La Policía Nacional del Perú (PNP) descartó la participación de terceros en la muerte de José Miguel Castro Gutiérrez, exgerente municipal de Lima durante la gestión de Susana Villarán y colaborador eficaz en el caso Odebrecht–OAS. Según el acta policial difundida por Epicentro TV, el fallecimiento ocurrido el 29 de junio corresponde a un suicidio motivado por una crisis emocional intensa.
Hallazgo en Miraflores
El informe policial detalla que fue el padre de Castro quien lo encontró sin vida en el baño de su vivienda en Miraflores. El cuerpo yacía boca arriba con un corte profundo en el cuello. La PNP precisó que no había signos de lucha, ingreso forzado ni otros indicios criminales, lo que refuerza la hipótesis de suicidio.
“La forma de muerte corresponde a suicidio, habiéndose descartado la participación de terceros”, se lee en el documento oficial.
Crisis emocional y contexto judicial
De acuerdo con la necropsia psicológica retrospectiva, Castro atravesaba una crisis emocional relacionada con sus problemas judiciales y la presión personal que enfrentaba. Estaba procesado como presunto integrante de la organización criminal que habría liderado Villarán para gestionar aportes ilegales de Odebrecht y OAS en campañas electorales.
Apodado “Budián” en los registros de pagos ilícitos revelados por Jorge Barata, Castro era considerado pieza clave para el caso y se encontraba en proceso de acogerse a la colaboración eficaz. Su testimonio habría tenido un rol determinante en el juicio contra la exalcaldesa de Lima.
Impacto en el caso Villarán
La muerte de Castro deja un vacío importante en el proceso judicial que involucra a Susana Villarán y a su entorno más cercano. Aunque su declaración preliminar ya formaba parte de la investigación, su ausencia limita la posibilidad de que el Ministerio Público obtenga más detalles en calidad de colaborador eficaz.
El episodio, además de reflejar la presión que enfrentan los implicados en el caso Lava Jato, añade un nuevo capítulo a la ya compleja trama judicial que persigue esclarecer la ruta de los millonarios aportes ilícitos que marcaron la política limeña en la última década.