Un nuevo proyecto de ley presentado en el Congreso busca sancionar con hasta 15 años de prisión a quienes utilicen pirotécnicos o explosivos como armas de ataque durante protestas sociales. La iniciativa, presentada por el congresista Héctor Valer Pinto, pretende modificar el artículo 279-C del Código Penal para agravar las penas en casos donde estos artefactos sean empleados con fines violentos contra policías, ciudadanos o funcionarios públicos.
El planteamiento surge tras recientes hechos de violencia ocurridos en manifestaciones, donde se registraron ataques con artefactos explosivos caseros y pirotécnicos de alto poder contra efectivos del orden.
¿Qué sanciones propone el proyecto de ley?
Según el texto presentado el 24 de octubre de 2025, la pena base para quienes usen pirotécnicos o explosivos durante una protesta con intención de causar daño sería de 6 a 10 años de prisión.
En caso de que los ataques provoquen lesiones graves o la muerte de una persona, la sanción podría elevarse hasta los 15 años de cárcel.
La norma se aplicaría a quienes lancen, activen o manipulen artefactos explosivos o pirotécnicos con el propósito de intimidar o herir a miembros de la Policía Nacional, Fuerzas Armadas o ciudadanos presentes en una manifestación.
El documento propone que el Ministerio Público y la Policía cuenten con herramientas específicas para diferenciar la protesta pacífica del accionar violento, con el fin de no afectar el derecho constitucional a la manifestación.
¿Qué diferencia hay con la ley actual sobre pirotécnicos?
Actualmente, el Código Penal peruano castiga con hasta 10 años de cárcel el uso o comercialización ilegal de pirotécnicos sin autorización.
Sin embargo, la iniciativa de Valer Pinto busca un tratamiento penal agravado para los casos en los que dichos artefactos sean utilizados como armas en el contexto de protestas o disturbios públicos.
El proyecto enfatiza que este tipo de conductas supera la simple tenencia o venta irregular, ya que implica un riesgo directo contra la vida e integridad física de las personas.
¿Qué hechos recientes motivaron esta propuesta?
La propuesta legislativa cita como antecedente las manifestaciones del 15 de octubre de 2025, donde —según registros audiovisuales— individuos encapuchados dispararon pirotécnicos y explosivos caseros contra agentes policiales.
En algunos videos se observa que los manifestantes usaban mochilas como lanzadores, simulando bazucas artesanales. Estas imágenes sirvieron como sustento para argumentar que la violencia en las protestas ha escalado y requiere una respuesta penal diferenciada.
¿A quiénes afecta el uso de explosivos en protestas?
El documento advierte que el uso de pirotécnicos como armas no solo pone en riesgo a policías, sino también a periodistas, serenos, funcionarios públicos y ciudadanos ajenos a las movilizaciones.
Incluso, menciona el peligro que representa para niños, adultos mayores y transeúntes que se encuentran cerca del lugar de los hechos.
“La violencia encubierta bajo el pretexto de protesta no será aceptada”, señala el texto de la exposición de motivos.
El proyecto sostiene que la medida no busca criminalizar la protesta social, sino proteger la integridad física y la vida de todas las personas involucradas en manifestaciones públicas.
Riesgos físicos y sanitarios de los pirotécnicos
La propuesta legislativa también menciona los riesgos médicos y ambientales del uso indiscriminado de estos artefactos.
Entre las principales consecuencias se incluyen quemaduras graves, pérdida auditiva, daños oculares permanentes y riesgos de incendios.
Asimismo, alerta sobre la contaminación del aire y los efectos psicológicos que generan las detonaciones en poblaciones vulnerables.
Estas consideraciones fueron incluidas como fundamento técnico para justificar la necesidad de endurecer las sanciones.
¿Qué impacto tendría la ley si es aprobada?
De aprobarse, la norma entraría en vigor al día siguiente de su publicación en el diario oficial El Peruano y no generaría gasto fiscal adicional.
El proyecto se enmarca en la Agenda Legislativa 2024–2025 y se presenta como una herramienta para reforzar la seguridad ciudadana en el contexto de las movilizaciones sociales.
Además, establece que la medida se aplicará sin afectar los derechos constitucionales a la libertad de expresión y protesta pacífica, los cuales seguirán garantizados mientras no medie violencia o destrucción de propiedad pública o privada.
Contexto político y reacción parlamentaria
El congresista Héctor Valer Pinto, autor del proyecto, es miembro de la Comisión de Defensa Nacional y ha impulsado iniciativas vinculadas al orden público y la seguridad interna. Su propuesta ya cuenta con el respaldo de seis congresistas coautores de distintas bancadas.
Si bien algunos sectores políticos consideran que la medida busca prevenir ataques a las fuerzas del orden, otros advierten que podría abrir la puerta a abusos o interpretaciones restrictivas del derecho a la protesta.
El debate se espera en las próximas sesiones del Pleno del Congreso, donde se determinará si la propuesta pasa a comisión o se archiva.
Una ley en el marco de la seguridad ciudadana
El uso de pirotécnicos como armas en protestas ha sido una tendencia creciente en los últimos años. Para las autoridades, representa una nueva forma de violencia urbana que mezcla fabricación casera de explosivos con confrontaciones callejeras.
El proyecto de Valer Pinto intenta cerrar ese vacío legal y dar respuesta a un fenómeno que, según su exposición de motivos, “pone en peligro la estabilidad social y la vida humana”.