El Poder Judicial dispuso el inicio del juicio oral contra el expresidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) en el marco del caso Westfield Capital, donde se le imputa el delito de lavado de activos agravado. Esta decisión marca el cierre de la etapa de investigación y la formalización del proceso ante un Juzgado Penal Colegiado, donde se evaluarán los hechos, pruebas y responsabilidades.
La acusación no solo incluye a PPK, sino también a su exsocio Gerardo Sepúlveda y a un conjunto de empresas vinculadas, entre ellas Westfield Capital Limited, First Capital Inversiones y Asesorías Limitada, Dorado Asset Management y Latin American Enterprise Managers.
¿Cuáles son los cargos y penas solicitadas por la fiscalía?
El Ministerio Público ha solicitado una pena de 35 años de prisión tanto para Kuczynski como para Sepúlveda, por presuntos actos de lavado de dinero procedente de contratos relacionados con megaproyectos de infraestructura durante los años en que PPK ejerció funciones públicas.
Además, la fiscalía exige una reparación civil por US$ 46,682,264.96, y medidas accesorias contra las empresas involucradas, entre ellas la disolución de Dorado Asset Management.
Empresas bajo sospecha: ¿qué papel jugaron?
Según la acusación, las empresas de Kuczynski y Sepúlveda habrían sido instrumentos clave para canalizar pagos ilícitos provenientes de consorcios vinculados al caso Odebrecht, bajo el disfraz de “asesorías financieras”.
Estas firmas —particularmente Westfield Capital y First Capital— habrían operado como fachadas legales que facilitaban la recepción de dinero de contratistas favorecidos durante la gestión pública de Kuczynski.
Proyectos bajo la lupa: Camisea, Olmos, IIRSA y más
El caso gira en torno a pagos efectuados en el marco de proyectos emblemáticos de infraestructura:
- Proyecto Camisea, con participación de Transportadora de Gas del Perú.
- Trasvase Olmos, concesionado a Odebrecht S.A.
- IIRSA Sur (Interoceánica), tramos 2 y 3.
- Vías Nuevas de Lima, a cargo de Rutas de Lima S.A.C.
La fiscalía sostiene que, mientras PPK ocupaba cargos públicos como ministro de Economía y premier (2001–2006), benefició a estas empresas, y a cambio recibió pagos a través de sus compañías privadas.
¿Cómo funcionaba la presunta red?
El Ministerio Público plantea que una organización criminal liderada por Kuczynski operó entre 2001 y 2016, utilizando su influencia para favorecer a contratistas. La estructura habría estado conformada por:
- Pedro Pablo Kuczynski (cabecilla)
- Gerardo Sepúlveda (operador financiero)
- Gloria Kisic Wagner (asistente y testaferro)
- José Luis Bernaola (exasesor y socio operativo)
Las operaciones incluían contratos simulados de asesoría, triangulación de fondos y uso de cuentas bancarias personales y mancomunadas, tanto en Perú como en el extranjero.
¿De cuánto dinero hablamos?
La fiscalía ha identificado pagos que, según su hipótesis, constituyen ingresos ilícitos:
- US$ 1.87 millones del Proyecto Camisea
- US$ 1.05 millones del Trasvase Olmos
- US$ 1.16 millones de IIRSA Sur
- US$ 4.59 millones de Vías Nuevas de Lima
En total, más de US$ 8.6 millones que habrían sido canalizados hacia las empresas del expresidente y empleados para financiar campañas, adquirir inmuebles, pagar tarjetas de crédito y realizar transferencias a terceros.
¿Qué pruebas usará la fiscalía?
El juez Jorge Chávez Tamariz validó 2,577 elementos probatorios presentados por el Ministerio Público, lo que fortalece el expediente que será evaluado durante el juicio. Estos incluyen:
- Contratos, transferencias bancarias y facturas
- Correos electrónicos y comunicaciones entre los acusados
- Testimonios de colaboradores eficaces
- Peritajes contables y financieros
¿Quién juzgará el caso?
El expediente ha sido derivado a un Juzgado Penal Colegiado de la Corte Superior Nacional, instancia que será responsable de dirigir el juicio oral. Esta etapa definirá la responsabilidad penal de los acusados y de las empresas involucradas, así como las sanciones correspondientes.
¿Qué dice la defensa de Kuczynski?
Hasta el momento, la defensa del expresidente ha sostenido que los servicios de asesoría fueron reales y documentados, y que no existe vínculo entre los pagos y su desempeño en cargos públicos. Sin embargo, las pruebas financieras y testimonios acumulados serán clave durante el proceso.
PPK —quien ya cumple arresto domiciliario desde 2019— podría enfrentar una condena histórica en caso de que el tribunal valide la tesis del Ministerio Público.
