El presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, advirtió que la persistencia de protestas contra proyectos mineros en el Perú podría terminar favoreciendo directamente a Bolivia y Chile, países que compiten con el Perú en la captación de inversión minera internacional. Según sostuvo, la paralización o frustración de iniciativas emblemáticas como Tía María, en Arequipa, enviaría una señal negativa a los mercados y a los inversionistas extranjeros, con efectos de largo plazo sobre el crecimiento económico nacional.
Las declaraciones fueron realizadas durante un encuentro con la Asociación de Prensa Extranjera en el Perú (APEP), donde el jefe del Gabinete Ministerial defendió la necesidad de garantizar condiciones de estabilidad para el desarrollo de la minería formal, considerada uno de los pilares de la economía peruana.
Tía María como mensaje clave para los inversionistas
Durante su intervención, Álvarez señaló que el proyecto Tía María, desarrollado por Southern Perú —filial del Grupo México—, representa una prueba decisiva para medir la capacidad del Estado peruano de sostener inversiones estratégicas frente a la conflictividad social.
“El día que Tía María inicie operaciones y logre desarrollarse sin mayores problemas, será una señal muy potente para los inversionistas extranjeros”, afirmó el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).
En contraste, advirtió que si el proyecto continúa enfrentando bloqueos y protestas impulsadas por grupos organizados, el mensaje hacia el exterior será que el Perú no ofrece condiciones adecuadas para invertir. En ese escenario, países vecinos como Bolivia y Chile podrían verse directamente beneficiados al captar capitales que, en otras circunstancias, habrían llegado al territorio peruano.
ONG, financiamiento extranjero y críticas a la gran minería
Álvarez cuestionó el rol que cumplen algunas organizaciones no gubernamentales (ONG) en los conflictos mineros, señalando que muchas de ellas cuentan con financiamiento extranjero y mantienen una posición abiertamente crítica contra la gran minería formal.
“Hemos visto con nitidez que muchas ONG no tienen ninguna preocupación por la minería ilegal, que contamina de manera radical y extrema, pero son muy activas para atacar a la gran minería formal, que cumple estándares nacionales e internacionales de cuidado ambiental”, sostuvo.
El jefe del Gabinete remarcó que, a diferencia de la minería ilegal, los proyectos formales operan bajo estrictos controles ambientales, generan empleo formal, pagan impuestos y contribuyen al desarrollo regional mediante canon y regalías.
Inversión minera y impacto económico
Southern Perú confirmó en noviembre el inicio de obras de Tía María, con una inversión estimada de 200 millones de dólares en 2025 y 900 millones de dólares en 2026. El proyecto ha enfrentado más de 15 años de protestas sociales, principalmente de sectores agrícolas del Valle del río Tambo, que expresan temores por el impacto ambiental.
Para el Ejecutivo, la puesta en marcha de esta iniciativa no solo es relevante a nivel local, sino que tiene un impacto estratégico en la imagen del Perú como destino minero confiable, en un contexto de alta competencia regional por atraer inversiones vinculadas a la transición energética y la demanda global de cobre.
“No podemos repetir lo ocurrido con Conga”
En otro momento de su exposición, Ernesto Álvarez recordó el caso del proyecto Conga, en Cajamarca, suspendido en 2012 tras intensas protestas sociales. Según afirmó, esa paralización terminó generando un escenario adverso que fue aprovechado por la minería ilegal.
“No podemos dejar que suceda lo de Conga. Proyectos suspendidos terminan siendo parcialmente explotados por la minería ilegal”, alertó.
Para el premier, Tía María es un proyecto emblemático cuya paralización tendría consecuencias negativas no solo económicas, sino también en términos de orden territorial y control del Estado, al dejar espacios que luego son ocupados por actividades ilícitas.
Brechas estructurales y necesidad de nuevas inversiones
Álvarez enfatizó que la ausencia de nuevas inversiones mineras es “sumamente grave” para el país, debido a las amplias brechas en infraestructura, tecnología y educación que aún enfrenta el Perú.
“La inversión privada, y particularmente la minera, es fundamental para cerrar brechas históricas en regiones que han sido postergadas durante décadas”, señaló.
En ese sentido, insistió en que el desafío del Estado no es solo atraer capitales, sino también garantizar que estos se traduzcan en desarrollo sostenible, empleo y mejores servicios públicos para la población.
Minería ilegal y límites del Reinfo
El jefe del Gabinete también abordó la problemática de la minería ilegal, a la que calificó como uno de los principales desafíos del país en términos ambientales, sociales y de seguridad. En ese contexto, consideró que el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) no ha cumplido sus objetivos.
“El Reinfo no ha funcionado. Los requisitos son demasiado altos y costosos para los pequeños mineros”, afirmó.
Álvarez planteó la necesidad de reformular la normativa vigente y adaptar la legislación para promover una formalización real, que permita reducir los efectos asociados a la minería ilegal, como los delitos ambientales, la trata de personas y la presencia de bandas criminales en zonas de extracción.
Mensaje político y económico
Las declaraciones del titular de la PCM reflejan una posición clara del Ejecutivo a favor de la minería formal como motor de crecimiento, en un contexto en el que el país enfrenta tensiones sociales, presiones políticas y una competencia regional cada vez más intensa.
Para el Gobierno, permitir que proyectos estratégicos sigan siendo paralizados no solo debilita la economía nacional, sino que abre la puerta para que otros países de la región ganen terreno en la captación de inversiones clave para el desarrollo.