La congresista Patricia Juárez salió públicamente a justificar su voto a favor de la nueva ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), luego de semanas de cuestionamientos por el giro respecto a su postura anterior. En octubre, la parlamentaria había advertido que extender el proceso sería un “retroceso grave”; sin embargo, ahora afirma que la aprobación del dictamen se dio bajo una versión modificada que eliminó lo que ella calificó como “riesgos críticos”, especialmente el retorno automático de los más de 50 mil registros excluidos.
En entrevista con Canal N, Juárez negó tajantemente que la norma aprobada represente un aval a la minería ilegal, como sostienen organizaciones ambientales, especialistas y sectores de la oposición. Por el contrario, aseguró que su bancada introdujo cambios esenciales para evitar que operaciones ilícitas vuelvan a obtener cobertura administrativa bajo el sistema de formalización.
Cambios al dictamen del Reinfo: el argumento central de Juárez
La legisladora detalló que el dictamen inicial planteaba extender el Reinfo hasta 2029 y permitir el reingreso automático de todos los excluidos del registro. Según Juárez, ese escenario hubiese significado revivir miles de expedientes sin sustento técnico ni verificación estatal. “Hemos señalado que el Ministerio de Energía y Minas deberá definir criterios técnicos en 60 días, y verificar efectivamente la actividad minera”, sostuvo.
La congresista afirmó que, de los más de 50 mil registros eliminados, al menos 45 mil no realizan actividad minera y no podrían volver bajo los nuevos parámetros. Esa cifra —reiteró— demuestra que no existe ningún intento de favorecer estructuras irregulares. “No hay ánimo de protección a la minería ilegal”, señaló, insistiendo en que la ampliación evita que miles de trabajadores informales queden en un limbo legal.
Un giro en su postura: ¿cambio de opinión o cambio de texto?
El 25 de octubre, Juárez advertía públicamente que aprobar una quinta ampliación del Reinfo significaba un retroceso serio. Frente a las críticas por un presunto cambio de postura, la parlamentaria enfatizó que no ha variado su posición de fondo, sino que el proyecto aprobado difiere radicalmente del texto original.
Según dijo, su intervención frenó una propuesta “mucho más amplia y permisiva” que hubiera reactivado automáticamente miles de registros eliminados por incumplimiento. Para la legisladora, lo votado finalmente es un “mal menor” frente a un problema que el Estado no ha sido capaz de resolver en dos décadas.
Juárez remarcó que, si la ampliación no se aprobaba, “miles de personas hubieran pasado automáticamente a la ilegalidad”, lo cual habría generado un problema social aún más complejo en regiones dependientes de la minería artesanal y de pequeña escala.
Respuesta a críticas y deslinde con redes ilegales
Organizaciones ambientales y analistas sostienen que la ampliación del Reinfo favorece la impunidad, pues permite que mineros informales —muchos vinculados a operaciones ilícitas— mantengan actividad sin cumplir exigencias ambientales. Frente a ello, Juárez fue categórica: “Fuerza Popular no tiene mineros ilegales ni intereses ocultos”.
La parlamentaria responsabilizó también al Ejecutivo por la falta de una propuesta integral para la Minería Artesanal y de Pequeña Escala (MAPE), señalando que el Ministerio de Energía y Minas ha actuado “de espaldas” a la problemática. Según afirmó, el Congreso no puede resolver solo un problema estructural que requiere presencia sostenida del Estado en zonas críticas.
Lo que viene para el proceso de formalización minera
El nuevo marco legal otorga al Ejecutivo un plazo de 60 días para definir lineamientos técnicos que permitan filtrar los expedientes que podrían evaluarse. Para Juárez, esta fase será decisiva para determinar si el Gobierno “tiene verdadera voluntad” de distinguir entre minería informal en proceso de formalización y estructuras criminales asociadas a la explotación ilegal de oro.
En paralelo, continúa la presión de quienes exigen cerrar definitivamente el Reinfo y reemplazarlo por un sistema más estricto. La tensión en regiones productoras sugiere que el debate está lejos de concluir.
Juárez también apunta contra el Congreso: crítica por votación sobre Betssy Chávez
Durante su pronunciamiento, Juárez abordó también la fallida votación para inhabilitar por 10 años a Betssy Chávez, señalando que la ausencia de varios parlamentarios evitó alcanzar los 67 votos necesarios. “Solo faltaron seis votos”, dijo, y consideró que la sesión presencial podría revertir el resultado.
Asimismo, acusó a sectores de izquierda de “blindar políticamente” a quienes, según dijo, participaron en el intento de golpe del 7 de diciembre de 2022. Para la parlamentaria, se trata de hechos “documentados y judicializados”, no de interpretaciones políticas.
Niega cobros internos en Fuerza Popular
En otro punto, Juárez rechazó versiones que indican que Fuerza Popular estaría cobrando montos a precandidatos para postular en las elecciones de 2026. “Jamás me pidieron un centavo cuando fui candidata a la vicepresidencia o al Congreso”, aseguró.
Sin embargo, admitió que cada candidato financia su campaña de manera individual y que, por el historial del partido, será difícil captar financiamiento privado. “Nos han estigmatizado”, dijo, aunque aseguró que la organización política seguirá adelante pese a ese escenario.