamente postergada hasta el 30 de enero. Me preocupa que los jueces salgan de vacaciones el 1 de febrero. Espero que el caso se resuelva conforme a la ley, tal como lo ha determinado el Tribunal Constitucional, que validó la vigencia de la Ley 32107”, afirmó.
Rospigliosi insistió en que todos los jueces deben aplicar la ley vigente y pidió el cese de lo que calificó como una “persecución ilegal” contra policías y militares que participaron en la lucha contra el terrorismo en las décadas de 1980 y 1990.
Informe de licitaciones y aclaraciones sobre debates en el Pleno
En otro tema, Rospigliosi negó que el Congreso haya “encarpetado” el informe final de la comisión que investigó las licitaciones públicas otorgadas a empresas chinas. Explicó que el informe se debatió en el Pleno del 16 de mayo de 2024, pero surgieron varias observaciones y críticas, por lo que se decidió un cuarto intermedio a solicitud del presidente de la comisión, Héctor Valer.
Para que el informe vuelva al Pleno, precisó Rospigliosi, debe ser presentado corregido y luego priorizado en una sesión de Junta de Portavoces. “No se puede poner a debate un informe que aún no ha sido presentado. Primero debe entregarse la versión corregida y luego priorizarse para su discusión”, indicó.
Limitaciones sobre la convocatoria de sesiones extraordinarias
Respecto a la convocatoria de sesiones extraordinarias del Pleno, Rospigliosi aclaró que, según el artículo 50 del Reglamento del Congreso, él no tiene facultad para convocarlas. Esta función corresponde únicamente al presidente de la República, con una agenda específica e inamovible, y siempre que la solicitud esté suscrita por 78 congresistas, también con agenda definida.
El presidente encargado enfatizó la importancia de respetar los procedimientos establecidos, evitando convocatorias irregulares que puedan vulnerar la normativa vigente.
Compromiso con la legalidad y transparencia parlamentaria
Rospigliosi destacó que sus acciones buscan garantizar la transparencia y legalidad en los procesos legislativos y judiciales. La denuncia contra la jueza y las aclaraciones sobre el informe de licitaciones buscan reforzar la confianza en las instituciones y prevenir el uso indebido de la ley para fines políticos.
Con estas medidas, el presidente encargado reafirma su compromiso con el cumplimiento de la ley, el respeto a la institucionalidad y la correcta aplicación de las normas que regulan tanto a las ONG como la actividad parlamentaria.