Una exclusión electoral que se mantiene firme
El camino de Álex Kouri hacia una eventual postulación en las elecciones generales de 2026 quedó cerrado de manera definitiva. El Poder Judicial ratificó que el exgobernador regional del Callao continúa inhabilitado para ejercer cargos públicos debido a una deuda pendiente de S/ 26 millones por reparación civil, impuesta como parte de la sentencia por colusión desleal en el caso “Vía Expresa del Callao”.
La defensa de Kouri presentó una acción de amparo en un intento por anular los efectos de la sentencia y habilitarlo políticamente; sin embargo, la sala declaró la demanda improcedente, recordando que la legislación peruana es clara respecto a los condenados por corrupción que no han cumplido con las obligaciones de pago impuestas por el Estado.
¿Cuál es la condición legal que impide su postulación?
La pregunta central es: ¿por qué Álex Kouri sigue inhabilitado a pesar de haber cumplido su condena en prisión?
La respuesta recae en la figura jurídica de la rehabilitación política, que no es automática cuando existe una reparación civil impaga.
Kouri mantiene una deuda de S/ 26 millones, monto que el Estado estableció tras demostrar la existencia de perjuicio económico en la irregular concesión del proyecto vial a la empresa Convial Callao. Mientras ese pago no se materialice, el exfuncionario seguirá sin poder ejercer derechos políticos como postular a cargos públicos, ser elegido o contratar con el Estado.
El fallo añade que no basta con haber cumplido la pena de prisión en Ancón II; es indispensable cumplir todas las obligaciones derivadas de la condena, lo que en su caso incluye la reparación civil.
Incluso el Tribunal Constitucional ya había rechazado previamente un hábeas corpus presentado por su defensa con la misma intención de habilitarlo políticamente, estableciendo así un criterio uniforme: la deuda impide la rehabilitación.
¿De dónde proviene la deuda de S/ 26 millones?
La reparación civil se originó en la sentencia del junio de 2016, cuando Álex Kouri fue condenado a cinco años de prisión efectiva por el delito de colusión desleal.
El caso está vinculado al emblemático y cuestionado proyecto “Vía Expresa del Callao”, adjudicado en 1999 durante su gestión como alcalde provincial del Callao. La investigación determinó que hubo una concertación indebida con la empresa Convial Callao, lo que ocasionó un perjuicio económico al Estado.
Durante el juicio —que se prolongó por varios años— se acreditó que la concesión no cumplía con criterios de transparencia, equilibrio económico ni legalidad. Como consecuencia, además de la pena privativa de libertad, se fijó la millonaria reparación civil que hasta hoy sigue impaga.
¿Qué implica la decisión para las elecciones del 2026?
El pronunciamiento judicial deja sin efecto cualquier expectativa política del exgobernador. Con la ratificación de la inhabilitación:
- No podrá inscribirse como candidato ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
- No podrá participar en actividades electorales como postulante.
- No podrá ejercer ningún cargo público, electivo o de confianza.
- Su situación no cambiará hasta que pague la totalidad de la reparación civil.
Este criterio forma parte de las restricciones vigentes en el marco de la lucha contra la corrupción. Para el sistema electoral peruano, los condenados por delitos dolosos —especialmente los vinculados a corrupción— deben cumplir con todas las obligaciones derivadas de la sentencia para recuperar sus derechos políticos.
¿Puede la defensa intentar otra vía legal?
Si bien la defensa presentó un amparo que fue declarado improcedente, todavía podría intentar recursos extraordinarios. Sin embargo, los especialistas afirman que el precedente del Tribunal Constitucional complica cualquier intento, pues la máxima instancia ya fijó posición sobre el caso: Kouri no puede ser rehabilitado mientras exista deuda con el Estado.
En términos prácticos, incluso si su defensa buscara un nuevo proceso constitucional, la posibilidad de que prospere es mínima. La interpretación actual de la normativa anticorrupción es consistente: la reparación civil impaga bloquea el ejercicio de derechos políticos.
Un efecto político significativo en el Callao
Aunque Kouri no ocupa un cargo público desde hace más de una década, su figura aún tiene impacto en la política chalaca. Sectores vinculados a agrupaciones locales especulaban con una eventual candidatura —ya sea al Congreso o a un cargo regional—, escenario que ahora queda completamente descartado.
La decisión judicial también envía un mensaje directo a otros exfuncionarios con cuentas pendientes: el cumplimiento de la pena de prisión no exime el pago de la reparación civil. Para el Estado, es indispensable que se repare el daño económico causado por la corrupción antes de volver a permitir el ejercicio político.
Un caso que se mantiene en la agenda pública
El nombre de Álex Kouri continúa siendo referente de uno de los procesos más estudiados sobre corrupción municipal en el país. Su exclusión del proceso electoral 2026 vuelve a recordarle al sistema político que la lucha anticorrupción no solo implica sentencias penales, sino también una vigilancia permanente sobre el cumplimiento de las obligaciones civiles impuestas por la justicia.
Por ahora, la situación legal del exgobernador no cambiará, salvo que logre saldar los S/ 26 millones que debe al Estado, un escenario lejano según sus propios abogados. Con ello, queda formalmente fuera de cualquier posibilidad electoral en el corto y mediano plazo.