El Poder Judicial evalúa este miércoles 13 de agosto desde las 9:00 a.m. una nueva audiencia clave en el proceso penal contra el expresidente Martín Vizcarra, investigado por presunto cohecho pasivo propio en dos emblemáticas obras públicas durante su gestión como gobernador regional de Moquegua: Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua.
El caso ha generado gran expectativa mediática y política, al tratarse del posible ingreso de Vizcarra al penal de Barbadillo, donde ya cumplen prisión otros expresidentes como Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Castillo.
¿Por qué se le acusa a Martín Vizcarra?
Según la investigación del fiscal Germán Juárez Atoche, el exmandatario habría recibido aproximadamente S/ 2,3 millones en sobornos por parte de las empresas ICCGSA y Obrainsa, consorcios encargados de ejecutar ambos megaproyectos en la región Moquegua.
El Ministerio Público sostiene que los pagos fueron entregados a cambio de la adjudicación y favorecimiento en los procesos contractuales cuando Vizcarra se desempeñaba como gobernador regional de Moquegua entre 2011 y 2014.
Ambas constructoras han reconocido los sobornos mediante acuerdos de colaboración eficaz firmados con el Equipo Especial Lava Jato, lo que ha reforzado la posición del Ministerio Público para solicitar prisión preventiva como medida cautelar.
¿Qué dice la defensa de Vizcarra?
Martín Vizcarra se presentó personalmente a la sede judicial, pese a que la normativa le permitía asistir de forma virtual. Al salir de la audiencia anterior, suspendida el 8 de agosto, declaró:
“Mi presencia no es obligatoria, pero siempre doy la cara a la justicia. Sé que tenemos la razón y que el juez rechazará el pedido con objetividad”, afirmó ante los medios.
Además, negó rotundamente haber cometido actos ilícitos y acusó al Ministerio Público de actuar con sesgo político, según declaraciones de su abogado.
¿Puede el juez ordenar prisión preventiva?
Sí. La audiencia está a cargo del juez Jorge Chávez Tamariz, quien evaluará los elementos presentados por la Fiscalía para sustentar el pedido de 18 meses de prisión preventiva.
Entre los argumentos clave del fiscal Juárez Atoche se encuentra la presunta obstrucción de la justicia y peligro de fuga, especialmente debido a los frecuentes viajes del expresidente por el país, incluido su reciente desplazamiento a la isla Santa Rosa, en Loreto, en medio del conflicto diplomático con Colombia.
Para la Fiscalía, estos movimientos demuestran que Vizcarra podría eludir la acción de la justicia, a pesar de que él insiste en que lo hace en calidad de ciudadano, no como militante político.
La escena política: entre la defensa de la soberanía y la presión judicial
El viaje de Vizcarra a la isla Santa Rosa, donde hizo declaraciones públicas en defensa de la soberanía territorial, fue utilizado por la Fiscalía para reforzar la hipótesis de riesgo de fuga. El exmandatario se defendió argumentando que “no debemos caer en el juego”, en referencia al contexto de tensión con Colombia.
No obstante, la coincidencia de este desplazamiento con una audiencia judicial reprogramada genera controversia y ha polarizado aún más la opinión pública.
¿Qué está en juego?
De confirmarse el pedido fiscal, Martín Vizcarra podría ser internado en el penal de Barbadillo, sumándose a la lista de expresidentes procesados por corrupción. Cabe recordar que el exmandatario ya fue inhabilitado por el Congreso para ejercer cargos públicos por 10 años, en el marco del escándalo de vacunación irregular conocido como Vacunagate.
El país podría ver, una vez más, cómo una figura presidencial enfrenta prisión preventiva mientras sostiene su inocencia públicamente.
¿Qué viene ahora?
La resolución del juez Chávez Tamariz podría conocerse en las próximas horas o días, dependiendo del desarrollo de la audiencia y de los alegatos de ambas partes. En caso de rechazar la prisión preventiva, Vizcarra continuará en libertad bajo comparecencia; si se aprueba, deberá ser trasladado inmediatamente a un penal.
