El premier Eduardo Arana quedó en el centro de la tormenta política luego de que el congresista Juan Burgos solicitara su citación inmediata a la Comisión de Fiscalización. La razón: explicar la defensa pública que la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) hizo en favor de Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, actualmente investigado por organización criminal y tráfico de influencias.
La polémica estalló el 27 de agosto, cuando desde Palacio de Gobierno, Arana leyó, junto a 15 ministros, un comunicado oficial que rechazaba el allanamiento fiscal contra Nicanor. En el documento, el Ejecutivo acusó un presunto intento de “desestabilizar al Gobierno”, denunciando un uso “político de la justicia”. Sin embargo, para Burgos, este acto excede las funciones del Consejo de Ministros y podría vulnerar la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo (Ley N.° 29158), que no contempla la defensa política de particulares investigados por el Ministerio Público.
Un comunicado que enciende el debate político
El pronunciamiento de la PCM fue leído con solemnidad desde Palacio, en presencia de casi todo el Gabinete. Para la oposición, el gesto fue una clara intromisión del Ejecutivo en un caso de investigación fiscal.
“Queremos que el premier explique las razones legales y constitucionales que avalan semejante postura”, reclamó Burgos en el oficio dirigido a Elvis Vergara, presidente de la Comisión de Fiscalización. La citación busca determinar si el Gobierno actuó dentro de los límites de la ley o si intentó proteger políticamente a Nicanor Boluarte.
La controversia reaviva el debate sobre la independencia de poderes en un contexto marcado por crecientes cuestionamientos a la gestión de Dina Boluarte, cuyo entorno más cercano enfrenta procesos judiciales.
Los cargos contra Nicanor Boluarte
El hermano de la presidenta, Nicanor Boluarte Zegarra, es investigado por la Fiscalía de la Nación por presuntos delitos de organización criminal y tráfico de influencias. La pesquisa forma parte del caso “Los Waykis en la sombra”, que indaga la existencia de una red de poder que habría operado para favorecer nombramientos y contratos en distintas entidades del Estado.
La tesis fiscal sostiene que Nicanor habría actuado en coordinación con funcionarios de alto nivel, entre ellos el actual ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, quien también está bajo la lupa. El reciente operativo fiscal incluyó el allanamiento del domicilio de Nicanor en Lima, aunque el Poder Judicial rechazó la solicitud para intervenir la oficina que dirigía Santiváñez en el Despacho Presidencial.
Fiscalización en alerta máxima
Si la Comisión de Fiscalización aprueba la solicitud, el premier Eduardo Arana deberá comparecer ante el Congreso para dar explicaciones sobre el rol del Ejecutivo en este caso. El pedido de Burgos busca sentar un precedente sobre los límites del Gabinete frente a investigaciones que involucran a familiares de la presidenta.
El caso Nicanor Boluarte es más que una investigación individual: se ha convertido en un punto de inflexión para medir el respeto del Gobierno a la autonomía del sistema judicial. En medio de un clima político polarizado, las decisiones del Ejecutivo serán determinantes para definir si el caso se convierte en una crisis mayor o si logra contenerse bajo la figura del premier.
