PPK denuncia constitucionalmente al premier Eduardo Arana por impedirle viajar al extranjero

Expresidente acusa al jefe del Gabinete de abuso de autoridad, tráfico de influencias y presión indebida sobre el Poder Judicial para frenar su salida del país.

por Edgar Mandujano

El expresidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) presentó una denuncia constitucional ante el Congreso de la República contra el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, por su presunta responsabilidad en impedir que pudiera salir del país el pasado domingo, a pesar de no contar con ninguna restricción judicial vigente en ese momento.

El documento, al que tuvo acceso Latina Noticias, sostiene que Arana habría cometido los delitos de abuso de autoridad, tráfico de influencias y avocamiento ilegal de proceso en trámite, al interferir directamente en un proceso judicial relacionado con el exmandatario.

“Se atentó contra el principio de separación de poderes del Estado y la independencia del Poder Judicial, al interferir para que se produjera un adelanto indebido de audiencia y se interpusiera una medida de impedimento de salida del país en mi contra, sin sustento legal alguno”, afirma la denuncia.

Arana reconoció llamadas a autoridades judiciales

El propio premier Eduardo Arana reconoció públicamente haberse comunicado con la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, y con la titular de la Corte Superior de Justicia de Lima, con el fin de informar que, en ese momento, no existía ningún impedimento judicial vigente contra Kuczynski. Sin embargo, también felicitó a Migraciones por evitar la salida del expresidente, lo cual fue interpretado por la defensa de PPK como una contradicción y muestra de interferencia política.

Acusaciones de presión sobre el Poder Judicial

La denuncia sostiene que esas comunicaciones generaron una presión indebida sobre la jueza Margarita Salcedo Guevara, quien resolvía el pedido fiscal de impedimento de salida del país. Según el escrito presentado al Parlamento, dicha presión habría conducido a una audiencia “meramente formal”, en la que la decisión ya estaba tomada de antemano.

“Se han transgredido flagrantemente mis derechos a la defensa técnica eficaz, al debido proceso, a la tutela jurisdiccional efectiva y al libre tránsito, mediante una injusta y sesgada imposición judicial que responde a órdenes políticas ilegales”, señala la denuncia.

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