La ofensiva de Washington contra el régimen chavista alcanzó un nuevo punto de quiebre esta semana. El Departamento de Justicia de Estados Unidos, bajo el liderazgo de la fiscal especial Pam Bondi, relanzó las acusaciones de narcotráfico contra Nicolás Maduro y su círculo íntimo, al tiempo que elevó la recompensa por su captura a US$50 millones. Se trata del doble de la cifra ofrecida por Osama Bin Laden en los años posteriores al 11 de septiembre.
Las denuncias no son nuevas. Desde 2020, tribunales federales de Nueva York y Florida investigan a Maduro y a figuras claves de su régimen por su presunta participación en el llamado “Cartel de los Soles”, una red integrada por militares de alto rango, funcionarios y guerrilleros de las FARC que habría utilizado a Venezuela como plataforma de salida de cocaína hacia Estados Unidos y Europa. Washington lo acusa de convertir al Estado venezolano en un “narcoestado” y de financiar su permanencia en el poder con los ingresos del narcotráfico.
El giro actual está en la ofensiva política. Bondi, cercana al expresidente Trump, ha hecho del caso Maduro un estandarte en su cruzada contra el “narcoterrorismo hemisférico”. No solo reforzó los procesos en curso, sino que impulsó la medida simbólica y mediática de doblar la recompensa. La señal es clara: para la administración Trump, el líder chavista ya no es solo un adversario político, sino un criminal del mismo rango que los grandes terroristas internacionales.
La traición de las elecciones limpias
A esta narrativa se suma el antecedente de la “traición” de Maduro en su relación con Washington. Tras años de sanciones y aislamiento, el régimen había dado señales de apertura en 2023 y 2024, con promesas de elecciones libres y un acercamiento a la diplomacia estadounidense. Hubo gestos iniciales, incluso liberación de presos políticos, que abrieron un canal tenue de negociación. Pero las expectativas se evaporaron con la manipulación del proceso electoral de 2024, denunciado como fraudulento por observadores internacionales.
Para la Casa Blanca, aquello fue el quiebre definitivo: la constatación de que Maduro nunca pensó ceder el poder por la vía democrática. Hoy, esa “traición” es el combustible político que legitima en EE.UU. la actual escalada militar y judicial.
La ofensiva integral
Así, la nueva recompensa de US$50 millones se integra a un frente más amplio: la llegada de destructores Aegis al Caribe, el despliegue del USS Iwo Jima con 4.000 efectivos, y una retórica que coloca al chavismo en la categoría de amenaza existencial para la seguridad de Estados Unidos. El cerco se estrecha, en una combinación de acusaciones judiciales, presión militar y aislamiento diplomático que apunta a reducir al mínimo el margen de maniobra de Nicolás Maduro.
Los más buscados del chavismo
El Departamento de Justicia de EE.UU. no se limita a Nicolás Maduro. A su lado, varios de los hombres fuertes del régimen cargan con acusaciones por narcotráfico, lavado de dinero y terrorismo. Estos son los principales:
- Diosdado Cabello
N.º 2 del chavismo y presidente de la Asamblea Nacional Constituyente- Acusado de liderar junto a Maduro el Cartel de los Soles.
- Recompensa: US$10 millones.
- Tareck El Aissami
Exvicepresidente y exministro del Petróleo- Señalado por vínculos con redes de narcotráfico y grupos islámicos radicales, pero hoy caído en desgracia con el régimen.
- Recompensa: US$10 millones.
- Hugo “El Pollo” Carvajal
Exjefe de inteligencia militar- Considerado cerebro logístico del tráfico de cocaína y aliado de las FARC.
- Arrestado en España en 2021, ya se declaró culpable ante una corte de Nueva York.
- Vladimir Padrino López
Ministro de Defensa- Acusado de facilitar operaciones del narcotráfico a través de las Fuerzas Armadas.
- Recompensa: US$10 millones.
- Clíver Alcalá Cordones
Exgeneral, exiliado en Colombia- Se entregó voluntariamente a EE.UU. en 2020. Confesó su rol en el Cartel de los Soles y colabora como testigo clave.
Este cartel de recompensas coloca a Maduro en la cúspide con US$50 millones, el doble de lo que se ofreció por Bin Laden, seguido por sus principales lugartenientes con cifras que oscilan entre los 10 y 15 millones. El mensaje de Washington es contundente: el chavismo ya no es solo un adversario político, sino una organización criminal perseguida globalmente.
