La captura de Carlos Fernando Sánchez y Yhon Amia, dos ciudadanos colombianos, desató este martes una ola de declaraciones cruzadas entre Lima y Bogotá. El hecho ocurrió en Santa Rosa, una pequeña isla en la región Loreto ubicada en la frontera tripartita entre Perú, Colombia y Brasil, y terminó con una fuerte acusación del presidente Gustavo Petro, quien calificó la detención como “ilegal” y la describió como “un secuestro”.
La controversia se encendió cuando Petro, a través de su cuenta oficial en X (antes Twitter), afirmó que “Colombia considera que la isla de Santa Rosa no ha sido adjudicada de acuerdo al Protocolo de Río de Janeiro”, en alusión al tratado de 1942 que definió los límites entre ambos países. La declaración reaviva una discusión que parecía resuelta hace más de ocho décadas.
¿Por qué fueron detenidos?
De acuerdo con la Policía Nacional del Perú (PNP), los dos ciudadanos colombianos fueron intervenidos el martes por la mañana mientras realizaban trabajos de topografía en el puerto de Santa Rosa. Usaban equipos satelitales para medir terrenos, sin haber solicitado autorización oficial para ingresar al territorio peruano ni operar aparatos especializados.
Durante la operación, las autoridades incautaron un GPS satelital y un yate, los cuales quedaron bajo custodia. Tanto Sánchez como Amia permanecen en la comisaría de Santa Rosa, a la espera de que llegue un representante del Ministerio Público y de que se les asigne un abogado, ya sea particular o de oficio.
El trasfondo de la acusación de Petro
El señalamiento del mandatario colombiano no solo cuestiona el procedimiento policial, sino que también pone en duda la soberanía peruana sobre Santa Rosa. Aunque el Protocolo de Río de Janeiro de 1942 fue firmado y ratificado por ambos países, Petro sostiene que no existe una adjudicación definitiva del territorio.
Históricamente, Santa Rosa ha estado bajo administración peruana, sirviendo como puesto de control fronterizo y base de operaciones de las Fuerzas Armadas y la PNP en la zona. Sin embargo, la geografía fluvial del Amazonas, con sus islas cambiantes y cauces móviles, ha alimentado discusiones puntuales sobre los límites.
Refuerzo militar en la frontera
Tras el incidente, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Perú ordenó reforzar el patrullaje en la zona limítrofe con Colombia y Brasil. Se incrementó la presencia de marinos y efectivos del Ejército en el río Amazonas, con el objetivo de garantizar el control territorial y evitar incidentes similares.
En paralelo, la Cancillería peruana evalúa emitir un pronunciamiento oficial en respuesta a las declaraciones de Petro. Fuentes diplomáticas señalan que este impasse podría escalar si no se canaliza por la vía del diálogo bilateral.
Una pregunta clave: diplomacia o escalada
El incidente plantea una interrogante central:
¿Estamos ante un conflicto diplomático mayor o se resolverá como un episodio aislado?
Analistas en política internacional advierten que la declaración de Petro llega en un momento de tensiones regionales, donde los discursos nacionalistas pueden calar hondo. Para algunos, el mandatario colombiano estaría usando el caso para reforzar una narrativa interna de defensa de la soberanía.
Reacciones en ambos países
En Colombia, la postura de Petro fue respaldada por sectores oficialistas, que exigen la liberación inmediata de los detenidos. Sin embargo, voces críticas dentro del país le piden manejar el caso con prudencia y respeto a los acuerdos internacionales.
En Perú, la opinión pública se divide entre quienes exigen firmeza frente a lo que consideran una intromisión, y quienes advierten que un manejo diplomático adecuado es clave para evitar una crisis mayor en la triple frontera.
Santa Rosa: un punto estratégico
La isla de Santa Rosa es el último puerto peruano antes de Leticia (Colombia) y Tabatinga (Brasil). Aunque es pequeña y de población reducida, su ubicación estratégica la convierte en un punto clave para el comercio fluvial, el control migratorio y la seguridad en la Amazonía.
En los últimos años, la zona ha sido escenario de operativos contra narcotráfico, contrabando y trata de personas, por lo que las autoridades mantienen una presencia constante. La detención de los topógrafos se enmarca en este contexto de alta vigilancia.
Lo que viene
El proceso legal contra los dos ciudadanos colombianos seguirá su curso en el Perú, aunque no se descarta que intervengan canales diplomáticos para buscar una solución rápida. Todo dependerá de si Bogotá y Lima optan por enfriar el discurso o por mantener el pulso político.
De momento, Santa Rosa vuelve a ser un nombre que resuena no solo en Loreto, sino en las cancillerías de ambos países.
