El Poder Judicial, bajo la presidencia de Janet Tello para el periodo 2025-2026, evalúa presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la reciente ley que modifica el proceso de extinción de dominio. Esta ley, promulgada el 9 de mayo, establece que la extinción de dominio solo podrá proceder tras una sentencia firme en última instancia en casos vinculados a delitos graves. La presidenta Tello anunció que la decisión se tomará a mediados de junio, buscando preservar la efectividad del sistema judicial.
El sistema de extinción de dominio tiene como objetivo recuperar bienes de origen ilícito vinculados a actividades ilegales como el narcotráfico, la minería ilegal, el tráfico de armas y la corrupción. Según la presidenta del Poder Judicial, este mecanismo ha permitido recuperar más de 772 millones de dólares, recursos que han sido destinados a proyectos sociales como la construcción de hospitales y escuelas. Este éxito sustenta la importancia de mantener un proceso ágil y efectivo para combatir el crimen organizado.
Janet Tello aclaró que la medida no persigue a las personas, sino a los bienes cuya procedencia no puede ser justificada legalmente. Asimismo, resaltó que la mayoría de las sentencias emitidas en estos casos no han sido impugnadas, lo que demuestra la solidez del sistema. Además, explicó que la ley se enfoca en los testaferros, quienes suelen registrar los bienes a su nombre para proteger a los verdaderos delincuentes.
Finalmente, la evaluación del recurso de inconstitucionalidad refleja una preocupación por proteger la integridad del sistema judicial y su capacidad para enfrentar el crimen organizado. La modificación legal que exige una sentencia firme podría retrasar procesos y disminuir la eficacia en la recuperación de bienes ilícitos. Por ello, el Poder Judicial busca garantizar que las herramientas legales continúen siendo efectivas para luchar contra la ilegalidad en el país.