El congresista Roberto Sánchez, de la bancada Juntos por el Perú – Voces del Pueblo, presentó el Proyecto de Ley N.° 12137/2025-CR, que busca derogar por completo la polémica Ley N.° 32419, promulgada el pasado 13 de agosto de 2025, la cual otorga amnistía a miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP), las Fuerzas Armadas (FF.AA.) y comités de autodefensa procesados o sentenciados por delitos cometidos durante el conflicto armado interno (1980-2000).
Según el parlamentario, esta norma representa un grave retroceso en materia de justicia, verdad y reparación, y contradice abiertamente compromisos internacionales suscritos por el Estado peruano.
“La ley vigente exonera de responsabilidad penal a quienes participaron en violaciones graves de derechos humanos. No puede haber impunidad para crímenes como tortura, desaparición forzada o ejecuciones extrajudiciales”, enfatizó Sánchez en conferencia de prensa.
Proyecto plantea derogar la ley sin modificar su contenido
A diferencia de otras propuestas que buscan enmendar aspectos puntuales de la ley, el proyecto de Sánchez plantea su derogación total, sin concesiones ni ajustes.
Desde su promulgación, la Ley N.° 32419 ha sido duramente cuestionada tanto a nivel nacional como internacional. Diversas organizaciones de derechos humanos, así como entidades como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), han advertido que la medida viola tratados internacionales y podría dejar impunes crímenes considerados de lesa humanidad.
En el documento legislativo, se hace mención directa a casos emblemáticos de violencia estatal, como los ocurridos en Accomarca, Cayara, Chuschi y Pucayacu, y se argumenta que la ley favorece a quienes “trasgredieron la ley y violaron los derechos fundamentales”, rompiendo con los principios de justicia y legalidad.
Argumentos jurídicos: ¿qué dice el derecho internacional?
El proyecto de derogación está sustentado en jurisprudencia internacional, particularmente en el caso Barrios Altos vs. Perú (Corte IDH, 2001), en el que se estableció que las leyes de amnistía que impiden la investigación y sanción de graves violaciones a los derechos humanos son incompatibles con la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Además, se cita la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, que impide invocar el derecho interno para incumplir obligaciones internacionales. Con estos argumentos, Sánchez busca blindar el proyecto legal desde el plano constitucional y garantizar su viabilidad frente a posibles demandas de inconstitucionalidad.
La CIDH, por su parte, emitió un comunicado tras la promulgación de la ley original, indicando que esta norma “contraviene principios básicos del derecho internacional” y debilita los mecanismos de justicia transicional en el país.
¿A quiénes protege la ley y a quiénes afectaría su derogación?
Uno de los puntos más críticos del proyecto es que la ley actualmente en vigencia beneficiaría a más de 900 miembros de las fuerzas del orden, incluyendo a efectivos de la PNP y las FF.AA., que enfrentan investigaciones o ya han sido condenados por delitos cometidos en el marco de la lucha contra el terrorismo.
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) ha alertado que, de no derogarse, la ley permitiría el archivo de procesos penales vigentes y la anulación de sentencias firmes, dejando a las víctimas y sus familias sin acceso a la justicia.
Para el congresista Sánchez, esta situación no solo representa un agravio para las víctimas, sino también para los miembros de las instituciones que actuaron conforme a la legalidad y respetando los derechos humanos. “No se puede poner en el mismo saco a todos los uniformados. La amnistía generalizada mancha también a quienes cumplieron con su deber de forma íntegra”, sostuvo.
Fortalecimiento del Estado de derecho y cumplimiento de compromisos internacionales
La iniciativa legislativa se enmarca dentro de los lineamientos del Acuerdo Nacional, en los puntos referidos al fortalecimiento de la democracia, el respeto a los derechos humanos y la erradicación de toda forma de impunidad.
En ese sentido, Sánchez argumenta que la derogación de la ley permitirá al Estado peruano cumplir con sus obligaciones internacionales, reafirmar el principio de legalidad y consolidar la institucionalidad democrática.
“Este proyecto no es una persecución política, sino una acción responsable y necesaria para que el Perú no se convierta en un país que legaliza la impunidad”, afirmó.
¿Qué podría pasar si se deroga la ley?
De aprobarse el proyecto, se restablecerían los procesos judiciales en curso contra los beneficiarios de la ley de amnistía, se evitaría que condenas firmes sean anuladas, y se garantizaría seguridad jurídica para las víctimas.
Además, se enviaría un mensaje contundente desde el Parlamento en defensa de la justicia y contra toda forma de encubrimiento institucional. También se evitaría el riesgo de futuras sanciones internacionales por incumplimiento de tratados en materia de derechos humanos.
En un país donde la memoria del conflicto armado sigue abierta y donde las heridas aún no cicatrizan, el debate sobre este proyecto será crucial para definir qué tipo de justicia y democracia queremos consolidar.
