El presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, afirmó que hasta el momento “no se ha evidenciado delito alguno” en la gestión del presidente interino José Jerí, durante una entrevista en el programa N Portada de Canal N. El premier subrayó que, a diferencia de procesos contra mandatarios anteriores, no existe una comisión que acredite ilícitos o delitos que sustenten el debate actual.
Diferencia entre vacancia y censura
Álvarez explicó que la vacancia presidencial y la censura parlamentaria son mecanismos distintos. Señaló que la censura requiere la mitad más uno de los votos, pero su aplicación en este caso presenta un problema constitucional: los hechos cuestionados están vinculados al desempeño de Jerí como presidente de la República, mientras que la censura se tramitaría sobre su condición de presidente del Congreso.
Según el premier, esto genera un contrasentido institucional, ya que se evalúa un cargo distinto al que regula el mecanismo parlamentario que se pretende aplicar.
Alcances de la sesión extraordinaria
El jefe del Gabinete destacó que, según la Constitución, una sesión extraordinaria debe limitarse al tema por el cual se convoca. Por lo tanto, no podría incorporarse la elección de un nuevo presidente del Congreso si ese punto no figura en la agenda, y de ser necesario, se tendría que convocar una nueva sesión con el número de firmas requeridas.
Álvarez señaló que avanzar de manera incorrecta podría derivar en un escenario donde no habría titular ni en el Poder Ejecutivo ni en el Congreso, lo que afectaría la suscripción de actos formales propios de la jefatura del Estado, aunque los ministros seguirían en funciones administrativas.
Propuesta de esperar a marzo
En ese contexto, el premier planteó que lo correcto sería esperar hasta marzo, cuando inicie la nueva legislatura, para un eventual debate de vacancia presidencial, que es el mecanismo constitucionalmente previsto.
Añadió que, dado que los hechos cuestionados no constituyen delito —y en el peor de los casos podrían calificarse como inconductas—, no se debe pasar por alto la Constitución ni crear precedentes que afecten la estabilidad institucional.
Evitar judicializar un conflicto político
Finalmente, Álvarez advirtió que trasladar la disputa al ámbito judicial mediante un conflicto competencial implicaría judicializar un problema que es esencialmente político, y podría generar mayores tensiones en la institucionalidad del país.