El ministro del Interior, Vicente Tiburcio Orbezo, anunció este jueves que el Gobierno pondrá en marcha una unidad policial especializada contra la extorsión en el transporte público y de carga, con el objetivo de frenar el avance de las mafias que operan desde las calles y las cárceles, generando miedo entre empresarios, choferes y usuarios.
Durante su intervención en la IV Mesa de Trabajo sobre Seguridad Ciudadana en el Sector Transporte, realizada en el Congreso de la República, Tiburcio adelantó que su gestión ha dispuesto la selección de los mejores oficiales y suboficiales de la Policía Nacional del Perú (PNP), con experiencia en investigación criminal e inteligencia operativa, para conformar este nuevo cuerpo especializado.
“Estamos seleccionando a los oficiales y suboficiales de la Policía Nacional para la nueva unidad especializada contra la extorsión”, remarcó el ministro. “No se trata solo de reaccionar, sino de anticipar los movimientos de las bandas criminales, especialmente aquellas que actúan bajo órdenes desde los penales”.
Un frente policial contra las mafias del transporte
El anuncio se da en medio de un contexto de creciente ola de extorsiones que afecta tanto a los gremios de transporte urbano como a los servicios interprovinciales y de carga pesada. En los últimos meses, decenas de empresas han denunciado amenazas, cobros ilegales y ataques con explosivos vinculados a redes del crimen organizado que buscan imponer el control de rutas.
Ante esta situación, el ministro Tiburcio destacó que el Ministerio del Interior (Mininter) viene fortaleciendo sus estrategias de inteligencia, patrullaje e investigación criminal, a través de un Plan Integral de Inteligencia contra la Criminalidad, que busca frenar el avance delictivo en sectores estratégicos del país.
“Estamos priorizando el control territorial y la prevención, con medidas concretas que incluyen la creación de equipos mixtos entre inteligencia y operaciones”, explicó. Entre esas acciones figura la Guía de Acción Antiextorsión, instrumento que orienta la denuncia y protección de víctimas.
Protección de identidad y coordinación interinstitucional
Durante la sesión parlamentaria, el ministro también resaltó la reciente aprobación del Decreto Supremo N.º 009-2025-IN, que protege la identidad de las víctimas y denunciantes del crimen organizado, garantizando su seguridad y la de sus familias.
“Esta medida era urgente y necesaria. Muchas víctimas no se atrevían a denunciar por miedo a represalias. Ahora, la reserva de identidad permitirá romper el silencio que protege a las mafias”, sostuvo Tiburcio Orbezo.
El encuentro, convocado por el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, reunió a representantes del Ejecutivo, el Legislativo y el Poder Judicial, además de gremios de transporte. Participaron también la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi; el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez Villegas; y el ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto.
Gremios respaldan medidas, pero piden resultados
Entre los representantes del sector transporte estuvieron presentes Martín Ojeda, de la Cámara Internacional de Transporte; Héctor Vargas, de la Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano; Martín Valeriano, de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra); y Marco Aguirre, de la Unión de Gremios de Transporte Multimodal.
Los dirigentes coincidieron en que la iniciativa del Mininter representa “un paso importante” en la lucha contra la extorsión, pero advirtieron que la efectividad dependerá de los resultados y de la depuración interna dentro de la propia Policía Nacional, donde algunos malos elementos han sido vinculados con redes criminales.
“Nos parece positivo el anuncio del ministro, pero necesitamos ver acciones sostenidas y limpias, sin infiltraciones ni corrupción dentro de la fuerza”, señaló Ojeda durante su intervención.
Una crisis que exige firmeza
El fenómeno de la extorsión en el transporte ha adquirido dimensiones alarmantes. Según datos policiales, solo en Lima Metropolitana se registraron más de 1,200 denuncias por extorsión durante el primer semestre de 2025, muchas de ellas relacionadas con cobros ilegales a taxistas, colectiveros y conductores de carga.
En regiones como La Libertad, Lambayeque, Piura y Arequipa, los ataques con granadas o incendios de buses se han convertido en una práctica recurrente. Las autoridades atribuyen estas acciones a organizaciones delictivas vinculadas a redes internacionales de crimen organizado, que operan incluso desde los penales del país.
El ministro Tiburcio enfatizó que su despacho no permitirá que el miedo se imponga como norma en las calles y que el trabajo conjunto entre las fuerzas del orden y los transportistas será clave para recuperar la seguridad. “Vamos a actuar con decisión, con inteligencia y con limpieza institucional”, afirmó.
Hacia una estrategia nacional contra la extorsión
La nueva unidad especializada contra la extorsión se integrará al Comando de Inteligencia del Mininter y coordinará directamente con la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) y la División de Alta Complejidad (Diviac). Se espera que su despliegue inicial comience en Lima, Trujillo y Chiclayo, las ciudades más afectadas por la extorsión al transporte.
La propuesta también contempla el uso de tecnología de rastreo, monitoreo financiero y análisis digital para identificar flujos de dinero vinculados a estas redes, así como la cooperación con el Ministerio Público y el Poder Judicial para acelerar los procesos de investigación.
Con esta medida, el Ejecutivo busca mostrar resultados concretos en seguridad ciudadana, una de las principales demandas de la población y uno de los temas más sensibles para el Gobierno de José Jerí.