Corte Suprema ratifica decisión judicial
El Poder Judicial volvió a rechazar el pedido presentado por el exministro de Transportes y Comunicaciones Juan Francisco Silva Villegas para que se disponga el cese del mandato de prisión preventiva de 36 meses que pesa en su contra. La decisión fue adoptada por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, que declaró infundado el recurso de apelación interpuesto por su defensa legal.
Silva, quien se encuentra prófugo de la justicia, es investigado junto al expresidente Pedro Castillo por los presuntos delitos de colusión y organización criminal en los casos acumulados Petroperú, Puente Tarata III y Ministerio de Vivienda, considerados algunos de los expedientes más relevantes vinculados al anterior gobierno.
Apelación fue declarada infundada
El tribunal supremo evaluó el recurso presentado contra la resolución emitida el 13 de octubre de 2025 por el juez supremo provisional Juan Carlos Checkley, quien ya había declarado infundada la solicitud de cese de prisión preventiva. La medida original fue impuesta el 31 de marzo de 2023, dando lugar a la emisión de órdenes de captura a nivel nacional e internacional.
En su resolución, la Sala Penal Permanente concluyó que no existen nuevos elementos de convicción que justifiquen modificar la situación jurídica del exministro, por lo que confirmó la decisión judicial en todos sus extremos.
Argumentos de la defensa de Juan Silva
La defensa legal de Silva sostuvo que su patrocinado asumió el cargo de ministro después de la licitación del Puente Tarata III, y que al tomar conocimiento de presuntas irregularidades en el proceso —atribuidas, según su versión, a “cuatro lobistas”— procedió a denunciar los hechos ante la Fiscalía de la Nación y la Contraloría General de la República.
De acuerdo con esta argumentación, dicha denuncia habría motivado que Provías Descentralizado anule la licitación, evitando un perjuicio económico al Estado. Asimismo, la defensa cuestionó que, pese a estas acciones, la Fiscalía Suprema haya impulsado su denuncia ante el Congreso, lo que derivó en su desafuero y posterior formalización de la investigación preparatoria.
Elementos de convicción fueron considerados “débiles”
Sin embargo, según la resolución judicial, los elementos presentados como “nuevos” por la defensa no cumplen con la entidad necesaria para variar la medida coercitiva. El tribunal precisó que dichos argumentos ya fueron desarrollados y analizados en apelaciones anteriores, las cuales también fueron rechazadas.
La Sala Penal Permanente sostuvo que los planteamientos carecen de solidez y no modifican los fundamentos que sustentaron la imposición de la prisión preventiva, vinculados al riesgo procesal y a la gravedad de los delitos investigados.
Condición de prófugo fue clave en la decisión
Uno de los aspectos centrales de la resolución es que el tribunal consideró “patentemente improcedente” el pedido de cese de prisión preventiva, debido a que la medida no ha sido ejecutada por la condición de prófugo del investigado.
“La medida personal de prisión preventiva no se ejecutó por no estar habido o estar prófugo el encausado”, señala el fallo, motivo por el cual se ratificó la decisión judicial sin variaciones.
Investigación y alerta internacional vigente
El juez supremo provisional Juan Carlos Checkley informó meses atrás que Interpol mantiene vigente una notificación roja de búsqueda, ubicación y captura internacional contra Juan Silva, la cual se extenderá hasta el 10 de junio de 2027.
El exministro es investigado por su presunta participación en una estructura criminal que habría operado desde el sector Transportes y Comunicaciones, con ramificaciones en otras entidades del Estado, durante el gobierno de Pedro Castillo.
Casos bajo investigación fiscal
Los procesos que involucran a Silva comprenden el caso Petroperú, relacionado con presuntas irregularidades en contrataciones; el caso Puente Tarata III, por la supuesta manipulación de una licitación pública; y el caso Ministerio de Vivienda, todos ellos acumulados en una investigación de mayor alcance por organización criminal.
El Ministerio Público sostiene que estos hechos evidenciarían un patrón de concertación ilícita para beneficiar a terceros en procesos de contratación pública, en perjuicio del Estado.
Situación legal sin cambios
Con esta nueva decisión, la situación legal de Juan Silva permanece inalterable, manteniéndose vigente el mandato de prisión preventiva y las órdenes de captura en su contra. El Poder Judicial reiteró que cualquier revisión de la medida coercitiva requiere el cumplimiento de presupuestos legales que, en este caso, no se han acreditado.