El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez Antúnez, recibió una autorización judicial especial para salir del país y asistir a un evento internacional en Suiza, pese a que enfrenta una investigación fiscal por presunto tráfico de influencias y tiene una orden de impedimento de salida vigente desde junio.
¿Por qué el Poder Judicial le permite salir del país a un ministro investigado?
El caso ha encendido las alarmas en el ámbito político y judicial. Este 6 de septiembre, el Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema de Justicia del Perú, presidido por el juez supremo Edhin Campos Barranzuela, otorgó un permiso excepcional al ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, para viajar a Ginebra, Suiza, entre el 6 y el 11 de septiembre de 2025.
El viaje tiene como objetivo su participación en el 60º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, un evento que reúne a delegaciones oficiales de todo el mundo.
La decisión judicial suspende temporalmente la orden de impedimento de salida del país que fue dictada el 5 de junio a solicitud del Ministerio Público. Esta orden se basa en una investigación por presunto tráfico de influencias, en la que Santiváñez es acusado de haber solicitado un soborno de 20 mil dólares en beneficio de magistrados del Tribunal Constitucional cuando se desempeñaba como abogado privado.
El permiso judicial: ¿una medida de cortesía diplomática o una puerta abierta a la impunidad?
El permiso judicial fue gestionado por el equipo legal del ministro, que presentó documentación detallada, incluyendo la agenda oficial del evento en Ginebra y la resolución de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) N.° 190-2025-PCM, que lo autoriza a viajar en comisión de servicios.
No obstante, esta decisión ha generado críticas entre expertos en derecho penal y constitucional, quienes cuestionan la oportunidad y los riesgos de permitir que un funcionario con acusaciones tan graves pueda abandonar el territorio nacional.
Fuentes judiciales advirtieron que, si el ministro no regresa al Perú en la fecha establecida, la presidenta Dina Boluarte podría asumir responsabilidades penales, al haber autorizado administrativamente el viaje de un funcionario investigado por corrupción.
De no cumplir con el retorno, se podría configurar el delito de obstrucción a la justicia y favorecimiento a la fuga, ambos sancionados con hasta 8 años de prisión.
¿Qué dice la investigación fiscal contra Juan José Santiváñez?
El caso que involucra a Santiváñez se remonta a su época como abogado particular. Según el Ministerio Público, el hoy ministro habría gestionado un pago ilícito de 20 mil dólares con destino a magistrados del Tribunal Constitucional, con el objetivo de influenciar en una decisión favorable a uno de sus clientes, Miguel Marcelo Salirrosas.
La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema consideró fundados los indicios de riesgo procesal y dictó impedimento de salida del país en junio de 2025. Esta medida fue ampliamente respaldada por la opinión pública y expertos legales, quienes vieron en ella una respuesta institucional firme frente a posibles actos de corrupción en altas esferas.
El papel de la presidenta Dina Boluarte y el riesgo político
El Ejecutivo no ha emitido declaraciones públicas sobre el permiso concedido a Santiváñez, aunque fuentes del entorno presidencial confirmaron que la autorización fue firmada por la presidenta Dina Boluarte en su calidad de jefa de Estado.
Diversos analistas advierten que si el ministro no regresa al país en la fecha pactada, la jefa del Estado podría enfrentar acusaciones por haber facilitado la evasión de un funcionario judicialmente investigado.
El Gobierno se encuentra nuevamente en el centro del debate por sus decisiones políticas frente a funcionarios con antecedentes judiciales. En los últimos meses, la administración Boluarte ha sido criticada por una serie de nombramientos cuestionados, lo que suma un nuevo capítulo a la creciente tensión entre el Ejecutivo y el sistema de justicia.
¿Qué sigue ahora?
Juan José Santiváñez deberá retornar al país el 11 de septiembre y presentar una constancia oficial de su regreso, tanto al Ministerio Público como al Poder Judicial. En caso de incumplimiento, se activarían medidas adicionales y se evaluaría si la suspensión temporal del impedimento debe ser anulada.
Por el momento, el ministro viaja representando al Perú en un evento internacional de alto perfil, mientras carga con la sombra de una investigación que pone en entredicho la independencia de su función como titular del Ministerio de Justicia.
