El Gobierno del Perú rechazó de manera contundente la resolución emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) el pasado 3 de septiembre de 2025, en el marco de la supervisión de cumplimiento de las sentencias sobre los casos Barrios Altos y La Cantuta. En un pronunciamiento oficial, el Ejecutivo calificó de “inaceptable” la decisión del tribunal y anunció que evalúa su permanencia en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
¿Qué resolvió la Corte IDH?
La Corte IDH, con sede en Costa Rica, emitió una resolución para supervisar el cumplimiento de las sentencias en los casos Barrios Altos y La Cantuta, dos de las violaciones más graves a los derechos humanos registradas durante el régimen de Alberto Fujimori.
En el pronunciamiento, el tribunal recordó al Estado peruano su obligación internacional de garantizar justicia para las víctimas y reiteró que las sentencias emitidas en 2001 y 2006 deben ser cumplidas de forma plena y sin interferencias.
La reacción del Gobierno peruano no se hizo esperar. Para el Ejecutivo, la Corte IDH estaría extralimitando sus funciones al intervenir en decisiones que, según sostiene, corresponden exclusivamente a la jurisdicción interna.
El argumento del Gobierno peruano
En un comunicado oficial, el Estado sostuvo que la resolución es “inaceptable” porque vulneraría el principio de subsidiariedad establecido en la Convención Americana de Derechos Humanos.
“El Sistema Interamericano de Derechos Humanos tiene un carácter subsidiario, coadyuvante o complementario. No puede intervenir mientras no se haya agotado la jurisdicción interna”, señala el texto.
Además, el Gobierno recordó que el Perú es un país soberano y democrático que ha mantenido un “firme y decidido compromiso” con la defensa de los derechos humanos. Sin embargo, considera que la reciente decisión de la Corte IDH invade competencias nacionales.
Barrios Altos y La Cantuta: ¿por qué son casos emblemáticos?
Los casos Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992) corresponden a ejecuciones extrajudiciales cometidas por el grupo paramilitar Colina durante el gobierno de Alberto Fujimori. La Corte IDH declaró en sus sentencias que estos crímenes constituyen violaciones graves a los derechos humanos y ordenó al Perú investigar, sancionar y reparar a las víctimas y sus familiares.
La resolución del 3 de septiembre busca verificar que el Estado cumpla plenamente con dichas obligaciones. No obstante, el Ejecutivo interpreta esta medida como una injerencia indebida que desconoce la autonomía del sistema judicial peruano.
¿Está en riesgo la permanencia del Perú en la Corte IDH?
Uno de los puntos más polémicos del pronunciamiento oficial es que el Gobierno anunció que evaluará su permanencia en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
“El Perú seguirá evaluando su permanencia en el Sistema Interamericano, así como la necesidad de promover una revisión de las normas sustantivas y procesales que regulan la actuación de sus órganos”, precisa el comunicado.
Esta postura genera un debate interno: ¿es conveniente que el Perú abandone la Corte IDH? Mientras algunos sectores del Congreso respaldan la medida en nombre de la soberanía nacional, organismos internacionales y colectivos de derechos humanos advierten que un eventual retiro podría debilitar la protección de los ciudadanos frente a posibles abusos del Estado.
El trasfondo histórico: terrorismo y justicia
El Ejecutivo justificó su posición recordando los años de violencia terrorista que sufrió el país entre las décadas de 1980 y 1990. Según el comunicado, el Estado enfrentó organizaciones que “pretendían subvertir el orden democrático” y cuyos actos “generaron un profundo sufrimiento en la población”.
Sin embargo, especialistas subrayan que la supervisión de la Corte IDH no cuestiona la lucha del Estado contra el terrorismo, sino que exige que, en ese contexto, se respeten los derechos humanos y se sancione a los responsables de ejecuciones ilegales.
¿Qué consecuencias puede traer esta confrontación?
La posición del Gobierno podría tener repercusiones diplomáticas y legales. Algunos escenarios posibles incluyen:
- Debilitamiento de la protección internacional de los derechos humanos en el Perú.
- Conflictos políticos internos, ya que organizaciones de víctimas y ONGs podrían acudir a la Corte IDH para denunciar desacato.
- Presión internacional de organismos multilaterales que exigen el cumplimiento de las sentencias.
- Polarización política en el país, con sectores que respaldan la “defensa de la soberanía” y otros que defienden la permanencia en el sistema interamericano.
