El Poder Judicial dictó una medida cautelar de 10 meses de impedimento de salida del país contra la ex presidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez Chino, en el marco del juicio oral que enfrenta por presunta participación en el delito de rebelión en agravio del Estado. La resolución busca asegurar la presencia de la ex premier durante todo el proceso judicial y fue adoptada tras el pedido del Ministerio Público.
La decisión ha generado gran expectativa mediática y político-social, dado el perfil de la acusada y la relevancia de los hechos investigados, vinculados al intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022 durante la gestión del expresidente Pedro Castillo.
Vigencia de la medida y alcance legal
El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria precisó que el impedimento de salida será efectivo desde el 12 de septiembre de 2025 hasta el 11 de julio de 2026. La resolución ya fue notificada a la Superintendencia Nacional de Migraciones para su registro inmediato, garantizando que la ex premier no pueda salir del territorio nacional mientras se desarrollan las audiencias del juicio.
El juez supremo Edhín Campos Barranzuela señaló que la medida responde a la existencia de “sospechas suficientes” sobre la participación de Chávez en los hechos investigados, cumpliendo con el estándar probatorio requerido para imponer restricciones de este tipo. La cautelar se considera necesaria para evitar riesgos de fuga y asegurar que la acusada comparezca ante todas las instancias del proceso.
Contexto del proceso judicial
El caso contra Betssy Chávez se origina en los hechos del 7 de diciembre de 2022, cuando el entonces presidente Pedro Castillo intentó disolver el Congreso y reorganizar el sistema judicial, acciones consideradas como un intento de golpe de Estado.
Chávez, que formaba parte del gabinete ministerial de aquel momento, es acusada de haber tenido conocimiento o participación en las decisiones que atentaban contra el orden constitucional. El Ministerio Público sostiene que su implicación requiere un proceso penal riguroso, con la finalidad de garantizar la legalidad y la rendición de cuentas.
La ex primera ministra ya enfrentó medidas de restricción anteriormente, incluyendo la prisión preventiva. Sin embargo, el Tribunal Constitucional determinó su excarcelación, argumentando un “exceso de carcelería” al considerar que la medida había excedido los límites legales y no cumplía con todos los presupuestos requeridos.
¿Cómo impacta este impedimento en el desarrollo del juicio?
La gran pregunta que surge es: ¿qué efecto tendrá el impedimento de salida sobre el curso del juicio oral y la estrategia de defensa de Betssy Chávez?
Expertos legales indican que la medida permite garantizar que la ex premier permanezca disponible para todas las audiencias y evita retrasos en el proceso. Al mismo tiempo, genera un escenario en el que la defensa debe reorganizar su estrategia, ya que la acusada no podrá viajar ni cumplir compromisos fuera del país. La medida refuerza la transparencia y continuidad del juicio, asegurando que se respeten los derechos procesales y la presencia de la acusada ante el tribunal.
Plazo de la medida y expectativas
El impedimento de salida se extiende durante diez meses, coincidiendo con el periodo proyectado para el desarrollo del juicio oral. Esta duración permite a los jueces supervisar la participación de Chávez en las audiencias y garantizar la eficacia del proceso penal.
El Poder Judicial enfatizó que la medida es preventiva y cautelar, sin constituir una condena ni prejuzgar la responsabilidad de la ex ministra. Su objetivo principal es asegurar que el procedimiento se lleve a cabo sin obstáculos, evitando riesgos de fuga o de interferencia en la investigación.
Repercusiones políticas y sociales
La decisión del PJ ha generado debate en el ámbito político y mediático. La oposición y la ciudadanía siguen con atención el desarrollo del caso, ya que involucra a una figura política de alto perfil y está directamente relacionada con uno de los episodios más críticos de la historia reciente del Perú: el intento de golpe de Estado de 2022.
Analistas señalan que medidas como el impedimento de salida buscan fortalecer la confianza en el sistema judicial y asegurar que todos los acusados de delitos graves enfrenten los procesos legales correspondientes. Además, la resolución puede sentar un precedente sobre la aplicación de medidas cautelares a funcionarios de alto rango durante juicios por delitos complejos.
Próximos pasos en el juicio
Con el juicio oral en marcha, se espera que las audiencias continúen durante los próximos meses, con la participación de la ex primera ministra y los testigos convocados por la Fiscalía. La medida de impedimento de salida asegura que Chávez permanezca en el país, permitiendo al tribunal garantizar la presencia de todos los actores necesarios para la resolución del caso.
El Ministerio Público continuará recopilando evidencias y testimonios que permitan sustentar la acusación por rebelión, mientras la defensa de la ex premier tendrá la oportunidad de presentar pruebas y argumentos para cuestionar las imputaciones.
