En un pronunciamiento reciente, el Ministro de Relaciones Exteriores, Elmer Schialer, respaldó la postura del Ministerio de Justicia del Perú, que rechazó la solicitud de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) de suspender el trámite del Proyecto de Ley N.º 7549/2023-CR. Este proyecto propone una amnistía para los miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú (PNP) y los comités de autodefensa, por su participación en las operaciones contra el terrorismo entre 1980 y 2000.
El rechazo peruano al pedido de la Corte IDH
La Corte IDH, con fecha del 24 de julio, solicitó al Estado peruano suspender inmediatamente el trámite de este proyecto de ley, alegando que la medida podría afectar el derecho a la justicia de las víctimas en los casos Barrios Altos y La Cantuta, cuyas sentencias han sido declaradas firmes en contra del Estado peruano por violaciones a los derechos humanos. Esta solicitud de la Corte IDH ha generado una fuerte reacción por parte del gobierno peruano, que considera que la intervención del organismo internacional en este asunto vulnera su soberanía y afecta el principio de subsidiariedad.
El Ministro Elmer Schialer dejó en claro que el proyecto de ley aún está en debate en el Congreso de la República, por lo que no ha sido aprobado ni promulgado como ley. En sus declaraciones, Schialer expresó: “Ni siquiera es ley y ya están exigiendo una posición. ¿La Corte Interamericana es un gobierno supranacional?”. Además, enfatizó que el Estado peruano no puede aceptar una intervención en un proceso legislativo interno que aún no ha sido resuelto.
El comunicado del Ministerio de Justicia del Perú
A través de un comunicado oficial, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Perú rechazó enérgicamente la resolución emitida por la Corte IDH, afirmando que esta intervención excede las funciones del organismo internacional. El pronunciamiento oficial señala que el tribunal interamericano no tiene competencia para dictar medidas sobre un asunto legislativo que aún se encuentra en proceso dentro del país.
El comunicado también subraya que el principio de subsidiariedad del sistema interamericano establece que los derechos humanos deben ser protegidos primariamente por los Estados, y que el tribunal internacional no puede sustituir a las autoridades nacionales ni imponer medidas sobre cuestiones que no se han resuelto dentro del marco interno del país.
La participación de Perú en la audiencia del 21 de agosto
A pesar del rechazo a la solicitud de la Corte IDH, el gobierno peruano ha confirmado su participación en la audiencia convocada para el 21 de agosto de 2025, en la cual se presentarán los argumentos jurídicos y fácticos que sustentan la postura del Estado peruano en relación con el proyecto de ley. La audiencia será clave para evaluar el alcance del Proyecto de Ley N.º 7549/2023-CR, y para exponer las posiciones tanto del Estado peruano como de la Corte IDH respecto a la aplicación de medidas cautelares.
En la audiencia, Perú podrá presentar su defensa y argumentar que la amnistía propuesta en el proyecto de ley no vulnera los derechos humanos, tal como lo afirma la Corte IDH. El gobierno sostiene que este proyecto de ley es necesario para garantizar una reconciliación nacional después del largo conflicto armado interno y que, por lo tanto, no puede ser suspendido de manera arbitraria.
El Proyecto de Ley N.º 7549/2023-CR y sus implicancias
El Proyecto de Ley N.º 7549/2023-CR propone una amnistía para los miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú (PNP) y los comités de autodefensa que participaron en la lucha contra el terrorismo entre 1980 y 2000. Este periodo de violencia interna dejó miles de víctimas, y el proyecto de ley busca otorgar exoneración de responsabilidad penal a los miembros de las fuerzas de seguridad involucrados en enfrentamientos contra grupos terroristas como Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).
El objetivo principal del proyecto de ley es promover una reconciliación nacional, pero la Corte IDH ha expresado que este tipo de medidas podría afectar el derecho a la justicia de las víctimas de los casos Barrios Altos y La Cantuta, cuyas sentencias han determinado que el Estado peruano incurrió en violaciones graves a los derechos humanos.
El contexto de los casos Barrios Altos y La Cantuta
Los casos de Barrios Altos y La Cantuta están entre los más emblemáticos de violaciones a los derechos humanos durante la época del terrorismo en Perú. En el caso Barrios Altos, miembros del Grupo Colina, un escuadrón de la muerte vinculado a las Fuerzas Armadas, ejecutaron a 15 personas, entre ellas un niño, en 1991. En el caso La Cantuta, en 1992, 9 estudiantes y un profesor fueron secuestrados, torturados y asesinados también por el Grupo Colina.
Ambos casos tienen sentencias firmes de violación a los derechos humanos, y las víctimas siguen exigiendo justicia. La Corte IDH considera que el otorgamiento de una amnistía podría obstaculizar el derecho de las víctimas a obtener reparación y justicia.
La controversia entre soberanía nacional y justicia internacional
Este caso ha generado un debate sobre el equilibrio entre la soberanía nacional y las obligaciones internacionales del Perú en el marco de los derechos humanos. Si bien Perú reafirma su compromiso con las obligaciones internacionales, considera que los tribunales internacionales no deben interferir en procesos internos que aún están siendo debatidos y resueltos dentro de su sistema judicial y legislativo.
