El caso ‘Los Waykis en la Sombra’ vuelve al centro del escenario judicial con un nuevo capítulo decisivo: el Poder Judicial revisará el próximo 6 de enero de 2026 el pedido de Nicanor Boluarte, hermano de la expresidenta Dina Boluarte, para que se archive la imputación por organización criminal dentro de la investigación preparatoria que enfrenta por presunto tráfico de influencias y cohecho activo genérico.
La audiencia, que se realizará de manera virtual desde las nueve de la mañana, estará a cargo del juez Richard Concepción Carhuancho, quien deberá pronunciarse nuevamente sobre la excepción de improcedencia de acción presentada por la defensa del investigado. Este trámite legal busca que el magistrado descarte la imputación más grave del caso y cierre definitivamente ese extremo de la investigación.
Defensa insiste en que no existe organización criminal
La estrategia legal de la defensa sostiene que el caso no cumple con los parámetros legales establecidos en la Ley 32108, la cual modificó el Código Penal, el Código Procesal Penal y la Ley contra el Crimen Organizado para precisar qué constituye una estructura criminal.
Según los abogados de Boluarte, los hechos imputados por el Ministerio Público “no alcanzarían el estándar mínimo” que exige la norma para imputar el delito de organización criminal. Entre sus argumentos señalan que:
- No existiría una estructura jerárquica compleja.
- Los presuntos “delitos fines” no superan los seis años de pena privativa de libertad, como exige el tipo penal.
- Las acciones atribuidas tendrían un alcance limitado, sin permanencia operativa.
Este planteamiento apunta a responder una pregunta que será crucial en la audiencia:
¿La Fiscalía ha acreditado suficientemente la existencia de un grupo criminal organizado o solo hay actos individuales presuntamente ilícitos?
Fiscalía y Procuraduría expondrán oposición al pedido
El juez Concepción Carhuancho también escuchará los argumentos del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder, que sostiene la acusación, y de la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción, que actúa como parte agraviada en representación del Estado.
Para el Ministerio Público, la imputación sí responde a la figura de organización criminal porque, según su tesis, existió una articulación orientada a obtener beneficios indebidos a cambio de gestiones vinculadas a nombramientos, influencias y designaciones dentro del aparato estatal.
La pregunta en discusión es:
¿Se trató de una red con roles definidos, continuidad y una finalidad delictiva clara, o simplemente de actos aislados?
La respuesta que adopte el juez marcará el futuro procesal de uno de los casos más sensibles asociados al entorno de la expresidenta Boluarte.
Sala de Apelaciones obligó a emitir un nuevo pronunciamiento
Esta nueva evaluación no surge de manera espontánea: responde a un mandato superior. El pasado 5 de noviembre, la Quinta Sala Penal de Apelaciones Nacional anuló la resolución del 31 de julio en la que el propio Concepción Carhuancho había declarado infundada la excepción de improcedencia presentada por la defensa de Nicanor Boluarte.
La Sala consideró que dicho pronunciamiento no cumplió con los criterios de motivación suficientes y ordenó emitir una nueva resolución debidamente fundamentada, lo que obliga ahora al juez a volver a analizar el pedido desde cero.
Esto abre un escenario procesal clave:
¿Se reafirmará la tesis fiscal o el juez acogerá los cuestionamientos legales sobre la tipificación de organización criminal?
Otros delitos que enfrenta Nicanor Boluarte
Más allá del cargo por organización criminal, Nicanor Boluarte también afronta investigaciones por los presuntos delitos de:
- Cohecho activo genérico
- Tráfico de influencias
La Fiscalía sostiene que el hermano de la expresidenta habría intervenido indebidamente en gestiones vinculadas a designaciones públicas y favores de funcionarios, lo cual forma parte del eje central del caso ‘Los Waykis en la Sombra’.
Si bien estos delitos se mantienen vigentes en la investigación, la imputación por organización criminal es la más grave por la pena asociada y por el impacto político y judicial que implica.
Implicancias políticas y judiciales del fallo
La audiencia del 6 de enero no solo tiene un impacto jurídico: también podría reconfigurar el tablero político hacia el año electoral 2026. Las investigaciones contra figuras cercanas al gobierno de transición de Dina Boluarte han generado un clima de tensión permanente entre instituciones, y el avance del caso Waykis es seguido de cerca por diversos sectores.
En ese sentido, la decisión del juez puede responder a preguntas clave como:
- ¿Se fortalecerá la tesis fiscal sobre una red criminal en el entorno presidencial?
- ¿O se debilitará significativamente el caso si se archiva el delito más grave?
El fallo, que se conocerá en los días posteriores a la audiencia, será determinante para el futuro procesal de Boluarte y para la narrativa política en torno a las investigaciones por corrupción en el poder.
Expectativa de cara a enero
Con el mandato de la Sala y la presión de la opinión pública, la audiencia se perfila como un punto de inflexión. Si la excepción es declarada fundada, el delito de organización criminal quedaría fuera del proceso. Si es declarada infundada, la Fiscalía seguirá adelante con su acusación en los tres delitos imputados.
Lo que está claro es que el caso Waykis seguirá ocupando titulares. El 2026 empieza con una jornada crucial que podría redefinir la ruta judicial del hermano de la expresidenta.