El Poder Ejecutivo oficializó este viernes 30 de agosto la entrega al Congreso de la República del Proyecto de Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2026, junto con los proyectos de Ley de Equilibrio Financiero y de Endeudamiento del Sector Público.
La documentación fue remitida al titular del Parlamento, José Jerí, y cuenta con la firma de la presidenta Dina Boluarte y del presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana. El acto cumple con el artículo 78 de la Constitución Política del Perú, que establece la presentación oportuna de estos proyectos a fin de que sean debatidos y aprobados antes del cierre del presente año.
Con este paso, se da inicio al proceso legislativo que definirá el marco fiscal del Estado para el año 2026, un tema clave no solo para la administración pública, sino también para la ciudadanía, sectores económicos, gobiernos regionales y municipales.
¿Qué significa la Ley de Presupuesto 2026?
El Proyecto de Ley de Presupuesto del Sector Público es uno de los instrumentos más importantes del gobierno. Define cuánto podrá gastar el Estado durante el próximo ejercicio fiscal y cómo se distribuirán esos recursos entre los distintos sectores: salud, educación, seguridad, infraestructura, justicia, entre otros.
También establece las asignaciones presupuestales para los gobiernos regionales y locales, permitiéndoles planificar obras y programas sociales a nivel descentralizado.
En ese sentido, el presupuesto 2026 será determinante para la ejecución de políticas públicas en un contexto que todavía enfrenta desafíos en recuperación económica, lucha contra la inseguridad, conflictos sociales y pobreza.
¿Qué sigue en el Congreso?
Con la entrega formal, los tres proyectos de ley —Presupuesto, Equilibrio Financiero y Endeudamiento— ingresan a trámite legislativo ordinario.
Primero serán revisados por las comisiones de Economía y de Presupuesto y Cuenta General de la República, las cuales deberán emitir dictámenes técnicos, legales y presupuestales. Luego, pasarán al Pleno del Congreso, donde serán debatidos y votados artículo por artículo.
El plazo para su aprobación es antes del 31 de diciembre de 2025, de modo que entren en vigencia el 1 de enero de 2026. En años anteriores, este proceso ha incluido extensos debates, observaciones, enmiendas y, en algunos casos, cambios sustanciales al texto original propuesto por el Ejecutivo.
¿Qué otros proyectos acompañan al de Presupuesto?
Además del presupuesto general, el Ejecutivo también presentó los siguientes documentos:
Ley de Equilibrio Financiero
Este proyecto establece las reglas y límites para asegurar que el presupuesto propuesto no genere un déficit fiscal insostenible. Se basa en proyecciones macroeconómicas, estimaciones de ingresos fiscales y el comportamiento de la economía nacional e internacional.
Busca mantener la estabilidad económica del país y evitar excesos de gasto que comprometan la deuda pública o generen inflación.
Ley de Endeudamiento del Sector Público
Aquí se fijan los límites de endeudamiento interno y externo que el Estado podrá asumir durante el año 2026. Incluye las condiciones financieras, los plazos y destinos de los créditos que pueda contratar el país, tanto con organismos multilaterales como con el mercado financiero internacional.
Este documento es clave para proyectos de infraestructura, reactivación económica y financiamiento de programas sociales.
¿Qué impacto tendrá el Presupuesto 2026?
El debate sobre el presupuesto no es una simple formalidad técnica. Define prioridades políticas, sociales y económicas. ¿Habrá más recursos para salud y educación? ¿Se reforzará la lucha contra el crimen organizado? ¿Qué obras estratégicas serán financiadas? Estas son algunas de las preguntas que deberán responder los legisladores en los próximos meses.
Además, en un contexto donde diversos sectores exigen mayores recursos —desde gobiernos regionales hasta gremios de docentes y personal de salud—, el diseño del presupuesto puede desencadenar tensiones o acuerdos clave para la gobernabilidad.
¿Cuál es el rol del Congreso?
La Constitución le otorga al Congreso la facultad exclusiva de aprobar el presupuesto anual. Por ello, los legisladores tienen la responsabilidad de fiscalizar, modificar o aprobar las propuestas del Ejecutivo, siempre que estas se alineen con el interés público y la sostenibilidad fiscal.
En años anteriores, el Congreso ha introducido cambios importantes, como reasignaciones presupuestales o nuevas partidas para sectores específicos. También puede rechazar propuestas si considera que vulneran el principio de equilibrio financiero.
¿Qué esperar en los próximos meses?
El periodo que se avecina será clave para definir cómo se utilizarán los recursos del Estado en 2026. Se espera una intensa actividad en el Congreso, con presentaciones de ministros, audiencias públicas y, eventualmente, negociaciones políticas que permitan consensuar un texto viable.
La ciudadanía y los medios deberán estar atentos a este proceso, ya que de él depende la ejecución de políticas esenciales: construcción de hospitales, aumento de sueldos para docentes, programas de seguridad alimentaria, entre otros.
