La justicia peruana cerró un capítulo clave en la defensa de los derechos humanos al confirmar la condena de 12 años de prisión contra Daniel Urresti, exministro del Interior y entonces “capitán Arturo”, por el asesinato del periodista Hugo Bustíos y el intento de asesinato del reportero Eduardo Rojas, crímenes cometidos en 1988 en Huanta.
Esta decisión marca un nuevo precedente en casos vinculados a violaciones de derechos humanos y subraya la imprescriptibilidad de delitos cometidos en contextos de violencia política en el país.
Fiscalía frena intento de prescripción
El Ministerio Público informó que la Cuarta Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y Terrorismo de Ayacucho logró que la Sala confirme la condena, luego de rechazar el pedido de la defensa de Urresti para aplicar la Ley N.° 32107, norma que regula la prescripción de delitos de lesa humanidad.
La defensa buscaba declarar la nulidad del proceso y obtener la liberación del sentenciado. ¿Por qué se rechazó el pedido?
Según la Fiscalía, la mencionada ley es incompatible con la Constitución porque vulnera el deber del Estado de proteger los derechos humanos, un argumento central para la ratificación de la pena.
Durante la audiencia, el fiscal provincial Carlos Palomino Quispe sustentó que los crímenes atribuidos a Urresti se enmarcan en estándares internacionales que consideran estos actos como imprescriptibles, alineándose con la jurisprudencia establecida en casos como La Cantuta.
¿Qué ocurrió en 1988? La reconstrucción de los hechos
El caso se remonta a noviembre de 1988, en plena etapa de violencia interna. Los periodistas Hugo Bustíos y Eduardo Rojas realizaban una cobertura en Huanta cuando fueron emboscados por una patrulla militar de la base de Castropampa, en la que participaba Urresti.
Los reporteros fueron primero atacados con disparos. Bustíos quedó gravemente herido, mientras que Rojas intentó escapar pese a las lesiones. Según la acusación fiscal, tras el ataque inicial, los militares colocaron un explosivo sobre el cuerpo de Bustíos en la zona de Erapata-Quinrapa, causando su muerte.
Rojas logró sobrevivir y se convirtió en un testigo clave del caso.
Una de las preguntas que marcó el proceso fue: ¿Qué grado de participación tuvo Urresti en la operación militar?
Las declaraciones de testigos, reconstrucciones y documentos militares fueron determinantes para configurar la responsabilidad penal del exministro.
Impacto jurídico y mensaje institucional
La ratificación de la condena refuerza un mensaje central: los delitos de lesa humanidad no prescriben, incluso cuando han pasado décadas desde su comisión. La sala que revisó el caso destacó que la normativa peruana debe ajustarse a los estándares del derecho internacional, especialmente en crímenes cometidos durante el conflicto interno.
Para el Ministerio Público, esta decisión reafirma el compromiso institucional con la verdad y la justicia, y resalta que ninguna interpretación legal puede eximir de responsabilidad a quienes participaron en graves violaciones de derechos humanos.
Además, la resolución llega en un contexto en el que los organismos del sistema de justicia enfrentan debates sobre la aplicación de la ley de prescripción en casos emblemáticos. La pregunta que ahora queda es: ¿Qué implicancias tendrá este fallo para otros procesos en curso relacionados al conflicto armado interno?
Mientras tanto, la condena ratificada mantiene a Urresti como autor del asesinato con alevosía de Bustíos y de la tentativa de homicidio contra Rojas, cerrando un proceso de décadas que marcó profundamente al periodismo peruano.